El Libro Blanco sobre la reforma fiscal elaborado por un grupo de expertos asegura que el fraude y la elusión fiscal “reducen los recursos para la financiación de las políticas públicas, generan un efecto redistributivo negativo y un sentimiento de agravio comparativo por parte de quienes sí cumplen con sus obligaciones tributarias”. De momento, el Libro Blanco sigue guardado en un cajón de algún ministerio, mientras que el PSOE ha conseguido apartar a Unidas Podemos del diseño de la política tributaria. Se calcula que nuestro país deja de ingresar más de 60.000 millones de euros por evasión fiscal de todo tipo y más de 30.000 por fraude en las cuotas a la Seguridad Social. Precisamente, la gran preocupación del Gobierno tras el anuncio de su paquete de medidas fiscales para que los ricos paguen más es que en las próximas semanas se produzca una gran fuga de capitales al extranjero, como ya ocurrió en otras etapas de la historia de España.
Además, según el Libro Blanco, el fraude fiscal provoca problemas de competencia desleal en el ámbito empresarial y profesional e incentiva una asignación ineficiente de los recursos, desviándolos a la economía informal. Finalmente, pero no por ello menos importante, alimentan la desconfianza de los ciudadanos ante las instituciones. A la hora de afrontar los comportamientos fraudulentos, la Administración tributaria debe atender a los factores que afectan a la decisión de incumplir.
Tomando en consideración los progresos en el ámbito internacional, y los derivados de las medidas internas de lucha contra el fraude en España, el Libro Blanco formula varias recomendaciones, que deberían incardinarse en la estrategia para mejorar el cumplimiento tributario y atajar el fraude y elusión fiscales. El Comité recomienda la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, en línea con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 11/2021 de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. El trabajo de esta Unidad permitiría disponer de un conocimiento más completo y preciso de las razones que favorecen el incumplimiento, y de la brecha fiscal, la elusión y el fraude en los diferentes tributos del sistema, aprovechando, entre otros, los recursos estadísticos y el conocimiento de los que dispone la propia Administración. También serviría para ayudar a definir una estrategia global y ambiciosa que nos sitúe entre los países de mejor desempeño en el ámbito de la UE.
En segundo lugar, el Comité de expertos considera que deberían reforzarse los recursos humanos y materiales de la Administración tributaria, no sólo en el ámbito del control e inspección, sino también para “ayudar a la clarificación de las normas tributarias y, en última instancia, para elevar la seguridad jurídica de los contribuyentes”.
En tercer lugar, el apoyo a la voluntariedad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias es fundamental, lo que conlleva la necesidad de avanzar en las estrategias de información y comunicación e intentar mejorar la relación de la Administración tributaria con los contribuyentes, “evitando trasladar la impresión de culpabilidad y persecución a aquellos que suelen cumplir sus obligaciones correctamente y que, en alguna ocasión, se retrasaron o se equivocaron en sus relaciones con la Administración”. El Comité estima que debe estudiarse la posibilidad de aligerar las sanciones en supuestos de fallos o incumplimientos menores, en línea con lo que sehace en otros países como Francia o Singapur.
Por otra parte, el Comité considera necesario intensificar la educación fiscal, aprovechando la inclusión de esta en la Ley de Educación aprobada en 2021, pero ampliando la información fiscal a los canales seguidos por las distintas generaciones etarias, incorporando las redes sociales.
El Libro Blanco recomienda hacer un mayor esfuerzo en mejorar la seguridad jurídica de los contribuyentes, ofreciendo criterios de la propia Administración cuando se publiquen normas relevantes, lo que puede ayudar a simplificar la aplicación de una norma compleja. Dado el importante papel que desempeñan las consultas en el logro de este escenario de seguridad, el Comité entiende que ha de aspirarse a recortar el plazo para su contestación. Otra línea de actuación necesaria es el reforzamiento de la coordinación entre la AEAT y las Administraciones autonómicas, incluidas las forales. El trabajo consorciado de todas ellas es una adecuada línea de progreso. Además, deberían intensificarse las evaluaciones para identificar áreas de mejora y de potencial consorcio. Estas medidas deben completarse con los modelos de servicio para facilitar y ayudar al cumplimiento de los contribuyentes que son sensibles y responden fundamentalmente a motivaciones intrínsecas (reputación, moral fiscal o normas sociales, entre otras).
Sin duda, el futuro de las Administraciones tributarias pasa por la digitalización y el uso de la tecnología de forma integrada con los contribuyentes. Para ello, es necesario aumentar las interconexiones entre los distintos sistemas que emplean los contribuyentes y la Administración tributaria. El Comité considera también que, en los próximos años, deberá impulsarse la utilización de software que incorpore vínculos directos de los contribuyentes con la Administración tributaria.
Con la finalidad de disminuir la litigiosidad tributaria, debe avanzarse en la adopción de medidas que eviten que los conflictos surjan o que ayuden a que éstos se resuelvan antes de llegar al ámbito judicial. En este contexto, se entiende que deben incentivarse las actas con acuerdo, introducidas en nuestro país con la reforma de la Ley General Tributaria de 2003, como un eficaz mecanismo de reducción de la conflictividad en el área de inspección. Todo ello sin perjuicio de que, a medio plazo, se progrese en la aplicación de otros mecanismos alternativos para solucionar controversias.