El sumario del Caso Montoro, al que Diario16+ ha tenido acceso en su integridad, ha sacado a la luz la compleja trama de presunta corrupción política y empresarial que habría influido directamente en la elaboración de leyes fiscales durante el mandato del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Los distintos informes de la policía judicial y de la propia Agencia Tributaria revelan que varios actores empresariales contrataron y pagado a la consultora Equipo Económico, vinculada al exministro y a antiguos altos cargos del Ministerio, con el objetivo de obtener modificaciones legislativas favorables para sus intereses.
Según consta en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, los correos electrónicos intervenidos apuntan a que los implicados habrían influido en la reforma del Reglamento de desarrollo de la Ley de Impuestos Especiales, especialmente en su artículo 98, así como en modificaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Estas reformas habrían beneficiado particularmente a las empresas del sector gasista.
Además, la documentación policial se hace eco de una denuncia anónima, fechada en marzo de 2017, que señalaba presuntas irregularidades en la contratación de empresas por parte de Equipo Económico para intervenir en decisiones gubernamentales que afectaban a sus cuentas de resultados. En concreto, la denuncia sugería que el objetivo era influir en el marco normativo mediante la introducción de leyes diseñadas a medida para favorecer intereses privados.
El papel de la consultora de Montoro
Los pagos a Equipo Económico, según se indica en el sumario, no respondían a una prestación de servicios de consultoría ordinaria, sino que habrían tenido como única finalidad "negociar e influir" ante el Ministerio de Hacienda para la obtención de reformas legislativas de favor. Es decir, una actividad que podría tipificarse como tráfico de influencias y corrupción en la función pública.
Los expedientes investigados detallan la participación directa de órganos del Ministerio de Hacienda en la elaboración de textos legales clave que introdujeron un beneficio fiscal del 85% en la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad y desarrollaron reglamentariamente dicho beneficio.
La revisión de los expedientes confirma que las decisiones legislativas se tomaron a partir de múltiples versiones y borradores de normas, intercambiados mediante correos electrónicos internos, acuerdos y documentos técnicos entre departamentos ministeriales, en un proceso opaco y de difícil trazabilidad.
Una maquinaria compleja y opaca
Los investigadores destacan la complejidad técnica y administrativa del proceso legislativo, que habría facilitado la introducción de reformas encubiertas a través de múltiples filtros burocráticos. La investigación apunta que dichas decisiones no fueron fruto de una política fiscal estructural, sino que respondieron a intereses particulares promovidos a través de presiones y pagos por parte de los beneficiarios.
El análisis técnico se centra ahora en la fase administrativa previa al trámite legislativo en las Cortes, donde se habrían gestado las decisiones clave. Esta etapa, menos visible para la opinión pública y con escasos controles externos, es crucial para entender cómo se introdujeron las modificaciones que acabaron beneficiando a empresas concretas.
Los informes policiales y los documentos incautados, a los que este medio ha tenido acceso, señalan un modus operandi sistemático: contratar a una consultora con fuertes conexiones políticas para obtener reformas normativas con un claro impacto económico.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el difuso límite entre asesoría y lobby, y entre lobby e influencia ilegal, en una España que aún no ha regulado plenamente la transparencia en la elaboración de leyes. Las revelaciones, de confirmarse, podrían suponer una de las mayores tramas de interferencia privada en el diseño de política fiscal en tiempos recientes.