El PP presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una hipotética ley de amnistía, la que a esta hora están negociando Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Aún no se ha firmado el texto de la ley, aún no se sabe cuál será su contenido, y los populares ya han amenazado con impugnarlo como ya hicieron en su día con el Estatut que reconocía a Cataluña como “nación”. Es decir que, en el PP, al igual que ocurre con los independentistas catalanes, funcionan con el eslogan de “lo volveremos a hacer” (ho tornarem a fer en catalán).
El 31 de julio de 2006 el Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña, en el que se recurrían 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones del mismo. Tres días antes Mariano Rajoy había enumerado los ocho elementos principales de inconstitucionalidad que veía su partido en el Estatuto: que Cataluña sea una nación, ya que “desde el punto de vista constitucional, no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía”, y a esa nación “no pueden equipararse las nacionalidades y regiones que integran su indisoluble unidad” y cuyos estatutos son “un poder derivado de la Constitución”; el trato “privilegiado” a la lengua catalana derivado de considerar su conocimiento como un deber y de “la consideración exclusiva del catalán como lengua de la enseñanza”, lo que por otro lado, va en contra “del derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos”; que haya “derechos y deberes distintos” para los catalanes que para el resto de los españoles, porque ello “va en contra de la igualdad de todos los españoles”; el Poder Judicial para Cataluña, porque “rompe con la unidad judicial de España”; la distribución de competencias entre Cataluña y el Estado; el principio de bilateralidad “que privilegia a Cataluña y sienta las bases de un modelo confederal asimétrico” y supone “una desigualdad inadmisible en la Constitución”; las relaciones internacionales de Cataluña, y su sistema de financiación propio cuando este debe pactarse entre todas las autonomías.
Las reacciones críticas de los partidos catalanes a la presentación del recurso fueron inmediatas. El PSC acusó al PP de actuar con “falta de respeto hacia los catalanes” que habían aprobado el nuevo Estatuto en referéndum y de “menospreciar” la idea de la “España plural”. Por su parte ERC advirtió de que, si el Tribunal Constitucional estimaba el recurso, el nuevo Estatuto “quedará todavía más lejos de satisfacer las necesidades de Cataluña y evidenciará que es necesario otro marco constitucional que respete nuestros derechos”. CiU calificó la iniciativa del PP como “agresión contra Cataluña”, aunque reconoció que era una decisión “legítima y respetable”, mientras que ICV vaticinó un fracaso del Partido Popular en las próximas elecciones catalanas.
El PP no aprende de los errores pasados. Impugnó una ley salida de las instituciones democráticas como fue el Estatut y aprobada por la mayoría de los catalanes en referéndum. Aquel fue el punto de inflexión que puso en marcha el “procés” de independencia en Cataluña. Siempre es la misma historia: cuanta más intolerancia de la derecha y la extrema derecha española, más independentistas florecen. El PP es una prodigiosa maquinaria de fabricar separatistas. En Génova deberían haber aprendido de aquel error, pero no. Ahora vuelven a las andadas y a repetir que llevarán la ley orgánica de amnistía para resolver el conflicto en Cataluña al Alto Tribunal. La misma película contada dos veces. El mismo dislate que suponen derogar por la vía de la justicia un gran acuerdo emanado del Parlamento español y firmado por fuerzas democráticas legítimamente elegidas por el pueblo. La irresponsabilidad del PP es grave. Tumbar en el Constitucional una ley aprobada y tramitada legalmente solo traerá más conflicto, más inestabilidad y más 'procés'. Así funciona la derecha española: con el cuanto peor mejor. Incendiando Cataluña. El camino iniciado por Pedro Sánchez para desinflamar la situación explosiva en aquella comunidad autónoma es el único que puede llevar a reconducir un problema territorial que ha estado a punto de desintegrar el Estado español.