El español Daniel Sancho asegura estar tranquilo ante la sentencia que determinará el 29 de agosto si es o no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia el pasado año. "Estoy preparado para lo mejor y para lo peor", ha asegurado Sancho a Efe en una entrevista en la prisión de Samui (sur de Tailandia) al ser preguntado cómo afronta el fallo, aunque se ha mostrado optimista y convencido de que el juez va a descartar que la muerte de Arrieta se debiera a un asesinato premeditado.
Según fuentes cercanas al caso, la sentencia ya está redactada y ha sido enviada para su ratificación a la oficina del juez decano de Surat Thani (provincia de la que depende Samui). Sancho aseguró que le da "tranquilidad" y "confianza" en el proceso este trámite, habitual en Tailandia para casos graves, tanto penales como civiles, que puedan implicar penas o indemnizaciones altas. Mientras tanto, el Gobierno español hace gestiones ante el de Tailandia para que se conmute la pena capital por otra de prisión por razones humanitarias y de Derecho Internacional. No sería la primera vez que nuestro país media o intercede por una persona condenada a la pena máxima. En 2011, el Gobierno de España presionó para evitar la aplicación de la pena de muerte en Florida al cubano Manuel Valle, nieto de un ciudadano español. La ejecución fue ordenada por el método de la inyección letal. Además, nuestro país tiene suscritos diferentes convenios internacionales contra la pena de muerte. En concreto, la comunidad de naciones ha adoptado hasta cuatro tratados internacionales que establecen la necesidad de caminar hacia la abolición de la pena capital. Uno de ellos es de ámbito mundial y los otros tres son regionales.
El código penal tailandés contempla desde los 15 años de cárcel hasta la pena de muerte en los casos de asesinato, si bien Tailandia apenas aplica este último castigo y se suele conmutar por otros más bajos. Los casos de homicidio involuntario son penados con entre 3 y 15 años de cárcel. El español está acusado también de descuartizar el cuerpo de Arrieta –de lo que se ha declarado culpable– y de hacer desaparecer su pasaporte, delitos que podrían conllevar entre uno y seis años de prisión, respectivamente.
El español considera que durante el juicio "quedó claro que fue un accidente", en referencia a la muerte de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phangan, y cita las pruebas forenses presentadas por la defensa que, según él, demostrarían que el fallecimiento se debió a una pelea.
Sancho, de 30 años, hizo estas declaraciones durante una visita a la cárcel y la conversación se llevó a cabo a través de un cristal y un teléfono sin que se pudiera grabar ni tomar notas. Tras más de un año en prisión preventiva, el joven admitió que vive con impaciencia la espera para conocer la sentencia y que los meses desde la celebración del juicio, que concluyó el pasado mayo, se le han hecho "muy largos".
"Hasta el juicio era un hombre con una misión", afirmó, e indicó que pasó mucho tiempo centrado y preparándose para el proceso, en el que tuvo un papel muy activo, ya que el juez le permitió hacer preguntas a los testigos. Durante el juicio, celebrado a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui entre el 9 de abril y el 2 de mayo, el acusado y su equipo de defensa sostuvieron que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea y que el español actuó en defensa propia ante un supuesto intento de agresión sexual.
La Fiscalía, por su parte, trató de probar mediante decenas de pruebas y testigos, incluida la compra de cuchillos y una sierra, que Sancho planificó los días previos el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, de 44 años, cuyos restos fueron encontrados en varios lugares de Phangan, incluido el mar. La autopsia efectuada al cirujano colombiano no resultó concluyente al no haberse encontrado partes del cuerpo clave como el torso.