Vox sigue marcando la agenda social en aquellas comunidades gobernadas por el PP. En los últimos días, dos escándalos protagonizados por barones o baronesas populares tienen su origen en la influencia que los ultras están ejerciendo en aquellos gabinetes regionales donde Partido Popular y Vox gobiernan en coalición.
La primera polémica la protagonizó el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, al presentar un cartel del Día del Orgullo Gay plagado de estereotipos burlescos con dibujos de condones, copas y zapatos de tacones de aguja. El edil se defendió de las acusaciones de homofobia, pero el cartel no se ha retirado. Más tarde, fue el turno de María José Catalá, alcaldesa de Valencia. “Si pongo la bandera del Orgullo, también pongo la del Alzheimer, la del ELA, la del cáncer y también pongo la de todas las banderas y necesidades sociales que tiene esta ciudad”, aseguró. De esta manera, la edil valenciana respondía a las críticas de los socialistas por no colgar la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento.
“La diversidad es ya una bandera social, no es una bandera política. La diversidad y la libertad para amar en esta ciudad no corresponde a nadie y hacemos mal los políticos cuando queremos patrimonializar banderas que ya no son de la política”, sino “de la sociedad, con independencia de la persona a quien vote”, aseveró.
Otros dirigentes populares han caído en la misma trampa tendida por Vox y que supone un recorte de derechos para el colectivo LGTBI. El popular Roberto Narro, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, ha explicado que retira la bandera arco iris porque “el balcón del Ayuntamiento tiene que ser un espacio de neutralidad”. Sus homólogos de Ciudad Real o de Toledo tampoco las colgarán. En otro municipio, Alcudia, Alicante, una bandera LGTBI que colgaron del auditorio quedó completamente chamuscada. En Córdoba, Vox llegó incluso a pedir esta semana que se quitara una bandera multicolor de un pleno. Y en Extremadura el diputado de extrema derecha Javier Bravo se ha mofado de la propuesta de abrir un teléfono 028 de asistencia a personas LGTBI+, una iniciativa del Ministerio de Igualdad que ha sido impulsada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, diciendo: “¿Qué pasa, que estas personas tienen más derechos que yo?”. Bravo continuó su intervención comparando el 028 con otros números de asistencia, y sugirió que otros grupos también podrían demandar su propio número de ayuda, mencionando de manera sarcástica a “la asociación de familias numerosas” y a una hipotética asociación de “bigotudos que fuman”. Catalá compara la homosexualidad con una enfermedad, Bravo se mofa de ella. Preocupantes síntomas de la homofobia y del desprecio que una parte de la derecha española siente hacia el movimiento del Orgullo Gay.
Hasta donde se sabe, las personas que por desgracia sufren cáncer no son perseguidas o discriminadas por su condición. Y tampoco la asociación de bigotudos que fuman. Estos señores, de derechas o de izquierdas, pueden salir a la calle o ir a un bar nocturno sin miedo a que un ultra le parta la cabeza con el vaso de un cubata. Las personas homosexuales y trans necesitan de una especial protección ante las bestias que las acechan y toda medida de protección y concienciación contra la discriminación es poca. Invisibilizar, no dotar de fondos públicos a la causa de la igualdad, marginar al colectivo de las instituciones supone situarse en el bando de los cómplices con los agresores.
Lógicamente, todos estos lapsus (mejor, estrategia política calculada) han provocado la lógica respuesta de las asociaciones cívicas en defensa del colectivo. La comparación de la orientación sexual no heterosexual con una enfermedad tan cruel como el cáncer, como hace Catalá, no ha caído en saco roto. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil, aseguró el pasado miércoles, en la rueda de prensa de presentación del Orgullo 2024, que “hay una clase política que no se avergüenza de insultarnos y quitarnos derechos”.
Así, recordó que “este Orgullo celebramos que hace un año que aprobamos en España la Ley LGTBI+. Aplaudamos los derechos conquistados y defendámoslos. Porque también tenemos que recordar que en Madrid se han recortado las dos leyes LGTBI+ de 2016, recortes contra los que este martes el ministerio de Igualdad ha interpuesto una denuncia de inconstitucionalidad”.
“Y nos preguntamos ¿por qué las leyes de Madrid van en contra de los derechos humanos y de nuestras vidas? ¿Por qué el señor Almeida no ha firmado una declaración en Sevilla para trabajar contra el VIH y el sida y luego pone un condón en un cartel? Somos más que una copa y que un condón, no hay Orgullos sin reivindicación y sin política”, ha destacado. “El Orgullo, convocado este 2024 bajo el lema 'Educación, paz y derechos: Orgullo que transforma', transforma efectivamente nuestras vidas. Y quiero insistir en que la bandera de la diversidad es la bandera de todas las personas, también contiene el rojo y el amarillo, que es la bandera de nuestro orgullo de país”, aseguró.
Por su parte, el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, ha incidido en la importancia de la educación como parte del lema de este Orgullo. “Tenemos que convertir los espacios formativos en espacios inclusivos. En el 80% de ellos, sigue sin haber donde se forme o se educe en diversidad. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid el 25% del alumnado se declara como no cishteronormativo [el conjunto de ideas, normas sociales, creencias y cultura por las que se rigen las personas cuya identidad de género se corresponde con la que le fue asignada al nacer], lo que implica que hay un 25% que es diverso, por lo que debemos seguir trabajando”. “Si estamos defendiendo la libertad para que la persona ame a quien quiera, que también vote a quien quiera con independencia de cuestiones que son logros sociales que hemos conseguido entre todos”, añadió.