Dos de cada tres inquilinos sometidos a alquileres excesivos o desorbitados se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión, según informes del sindicato Comisiones Obreras. En España hay 2,98 millones de personas que deben destinar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, de los que 2,05 millones se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
La vulnerabilidad socioeconómica (riesgo de pobreza, carencia material o baja intensidad laboral) triplica el riesgo de un inquilino/a de soportar un alquiler excesivo para sus ingresos. 3,2 millones de inquilinos/as en España (el 43% del total) pertenecen a hogares en riesgo de pobreza o exclusión social, de los que el 65% (2,05 millones de personas) destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, un esfuerzo insostenible dada su situación socioeconómica.
Entre la población que reside de alquiler y que no está en riesgo de pobreza o exclusión (4,2 millones) también hay una parte relevante (940 mil personas, el 22%) que destina un porcentaje excesivo de sus ingresos (más del 30%) al pago del alquiler.
Los alquileres excesivos son mayoritarios en País Vasco, Canarias, Madrid y Asturias. Dos de cada tres personas que residen de alquiler se concentra en cuatro comunidades: Cataluña (23%), Madrid (18%), Andalucía (13%) y Comunidad Valenciana (10%). El 41% de los inquilinos/as realiza un esfuerzo excesivo y destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, con grandes diferencias por comunidades.
Las comunidades autónomas con alquileres más caros
A su vez, la mayoría de inquilinos que soportan un excesivo esfuerzo para costearse el alquiler residen en el País Vasco (65%), Canarias (60%), Madrid (56%) y Asturias (53%). En Cataluña (39%), Andalucía (40%) y Baleares (41%) el porcentaje de población que realiza un sobreesfuerzo es similar a la media de España. Finalmente, en Extremadura (16%), Castilla y León (17%), Cantabria (20%), Aragón (21%) y Murcia (24%) es donde un menor porcentaje de inquilinos/as soportan un esfuerzo excesivo.
El 62% de los inquilinos pertenece a hogares que ingresan 26.000€ o menos al año. Los hogares con bajos ingresos tienen un mayor peso entre la población que reside de alquiler que en el conjunto de la población. La mayoría de las y los inquilinos deben hacer frente al pago del arrendamiento con ingresos inferiores a la media.
Un 26% de las personas que vive de alquiler pertenece a hogares que no superan los 14.000 euros anuales de ingresos frente al 16% del conjunto de la población; un 36% pertenece a hogares que ingresan más de 14.000 euros y hasta 26.000 euros, frente al 28% del conjunto; un 25% reside en hogares que ganan más de 26.000 euros y hasta 40.000 euros frente al 26% de la población; y un 13% de las personas que viven de alquiler residen en hogares que ganan más de 40.000 euros frente al 29% en el conjunto de la población.
Esta combinación de menores ingresos, mayor peso de los hogares con hijos a cargo y sobreesfuerzo para el pago de los alquileres explica que los niveles de riesgo de pobreza y exclusión social sean muy superiores entre la población que reside de alquiler y debe pagar alquileres inflados en un mercado ineficiente por la falta de intervención pública.
La vulnerabilidad es muy superior entre las inquilinas e inquilinos. El 43% de la población que vive de alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi el doble que en el conjunto de la población, donde el 25% está en riesgo de pobreza o exclusión social. De la población que reside de alquiler, el 38% está en riesgo de pobreza, el 12% tiene carencia material severa y el 9% vive en hogares con baja intensidad laboral.