El caso de los dos agentes del CNI implicados en la venta de información secreta y confidencial a Estados Unidos es una patata caliente para la Justicia española. Tras ser detectado el presunto soborno, el asunto derivó en una denuncia por parte del propio CNI a la Fiscalía, que a su vez judicializó el dosier y lo llevó a los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, en Madrid. Ahora bien, cabría preguntarse por qué el caso no ha terminado en un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional. La máxima importancia de las investigaciones y la posibilidad de que nos encontremos ante una trama organizada de venta de información a gran escala así lo aconsejaría. Hay un affaire que afecta a las relaciones diplomáticas España/Estados Unidos; hay cloacas del Estado; hay, en definitiva, un incidente que puede salpicar de lleno a la seguridad nacional de nuestro país.
Sin embargo, cuando todo parecía que la Audiencia Nacional se haría cargo del episodio, por la gravedad y la especial trascendencia, extrañamente el sumario cae en manos de una jueza de instrucción de Plaza Castilla. Es decir, en la jurisdicción ordinaria. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso todos quieren lavarse las manos ante un expediente que afecta a todos los españoles y que podría ser una bomba de relojería para cierto sector de la clase política?
Según la ley, los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional se encargan de investigar los delitos de terrorismo, contra la Corona, el narcotráfico a gran escala, los delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional, los cometidos por españoles en el extranjero, así como de las extradiciones y euroórdenes. El espionaje contra el país, en flagrante traición, a buen seguro tiene conexiones con alguno de los delitos recogidos en la ley que regula el funcionamiento de la Audiencia Nacional. Sorprendería bastante que la información filtrada a la CIA no tuviese algo que ver con el terrorismo, la monarquía, las mafias del contrabando, los grandes movimientos de capital en perjuicio de la economía o las actividades de españoles en el extranjero. ¿Por qué no indaga en esas conexiones un juez de los del escalafón superior de nuestra judicatura?
España ha vivido años oscuros durante los gobiernos del Partido Popular. El caso Kitchen y la creación de la llamada “policía patriótica”, puesta en marcha supuestamente para hacer seguimientos a líderes políticos de la oposición y la disidencia, han hecho saltar todas las alarmas. Últimamente el CNI está apareciendo demasiado en las portadas de los periódicos nacionales e internacionales y no para bien. Escándalos, negligencias, rumores de politización, grietas y fisuras en los controles y filtros, actividades poco acordes con el imperio de la ley... Alguien tendría que poner orden en nuestro espionaje, que muchas veces se rige como un territorio sin ley donde todo vale. Luz y taquígrafos hacen falta en La Casa. Se entiende que los servicios secretos necesitan moverse en un submundo de oscuridad y clandestinidad donde, para garantizar que se cumple con la misión de garantizar la seguridad nacional, se hace necesaria la máxima discreción. Pero si hay manzanas podridas, si hay funcionarios que se lucran haciendo las veces de agentes dobles para España y Estados Unidos, a cambio de dinero, hay que depurar y llegar hasta las últimas consecuencias.
Se sabe que la CIA y el CNI intercambian información de forma habitual. A menudo los norteamericanos nos ceden su sofisticada tecnología vía satélite, su inteligencia artificial inasequible para nosotros, con el fin de que podamos combatir al enemigo en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico. Pero el caso que nos ocupa va mucho más allá. Que haya agentes del CNI que se estén lucrando a costa de poner en juego la seguridad del país es algo extremadamente grave que exige una investigación policial y judicial al más alto nivel. Desde ese punto de vista, la Audiencia Nacional se antoja el órgano judicial competente para hacerse cargo de algo tan grande y tan gordo que excede con mucho las capacidades de un simple juzgado de los de Plaza de Castilla en Madrid. Estamos ante un caso que puede afectar a las relaciones bilaterales Madrid/Washington que exigiría movilizar todos los recursos disponibles. Lamentablemente, parece ser que aquí de lo que se trata es de echar tierra encima hasta que se olvide el asunto.
De los dos agentes españoles investigados uno de ellos ya está en libertad provisional a la espera del desarrollo de la investigación, pero el otro sigue preso, según informa El Confidencial. Las diligencias se instruyen “con la máxima reserva” pero ya han provocado una crisis con Estados Unidos, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que el escándalo no trascienda a los medios de comunicación.
Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto este lunes “toda la documentación y colaboración” que pueda aportar el Gobierno a disposición de la investigación sobre los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detenidos por una supuesta revelación de secretos por filtrar información reservada a EEUU, informa Efe.
“Lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial. Toda la documentación y colaboración que nosotros podamos aportar desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos”, ha señalado Bolaños tras participar en un Consejo de ministros de Justicia de la UE en Bruselas.