El Partido Popular ya no se esconde en su defensa de las actividades económicas, sean legales o presuntamente fraudulentas, que realizan las grandes empresas y las grandes fortunas. Así lo demuestra la enmienda al proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal que han registrado en el Congreso de los Diputados.
En el escrito el PP pretende defender de posibles sanciones a las inversiones que se realicen o estén comprometidas en territorios que entren a formar parte de la lista de paraísos fiscales porque, según argumenta el partido conservador, hay que preservar la seguridad jurídica y la competitividad de las empresas españolas en su internacionalización.
El Partido Popular no quiere que a las empresas que invierten en paraísos fiscales se les retiren exenciones fiscales, se les obligue a presentar declaraciones tributarias específicas para este tipo de inversiones (como se le haría a cualquier ciudadano), o que no puedan deducirse determinados pagos. Es decir, que se trata de una defensa a ultranza de los modelos neoliberales basados en buscar el modo de pagar menos impuestos.
Para el PP que esos paraísos fiscales tengan una baja o nula tributación no debería ser causa para entrar en la lista negra. Además, los populares proponen que los paraísos fiscales dejen de ser tratados como tal sólo con la firma de un convenio entre España y el territorio para evitar una doble imposición con cláusula de intercambio de información para, de este modo, evitar que estos países sean tratados como paraísos fiscales.
Defensa de los ricos «patriotas»
Los asesores fiscales recibieron una avalancha de peticiones por parte de los millonarios de este país para trasladar su residencia a Portugal y, de este modo, no pagar impuestos en España tras el anuncio del pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.
Proporcionalmente, los millonarios españoles pagan menos impuestos que las clases medias y trabajadoras. Las cifras actuales de fraude y elusión fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas en España se calcula que está por encima de los 60.000 millones de euros al año.
Por otro lado, las exenciones fiscales de las grandes corporaciones en España consiguen que, mientras una Pyme está pagando casi un 20%, aquéllas sólo contribuyan al Estado con apenas un 7%, según datos publicados por la Agencia Tributaria. Por tanto, entre unas cosas y otras los millonarios y las élites empresariales, económicas y financieras, dejan de pagar más de 120.000 millones de euros, un dinero que es fundamental para el sostenimiento del estado del bienestar o para que desde la Administración se pueda invertir en políticas activas de empleo efectivas que generen riqueza.
El patriotismo, como el movimiento, se demuestra andando. Una tela de colores no le hace a nadie más patriota. Son los hechos y esta fuga de capitales provocada por el miedo generada por un falso «hachazo fiscal» o por la aplicación de la Constitución sí que debería ser calificado como rebelión porque se trata de una verdadera traición al pueblo.