La tragedia de Murcia ha aireado la situación de descontrol que se vive en la hostelería nocturna española. El incendio registrado en las discotecas del polígono de las Atalayas, una conocida zona de ocio y entretenimiento, deja al menos 13 muertos y 24 heridos, un precio demasiado caro por un suceso que apunta a presunta negligencia. Al menos dos de los locales, Teatre y Fonda Milagros, carecían de licencia municipal, según informa el propio Ayuntamiento murciano. Por si fuera poco, sobre ambos establecimientos pesaba una orden de cese de actividad desde el año 2022. La investigación policial aclarará las causas de un suceso que quizá se podría haber evitado de haberse cumplido la normativa vigente, pero mientras tanto, más de uno a esta hora teme que se le pueda caer el pelo.
Sobrecoge escuchar a esa joven víctima del infierno del Teatre que, consciente de que estaba viviendo sus últimos momentos, envió un desesperado mensaje de voz a su madre para decirle: me voy a morir, mami, la amo. ¿Pero dónde demonios ha estado la inspección encargada del deber de vigilancia durante todo este tiempo? ¿Cómo puede ser que la Policía Local no haya detectado que esos locales estaban funcionando sin la documentación en regla? Son demasiadas preguntas que nos llevan a sospechar que alguien ha cometido errores de bulto con un tremendo coste en vidas humanas. Y sobre todo indigna tener que escuchar cómo responsables municipales aseguran sin pudor, y con todo el descaro del mundo, que resulta “imposible” detectar las actividades clandestinas de este tipo de negocios. ¿Pero cómo va a ser imposible garantizar que se cumpla la ley? Hablamos de locales con potentes carteles luminosos en la fachada (no de garitos clandestinos a los que se entra por la puerta de atrás); de salas de fiesta con largas colas de clientes entrando y saliendo cada fin de semana; de discotecas que se anunciaban en redes sociales, en internet y otros canales, de tal manera que media Murcia conocía su existencia.
Ahora que 13 personas han perdido la vida por la picaresca de algunos y la ineptitud de otros, las grandes ciudades de este país anuncian que reforzarán los mecanismos de inspección para evitar calamidades como la ocurrida este fin de semana. Una vez más, ha tenido que ocurrir una desgracia para se tomen medidas. España es ese país que funciona a toro pasado. Aquí los gobernantes caen en la desidia sin que hagan su trabajo; los comerciantes van a la ganancia fácil y rápida; las leyes rara vez se respetan. ¿Cuántos locales de ocio estarán funcionando sin licencia en este país? Si lo supiéramos de verdad nos llevaríamos las manos a la cabeza. Salimos de fiesta los fines de semana sin reparar en que la muerte puede estar esperándonos a nuestro lado, en un taburete de la barra, para tomar la última. Entramos alegremente en pubs, locales y discotecas sin saber dónde nos metemos. Jugamos a una macabra tómbola que siempre toca. Muchos de estos lugares son auténticas ratoneras, trampas mortales de las que, en caso de incendio o derrumbe, pocos podrán escapar. Empezamos a sospechar con estupor que numerosos antros no están acondicionados con las más elementales medidas de seguridad. Sus propietarios meten a más gente de la permitida (el aforo máximo se lo pasan por el forro); las dimensiones del inmueble no son las establecidas por ley; las salidas de emergencia suelen estar bloqueadas y los sistemas antiincendios seguramente no se comprueban ni se someten a los pertinentes test de funcionamiento. Esto es España, ese país donde la fiesta de la caja registradora es lo único importante y donde nos jugamos la vida por el último cubata.
Si fuésemos conscientes de en qué manos estamos, no nos meteríamos en estos cuchitriles. Si supiéramos quiénes son realmente los piratas de la noche, no nos atreveríamos a poner el pie en los tugurios que regentan. Por no referirnos a la infame calidad de la bebida que la hostelería española suele servir al personal y de las drogas que se distribuyen impunemente en los aseos y reservados. Esa es otra historia de la que nadie habla. Probablemente el garrafón criminal que se sirve cada fin de semana en estos peligrosos abrevaderos esté matando, como el más potente matarratas, a más gente que el cáncer. En cuanto a las sustancias estupefacientes, hace tiempo que las autoridades hacen la vista gorda. Un auténtico problemón de salud pública ante el que nuestros concejales, de norte a sur, miran para otro lado. Ningún político se atreve a cerrar o clausurar estas leoneras porque eso cuesta votos y por ahí no. Ya se sabe que últimamente se impone esa concepción de la libertad consistente en que el Estado no se meta ni intervenga en nada para que las mafias de vampiros, crápulas y nocherniegos sin escrúpulos puedan seguir chupándonos la sangre y sacándonos el dinero a veinte eurazos la copa. ¿Cumplirán la normativa de seguridad las discotecas pijas para ricos o el pillaje de los bucaneros del ocio solo se practica en los locales de los extrarradios, en los crematorios para pobres, en los barrios marginales? Mucho nos tememos que estamos otra vez ante una cuestión de clases sociales.
El macabro siniestro de Murcia viene a demostrar que esto de abrir discotecas sin licencia es “más habitual de lo que se piensa”, según dicen los expertos. La Administración local es lenta o no dispone de los medios suficientes para perseguir a los infractores o simplemente está dirigida por necios, perezosos e incompetentes capaces de dormir tranquilos sabiendo que un incendio puede desatarse en cualquier momento. Y luego están esos empresarios sin escrúpulos que hacen caso omiso a las órdenes de cierre, que no invierten ni un solo euro en acondicionar sus locales, que prefieren caer en la fiebre del sábado noche, saltándose la ley, y pagar la multa que siempre llega tarde o no llega. Esto es la maldición de Alcalá 20 que vuelve una y otra vez. En España, la fiesta tiene un precio que nos hemos acostumbrado a pagar cada equis tiempo. Camarero, lo de siempre: otra ronda de cadáveres.