Dicho y hecho. Tal y como adelantó Diario 16, el concurso del agua de San Javier, en Murcia, no dejó margen alguno para la sorpresa y cumplió con todas las previsiones por retorcidas que pareciesen. Al final, la valoración que hizo la consultora Ingeagua otorgó la máxima puntuación posible a la oferta de Aqualia en la treintena de criterios evaluables, algo completamente inusual. Es muy difícil encontrar antecedentes de concursos en los que, concurriendo las empresas más potentes del sector, como es el caso, haya una que obtenga la máxima puntuación en todos y cada uno de los criterios técnicos evaluables.
En este caso, además, las ofertas económicas serán ya intrascendentes. Aunque hubiese algunas netamente superiores a la presentada por Aqualia resultaría imposible superar la diferencia que la consultora ya le ha concedido, de forma subjectiva, en la valoración técnica.
Así pues, a estas alturas y sin haberse abierto los sobres económicos, ya se conoce el resultado final del concurso, resuelto en base a juicios de valor y al margen de que pueda haber ofertas económicas más beneficiosas para el ayuntamiento y los ciudadanos.
Ingeagua, Aqualia y San Javier
La coincidencia Ingeagua con Aqualia en San Javier había decantado hacia esta última el cien por cien de las apuestas de quienes estuvieron esperando con máximo interés el desenlace del concurso, a la espera de si se cumplían los pronósticos. Efectivamente, ninguno de los observadores se equivocó y el pronóstico se cumplió al milímetro.
Lo ocurrido en San Javier ha puesto de nuevo en entredicho el papel de algunas consultoras a las que se le confía la resolución de unos concursos millonarios y que al final, en ocasiones, acaban convirtiéndose en juez y parte. Juez porque son contradas por los ayuntamientos para la elaboración de pliegos y valoración de ofertas; parte por los estrechos vínculos que mantienen con algunas de las operadoras que concurren a esos mismos concursos, como ocurre en el caso que nos ocupa.
Ingeagua
Ingeagua, que tiene su sede en un chalé de una urbanización de Málaga, es una pyme con 6 trabajadores fijos y 700 mil euros de facturación. Tiene contratos con ayuntamientos de todo el país, dándose también la inusual casualidad de que casi siempre coincide con Aqualia en aquellos ayuntamientos en los que la empresa de FCC ya es la operadora y, por lo tanto, opta a la renovación, o bien aspira a hacerse con el concurso, como es el caso de San Javier. Más inusual todavía es que, cuando se produce esta coincidencia, casi siempre gana Aqualia.
El equipo de investigación de Diario 16 ha constatado que la referida consultora ha sido contrada en los últimos meses por al menos 15 ayuntamientos en los que presta sus servicios Aqualia. En todos con la misma finalidad, hacer los pliegos y valorar las ofertas del concurso, es decir, decidir quién gana el concurso. En al menos 8 de ellos ya lo ha ganado Aqualia o ha sido propuesta como ganadora por Ingeagua.
Se trata de 15 ayuntamientos de 5 comunidades autónomas diferentes y 11 provincias, un dato que refuta cualquier buena intención de pensar que es solo casualidad. Más bien parece una causalidad que en realidad no es nueva. Ya en 2022 Ingeagua asesoró al ayuntamiento de Tarifa para prorrogar 10 años más la concesión de la ciudad. Puede ocurrir lo mismo en bastiones históricos de la filial de Carlos Slim en Salamanca o Santa Marta de Torres, pues se trata de patrón.
Un experto en el sector del agua, consultado por Diario16, comparaba ayer lo que ocurre con estas consultoras con el caso Negreira, que destapó que un alto directivo arbitral,que debería ser solo juez y no parte, trabajaba en realidad para beneficiar a uno de los equipos de la competición liguera. Es evidente que aquí ocurre algo parecido, pues estas empresas a las que contratan los ayuntamientos para arbitrar los concursos desde una posición de teórica independencia, al final favorecen con sus decisiones aparentemente técnicas a algunas empresas, casi siempre las mismas.
Conflicto de Intereses
En la realidad estas empresas trabajan a dos bandas, para los ayuntamientos y para algunas de las empresas que concurren, lo que señala a un aparentemente obvio conflicto de intereses. Y en su favor hay que decir que no lo niegan. En el perfil profesional de Ingeagua, por ejemplo, se destaca que trabaja “tanto con administraciones públicas como con empresas privadas” y en el de su director general se especifica que una de las empresas privadas en cuestión es Aqualia.
En su web, la empresa es todavía más explícita. Al mismo tiempo que ofrece sus servicios a ayuntamientos y mancomunidades para la “preparación de pliegos, seguimiento y emisión de informes de adjudicación de concursos”, también oferta “apoyo a las empresas gestoras en la preparación de ofertas de licitación de concursos con las administraciones públicas”. En San Javier se dio la circunstancia de que estaba contratada por el ayuntamiento y al concurso se presentaba uno de sus principales clientes, el mismo que gana la mayor parte de los concursos a los que se presente cuando Ingeagua es la consultura que interviene.
Aflora así de nuevo este doble papel de juez y parte, como en San Javier. Lo ocurrido recientemente aquí no es, por lo tanto, un caso aislado. La diferencia con los anteriores, según fuentes bien informadas, es que este parece que será la gota que hará rebosar el hartazgo y que encamina este asunto hacia la mesa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El objetivo es que este organismo tome cartas en el asunto regulando de un modo cristalino la relación entre estas consultoras y algunas empresas del sector, así como su participación en los concursos, pues tampoco es Ingeagua la única pequeña consultora que en ocasiones juega este doble papel de clientes de los ayuntamientos para la preparación de pliegos y valoración de ofertas y clientes también de algunas operadoras.