Un vecino de Vigo en situación de desempleo y extrema vulnerabilidad ha denunciado a su banco por tratar de desahuciarlo de la vivienda de alquiler en la que habita. El afectado, O.G., está viviendo un auténtico calvario hasta el punto de que asegura que le han destrozado la vida. Su caso es kafkiano y paradigmático de lo que sufren miles de ciudadanos, que pese a las medidas de protección social frente al desahucio impulsadas por el Gobierno se ven desamparados ante el inmenso poder de la banca. Una vez más, todo el sistema, el judicial, el político y el de cobertura social, ha fallado estrepitosamente.
La historia de O.G. es larga y tortuosa. En el año 2009 se hipotecó el inmueble para avalar la prórroga de una póliza de crédito que la entidad financiera declaró resuelta, reclamando su importe íntegro. Dicha póliza era de un negocio que había arrancado en el año 2007 y que no estaba yendo bien. La empresa no logró remontar la crisis e incurrió en impago en 2013, procediendo el banco a la ejecución de la hipoteca. “La subasta quedó desierta y la entidad se adjudicó el inmueble por el cincuenta por ciento del valor de tasación, al no reconocer que se trataba de mi vivienda habitual (que obligaría a que dicha adjudicación fuera por el setenta por ciento). Gracias a esto, me queda una deuda de unos 25.000 euros, a los que se suman 11.000 euros en costas procesales”, explica el afectado.
El proceso de adjudicación concluyó a finales de 2016. “Con el panorama descrito, solicito a la entidad un alquiler en la propia vivienda con un precio bonificado. Dicho alquiler se firma en febrero de 2017 por 225 euros al mes, unos 100 euros inferior a lo que se podría pedir en mercado libre. No es un precio muy social, pero es lo que hay. También solicito que los contactos conmigo se hagan por correo electrónico”, agrega.
A los pocos días la víctima del desahucio fue despedida del trabajo. O.G va pagando como puede hasta que llega un punto en que deja de hacerlo durante casi un año, deuda que salda a mediados de 2018 gracias a un dinero extra que recibe por unos trabajos pendientes de cobro. Durante 2019 logra ponerse al día en los pagos, aunque de manera irregular: a veces se retrasa e ingresa dos mensualidades juntas, a veces hace pagos parciales. “Mantengo una comunicación bastante fluida con dos gestoras de la entidad durante todo el periodo”, explica.
En octubre de 2019 el afectado traslada a la entidad bancaria su interés en prorrogar el contrato un año más (tal como recoge la Ley de Arrendamientos Urbanosactualmente vigente). En noviembre, el banco le remite un burofax a través de una empresa privada. “Nunca lo recibo y tengo constancia por primera vez del mismo al ver la demanda. Pese a todo, en ese burofax se dice expresamente que, de encontrarme en situación vulnerable, se estudiará la prórroga”, relata.
“Por mi parte, al no tener respuesta de la entidad, y habiendo encontrado una tarjeta de visita de un gestor debajo del felpudo de la puerta (un sitio genial para dejar una tarjeta de visita y una comunicación muy siglo XXI), me intento poner en contacto con él. El correo electrónico que figura en la tarjeta no existe y lo recibo de vuelta. Me dirijo a la empresa, una administradora de fincas y les reenvío el mismo correo que al gestor. Consta como entregado, pero no recibo respuesta”, explica.
Desahucio por las bravas
Entendiendo que ha cumplido con la obligación legal de solicitar dicha prórroga en tiempo y forma, O.G. sigue haciendo pagos hasta enero de 2020, cuando se retrasa de nuevo. Sin embargo, tiene un saldo a su favor de 80 euros en pagos adelantados (redondeos al alza al ingresar el alquiler por cajero). La deuda, por tanto, asciende a 148 euros con algunos céntimos. “Entonces viene la demanda, a la cual se adjunta el burofax no entregado, pero ninguno de los correos en los que yo manifestaba mi voluntad de prórroga por situación económica desfavorable”, se lamenta.
La demanda se notifica mientras el afectado se encuentra fuera de Vigo, unos días antes del primer confinamiento. “Cuando vuelvo, los plazos procesales están suspendidos. Con todo el estrés y los problemas de la pandemia, me olvido de la notificación por completo. Se me declara rebelde y el proceso sigue adelante en mi ausencia. Durante todo este tiempo, sigo haciendo mis pagos de forma más o menos regular, sin solicitar acogerme a las moratorias, al gastar muy poco por las limitaciones de la propia pandemia”, añade.
El 24 de julio de 2020 se dicta sentencia estimando totalmente la demanda de la entidad (por falta de oposición) y se establece fecha de desahucio para diciembre de 2020. Recibida la notificación de desahucio, el vecino de Vigo se dirige a los servicios sociales municipales, que logran una paralización por tres meses, tras la intermediación del Programa Reconduce de la Xunta de Galicia, que también le concede una ayuda al alquiler de 225 euros mensuales durante 3 años, ya que sus únicos ingresos son el ingreso mínimo vital.
“Una presunta mediadora se pone en contacto conmigo para encontrar una solución ante la situación de vulnerabilidad. En menos de 24 horas responde que no acredito ingresos suficientes para hacer frente a un alquiler. Cuando se le explican las ayudas concedidas por la Xunta, responde que el problema es la duración del contrato que habría que firmar (7 años para grandes tenedores, según la nueva ley) y que cómo se garantizan los 4 años posteriores. Muy social todo”.
El afectado denuncia que buscar una vivienda que acepte a alguien con una renta de inserción es “como buscar el arca perdida”. “El precio de los alquileres se ha puesto a unos niveles nunca conocidos, así que los tres meses transcurren sin encontrar soluciones. Se solicita una nueva prórroga al juzgado, que se concede en abril por dos meses”. El desahuciado se puso en contacto con los letrados de la entidad para tratar de llegar a un acuerdo y propuso varias alternativas antes que quedar en la calle: un arrendamiento nuevo, ya que con la ayuda al alquiler y el ingreso mínimo vital podría hacerles frente sin problemas (con un avalista que afiance dicho arrendamiento); un nuevo arrendamiento a un precio no bonificado a nombre de un tercero; o la posibilidad de que un inversor adquiera el inmueble, para lo que se solicita precio. No hubo respuesta de la banca. La respuesta llega hace unos días en forma de notificación judicial: el 8 de octubre, lanzamiento improrrogable. Desahucio sin piedad. Una vez más, todo el sistema ha fallado.