España encara uno de los veranos más devastadores en décadas. La ola de incendios que comenzó a inicios de agosto ha calcinado más de 350.000 hectáreas, dejando un rastro de destrucción en buena parte del territorio nacional. Ante esta situación, el Consejo de Ministros ha decidido declarar “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” en 16 comunidades autónomas, una medida que activa el acceso a ayudas económicas directas y beneficios fiscales para los damnificados.
La declaración de emergencia es el primer paso del Gobierno para responder a la crisis. Está diseñada para agilizar la atención a particulares, empresas y municipios que han visto cómo las llamas arrasaban viviendas, infraestructuras y cultivos. Según fuentes oficiales, esta decisión también contempla exenciones fiscales y simplificación de trámites administrativos para acelerar la reconstrucción.
Primer paquete de medidas
El Ejecutivo tiene previsto aprobar este martes un paquete de medidas que incluye compensaciones económicas para las familias afectadas por daños en vivienda habitual y enseres esenciales, con topes de hasta 15.120 euros por destrucción total del hogar y hasta 18.000 euros en casos de fallecimiento o incapacidad absoluta. Asimismo, se prevén ayudas para la reposición de muebles, electrodomésticos y elementos comunes en comunidades de propietarios, con límites que oscilan entre los 2.580 y los 9.224 euros.
Además de las compensaciones, el Gobierno estudiará la exención temporal de impuestos como el IBIC, el IAE y el IRPF sobre las ayudas personales. También se facilitará la tramitación de bajas de vehículos dañados y la expedición de duplicados de permisos de circulación o conducción extraviados durante los incendios.
Comisión interministerial y pacto de Estado
En paralelo, el Ejecutivo relanza una comisión interministerial dedicada al cambio climático, liderada por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, con el apoyo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al frente de Protección Civil. Esta comisión tiene como objetivo impulsar el pacto de Estado por el clima, anunciado por el presidente Pedro Sánchez, que busca coordinar a todos los niveles de administración para prevenir y mitigar los efectos de desastres naturales derivados del cambio climático.
Sánchez ha avanzado que llevará el debate sobre este pacto a la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, prevista en Asturias en los próximos meses, con la intención de lograr un consenso político que permita implementar políticas de prevención, respuesta rápida y reconstrucción en caso de emergencias.
Confrontación política
Sin embargo, la respuesta del Gobierno llega en medio de un intenso cruce de reproches entre PSOE y PP. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, criticó que se hagan anuncios de pactos de Estado en pleno desastre, mientras que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusó al Ejecutivo de “polarizar” la situación.
La confrontación alcanzó niveles máximos cuando el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, calificó de “pirómana” a la directora general de Emergencias, Virginia Barcones. Desde el Gobierno, Barcones defendió la actuación de los servicios de Protección Civil y señaló que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP solicitaron medios de manera desorganizada, retrasando la efectividad de los despliegues.
El debate político también ha puesto de relieve la falta de medios y recursos en algunos territorios. Mientras el Ejecutivo asegura que se movilizaron todos los efectivos disponibles, algunos barones regionales del PP han criticado la lentitud de la Administración central, con acusaciones de negligencia y deficiencias en la planificación de recursos.
Incendios e inundaciones: un verano extremo
La crisis no se limita únicamente a los incendios. En los últimos tres meses, España ha sufrido también inundaciones repentinas y crecidas inesperadas en varias comunidades. La combinación de fenómenos extremos ha sido interpretada por el Gobierno como una muestra de la emergencia climática que enfrenta el país. Entre los incidentes más graves destaca el incendio de Lleida, que provocó dos muertes y generó una columna de humo de 14 kilómetros de altura, así como los cuatro fallecimientos en Castilla y León y Madrid durante labores de extinción.
En julio, una dana provocó graves inundaciones en Aragón y obligó al despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Asimismo, tormentas de granizo en Murcia y desbordamientos de ramblas han dejado decenas de miles de afectados y daños materiales cuantiosos.
Reconstrucción y apoyo a las comunidades
El Consejo de Ministros prevé extender las ayudas no solo a los incendios de agosto, sino a todos los fenómenos extremos registrados desde junio. Se contempla facilitar a los ayuntamientos la contratación de servicios de emergencia y acelerar los planes de reconstrucción, cumpliendo la obligación de las comunidades autónomas de publicar anualmente sus planes de prevención y vigilancia de incendios forestales, según la Ley de Montes y el real decreto aprobado en 2022.
Para los negocios y empresas afectados, se contemplan beneficios fiscales, bonificaciones y la posibilidad de acogerse a ERTES, mientras que los particulares podrán recibir compensaciones que van desde la reparación de viviendas y mobiliario hasta ayudas directas por daños personales.
Un verano para recordar
Los datos oficiales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales contabilizan más de 107 incendios graves desde el 8 de agosto, aunque se espera que la cifra aumente a medida que se completen los informes de daños. Con una superficie abrasada que supera las 400.000 hectáreas y cientos de miles de afectados, España encara un verano que quedará en la memoria por su virulencia y la magnitud de la respuesta que exige.
🚒 Wildfires in Spain 🇪🇸 & Portugal 🇵🇹 have forced evacuations.
— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 20, 2025
Spain already hit its highest annual fire emissions on record, while Portugal nears historic highs.
🛰️ #CopernicusEU support the response.#ImageOfTheDay pic.twitter.com/a2XHMMH8ph
El Gobierno confía en que la declaración de zona catastrófica y las medidas aprobadas este martes proporcionen alivio a los ciudadanos, faciliten la reconstrucción y permitan avanzar en políticas de prevención y mitigación frente a los fenómenos extremos. Sin embargo, la tensión política y la urgencia de la situación mantienen a la sociedad pendiente de cada nuevo anuncio, mientras los bomberos y los servicios de emergencias siguen trabajando en los últimos focos activos.