La corrupción sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de España. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional, el país ha sufrido un nuevo revés, perdiendo cuatro puntos respecto al año anterior y descendiendo diez posiciones en la clasificación global. Con una puntuación de 56 sobre 100, España se sitúa en el puesto 46 de 180 países analizados, compartiendo posición con Chipre, República Checa y Granada. Esta caída refleja un estancamiento en las políticas nacionales anticorrupción y un preocupante desmantelamiento de estructuras de supervisión en varias comunidades autónomas.
El PP rechaza garantizar las oficinas anticorrupción en las CC.AA. que gobierna, como reclama el PSOE
Un retroceso alarmante
El informe detalla que España ha pasado del puesto 36 al 46 en solo un año, un descenso significativo que la sitúa por debajo de países como Portugal (57/100), y apenas un puesto por encima de Fiji (55/100). En el contexto europeo, España ha retrocedido del puesto 14 al 16 dentro de los 27 estados de la Unión Europea, siendo superada por Letonia y Eslovenia, que han logrado mejorar su posición.
El deterioro de la percepción sobre la corrupción en España se debe a varios factores clave:
- Falta de avances legislativos: A pesar de la aprobación de normativas como la Ley 2/2023, que regula la protección de informantes sobre corrupción, su desarrollo ha sido deficiente y su implementación sigue pendiente.
- Retraso en la transposición de directivas europeas: Existen 87 directivas aún sin adaptar al marco normativo español, 30 de ellas fuera de plazo.
- Debilitamiento de agencias antifraude: Se han eliminado o reducido significativamente los recursos de organismos de control en comunidades autónomas como Baleares, lo que ha generado una aplicación desigual de las políticas anticorrupción en el país.
- Falta de recursos en el sistema judicial: España sigue siendo uno de los países de la UE con menos jueces por habitante, lo que ralentiza los procesos judiciales de macrocausas de corrupción.
La transparencia, en jaque
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la deficiente transparencia institucional en España. La Ley 19/2013 de transparencia sigue pendiente de reforma y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de los recursos necesarios para supervisar adecuadamente la actividad de las administraciones públicas. Además, la información que los partidos políticos están obligados a publicar sobre sus finanzas sigue siendo insuficiente, con un Índice de Cumplimiento de Información Obligatoria (ICIO) que no supera el 55%.
El debilitamiento de estos organismos ha generado una percepción negativa en la ciudadanía y en las instituciones internacionales. Según Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España:
“Una economía como la española no puede permitirse el lujo de no avanzar en las reformas institucionales anticorrupción necesarias para fortalecer la democracia. La confianza en las instituciones es esencial para un Estado de Derecho sólido.”
Un problema global con consecuencias climáticas
El informe también destaca el impacto de la corrupción en la crisis climática. Según Transparencia Internacional, la falta de integridad en la gestión pública obstaculiza la adopción de políticas ambientales efectivas y pone en peligro la financiación destinada a la lucha contra el cambio climático. En muchos países, incluidos algunos de la UE, la corrupción sigue permitiendo la influencia indebida de los lobbies de combustibles fósiles sobre las decisiones políticas.
A nivel global, el IPC 2024 muestra que la corrupción sigue siendo un problema extendido: más de dos tercios de los países analizados obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100. Dinamarca (90), Finlandia (88) y Singapur (84) encabezan el ranking, mientras que Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10) ocupan los últimos puestos.
El informe advierte que sin reformas estructurales integrales y efectivas, España seguirá descendiendo en la clasificación, enfrentando mayores desafíos en transparencia, buen gobierno y confianza institucional. La lucha contra la corrupción no puede seguir siendo una asignatura pendiente: es un pilar esencial para la estabilidad democrática y el desarrollo del país.
El PP rechaza garantizar las oficinas anticorrupción en las CC.AA. que gobierna
El PP en junio del 2024 impuso su rodillo parlamentario en el Senado y tumbado, con su mayoría absoluta, una moción del Grupo Socialista dirigida a "fortalecer la transparencia y la calidad democrática y la lucha contra la corrupción” y mantener las oficinas anticorrupción, que desmantela ahora el PP en las comunidades en las que gobierna, como en Murcia y Baleares. La iniciativa del PSOE sumó finalmente 112 143 votos a favor, en contra y tres abstenciones.
La portavoz adjunta de los socialistas y senadora por Murcia, Inmaculada Sánchez Roca, recordó que “los pactos del PP con la ultraderecha han rubricado enormes retrocesos en libertades públicas y en democracia y socavando la convivencia. Pactos que hacen que algunas de nuestras comunidades autónomas respiren un retroceso sin precedentes”.
Sánchez Roca detalló los casos de Baleares, Extremadura, Madrid o Murcia, y recordó que allí “se ha iniciado el procedimiento legislativo para acabar con el consejo de la transparencia y sustituirlo por una única persona de confianza de Vox”. “Los que bramaban contra los chiringuitos, no han tardado ni un año en montarse uno como este”, puntualizó.