La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto la investigación sobre la venta de carne de caballo, no apta para consumo humano y ha puesto el foco en un total de 11 personas que deberán comparecer ante la justicia por estos hechos.
Las once personas a las que la juez llamará a declarar están acusadas por haber vendido carne de caballo a un precio ínfimo, siendo conocedoras de que no se habían llevado a cabo los controles sanitarios pertinentes y en algunos casos, además, no ser aptas para el consumo humano.
El auto que da traslado a un procedimiento abreviado señala, según ha informado EuropaPress, que estas personas serán investigadas por posible comisión de delitos contra la salud pública, falsedad documental, y participación en grupo criminal.
Dos mataderos de la provincia de León
Estas personas habrían estado participando en este tipo de actividades desde el año 2016 introduciendo en el mercado cárnico un producto no apto para consumo humano, a un coste muy inferior al de mercado. Para poder hacer cuadrar las cuentas económicas, habrían falseado facturas, y se habrían dedicado a "camuflar" sus operaciones.
Utilizaban animales sin identificación, o se la adjudicaban de manera fraudulenta utilizando datos de caballos ya fallecidos. En otras ocasiones, llevaban al matadero a caballos que no habían tenido la pertinente vigilancia ni control sanitario, gracias a la falta de vigilancia ni control por parte de los veterinarios que deberían haberlo hecho. También colaboraban activamente responsables de mataderos, haciendo "la vista gorda" y permitiendo que estos animales pasasen al mercado alimentario. Se falsificaron documentos oficiales de la administración para que todo el recorrido de la carne no levantase sospechas.
La juez señala directamente a tres personas como responsables de todo este entramado: Javier Fernández, Alejandro Dominguez y Bernardino Castro.
Los mataderos que colaboraban presuntamente en este entramado se encuentran en la provincia castellano y leonesa de León: uno en Astorga, y otro en Torneo.
En el matadero de Astorga se señala a Felix Iñigo Roldán y a Carlos Valeriano Sanz, encargados de la adquisición del producto. Contaban con la connivencia, según ha señalado europapress del veterinario oficial.
En el matadero de Torneo la gestión corría a cargo de Fernando de Sousa y su mujer, María Mercedes Arias. En este caso era Ángel Major de Benito el veterinario que, según la información publicada, habría sido quien les ayudaba. En este matadero se sacrificaron unos dos mil ejemplares a lo largo de un año, aunque en los datos oficiales de la Administración constan 512.
La juez Tardón ha afirmado que estos veterinarios "no ejercían las funciones de inspección que correspondían a su puesto, de tal manera que se posibilitaba que carne no apta para consumo humano fuera destinada finalmente a este fin con riesgo para la salud de los consumidores".
El último eslabón de la cadena de esta organización se encontraría en los encargados de la distribución de los productos cárnicos: Patrice Estarlich y Johanes Marius Cornelius, que a través de la empresa CODELTA 91 realizaban esta labor.
Carne infectada
La juez se ha centrado en lo sucedido el 7 de marzo de 2017, cuando se sacrificaron cuatro caballos que "presentaban claros signos de melanoma". Esa carne se procesó y se puso a la venta a 1,50 euros el kilo. Esos ejemplares de animales enfermos fueron despiezados en las instalaciones del matadero, eliminando la parte de la carne que era evidente estaba enferma, para dejar aquella que no presentaba señales.
Origen de la investigación
El orígen de esta investigación tuvo lugar en el año 2017, cuando la Guardia Civil llevó a cabo un registro de los mataderos señalados, tomando muestras de los productos donde pudieron comprobar que había carne con restos de cloranfenicol y residuos antibacterianos que superaban los límites legalmente establecidos.