El PP ha movido ficha otra vez tratando de aparentar que está dispuesto a renovar la cúpula de la Justicia española. Tras el acalorado debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, y sintiéndose presionados por Carlos Lesmes y hasta por Felipe VI, los populares han elaborado una nueva propuesta para supuestamente desbloquear la situación. El vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, ha enviado una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que ofrece al Gobierno renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva caducado casi cuatro años, y acometer después la reforma del sistema de elección de sus vocales, en base a una propuesta elaborada por el nuevo CGPJ. El anuncio solo puede interpretarse como una claudicación de los populares, que durante los últimos cuatro años se han negado a cualquier tipo de renovación pactada con el Gobierno según el procedimiento establecido por la Constitución. De inmediato, Bolaños ha contestado a la invitación: “Seamos serios; si quieren renovar, que me llamen y lo hacemos en una tarde. No más excusas. Cumplan la ley”.
Con todo, da la sensación de que en el PP continúan jugando al gato y al ratón, a marear la perdiz como suele decirse, con un solo objetivo: ganar tiempo sin reformar nada hasta las próximas elecciones generales en las que ya se ven victoriosos. “Mi partido no renuncia a promover una reforma legislativaen la que, como exige la UE, los jueces elijan a los jueces, y a ejecutarla si los ciudadanos nos ofrecen la confianza para ello, pero también estamos dispuestos a elegir este órgano con el actual sistema. No nos escudamos en nuestra discrepancia respecto al modelo para obstruir la renovación del CGPJ”, asegura González Pons en declaraciones recogidas por Europa Press.
En consecuencia, se ha puesto a la disposición de Bolaños para avanzar en una serie de propuestas que, a su juicio, “servirían para que la nominación de candidatos no sea un mero reparto de cuotas”.
De ellas, destacan que la negociación se llevará a cabo en las Cortes Generales, “órgano encargado de la designación conforme a la Constitución”; que no propondrá para el turno de juristas a jueces que no hayan sido respaldados por sus compañeros; y que serán el CGPJ y el Tribunal Constitucional quienes elijan a sus respectivos presidentes, “sin pactos previos ni indicación externa de ningún tipo”.
Iniciativa parlamentaria para despolitizar la Justicia
Además, González Pons ha planteado que, “simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta por cuantos grupos parlamentarios que apoyan este espíritu de despolitización de la Justicia”, que se tramitaría por el procedimiento de urgencia.
Esa proposición de ley incluiría la derogación de la reforma legal que impide al CGPJ ejercer plenos poderes estando en funciones; y que “el CGPJ recién nombrado (...) presentará a las Cámaras en un plazo de seis meses, desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial”.
La propuesta, declaró, deberá estar dirigida a mejorar “la independencia del proceso” y a garantizar “una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección, teniendo en cuenta para ello los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra”.
De esta forma, los populares borran la línea roja que habían dibujado, ya que hasta ahora habían condicionado la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato venció en diciembre de 2018, a la modificación del mecanismo por el que se elige a los doce vocales del turno judicial, con la finalidad de que sean los propios jueces quienes los designen, algo a lo que el Gobierno se había negado, urgiendo antes a constituir un nuevo Consejo.
Este giro de guion tiene lugar después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, exigiera el miércoles a PP y PSOE la renovación del Consejo, amenazando con dimitir si no llegaban a un acuerdo en semanas. De hecho, González Pons manifiesta en la carta que el PP comparte la preocupación expresada por Lesmes y que no quiere “dejar pasar la oportunidad que nos ha brindado el inicio del año judicial para intentar de nuevo que se supere este bloqueo”.
La proposición de ley esbozada por el PP contemplaría igualmente “una regulación de las llamadas puertas giratorias”, de modo que “los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años” desde su cese.
A ello añade que “no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores”.