Este miércoles, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un acuerdo que refuerza la protección a mujeres y menores víctimas de violencia machista, e incorpora medidas frente a nuevas formas de violencia, como la digital y la económica. La aprobación se ha logrado con un amplio respaldo parlamentario, a excepción de la ultraderecha, que mantiene su postura negacionista.
Un consenso necesario en tiempos de retroceso
El 28 de septiembre de 2017 se firmó el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En aquel entonces, la ultraderecha aún no ocupaba escaños en el Congreso y el feminismo vivía una eclosión social. Ocho años después, el contexto es diferente. El negacionismo y la contrarreacción amenazan los avances logrados. Por eso, el consenso alcanzado ahora, que duplica las medidas iniciales hasta 462, se convierte en un logro esencial.
Andrea Fernández, portavoz del PSOE, subrayó que este pacto "es una respuesta firme y necesaria para seguir combatiendo la violencia que sufren miles de mujeres y sus hijos e hijas en España". Por su parte, la representante de Sumar, Júlia Boada, lo calificó como "un ejercicio de buena política". El único rechazo provino de Vox. Rocío Aguirre, su portavoz, reiteró su "oposición frontal" alegando que el texto “criminaliza injustamente a los varones”.
Protección reforzada para los menores
Una de las principales novedades es la ampliación de la protección a los menores víctimas de violencia vicaria, una de las formas más crueles de violencia de género. Se incluyen medidas para facilitar las denuncias en sede policial por parte de los menores, adaptando dependencias y metodologías. Además, se perfeccionarán los sistemas de valoración del riesgo para detectar situaciones de peligro antes de que sea demasiado tarde.
Los indicadores específicos para detectar esta violencia contemplan situaciones como denuncias previas contra la madre, incumplimientos del régimen de visitas, consumo de sustancias por parte del agresor o posesión de armas. "Proteger a los menores es garantizar un futuro libre de violencia", declaró la diputada del PP Beatriz Álvarez Fanjul.
Frente a la violencia económica y digital
El nuevo pacto también reconoce y define la violencia económica, entendida como el control o supresión intencionada del acceso de la mujer a recursos económicos. Esta forma de violencia es clave, ya que muchas víctimas no pueden romper el vínculo con su agresor por dependencia económica. La diputada Milena Herrera, del PSOE, resaltó: "La autonomía económica es clave para romper el ciclo de la violencia".
Por otro lado, el documento aborda con firmeza la violencia digital, especialmente preocupante entre menores. Se proponen sanciones a quienes difundan imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial (deepfakes) con fines vejatorios. También se exigirá un certificado negativo de delitos sexuales a quienes trabajen con menores, incluso si lo hacen de forma online.
Ley integral contra la trata y más formación profesional
El pacto incluye la futura aprobación de una Ley Orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos. Esta ley contemplará mecanismos para la prevención del delito, la recuperación integral de las víctimas y su inserción social y laboral. Asimismo, se ampliarán las medidas para proteger a mujeres migrantes y con discapacidad, reforzando la respuesta institucional en entornos vulnerables.
También se intensifica la formación especializada de jueces, fiscales, personal sanitario y fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar un enfoque integral en el tratamiento de los casos. Esta formación será continua y obligatoria para asegurar que los profesionales estén preparados ante los nuevos retos que plantea la violencia machista.
Mejora de la coordinación institucional
La coordinación entre instituciones es otro de los pilares del nuevo pacto. Se reforzarán los protocolos judiciales para que toda la información sobre un caso de violencia de género esté disponible en tiempo real para todas las administraciones implicadas. Esta interoperabilidad entre sistemas es fundamental para evitar lagunas en la protección de las víctimas.
Además, se implementarán sistemas de vigilancia electrónica para garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. En caso de incumplimientos reiterados, habrá consecuencias más severas, incluyendo medidas de prisión preventiva si se detecta un riesgo grave para la víctima.
Dotación económica y horizonte temporal
El Pacto de Estado aprobado tendrá una vigencia de cinco años y contará con una dotación económica mínima de 1.500 millones de euros. Se garantiza la plurianualidad de las medidas estructurales, lo que permitirá su mantenimiento y evolución a largo plazo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, celebró la aprobación del pacto afirmando que “vuelve a poner la relevancia donde tiene que estar: la lucha contra la violencia de género”. Redondo instó a todos los grupos parlamentarios a "estar a la altura" y respaldar esta herramienta clave para garantizar derechos y salvar vidas.
El reto de un compromiso colectivo
Este pacto no es solo un compromiso legislativo, sino también social. El fortalecimiento de medidas como la autonomía económica de las víctimas, la protección de menores, la lucha contra la violencia digital y la coordinación institucional refuerza a España como un país comprometido con la igualdad y la justicia.
En un momento en el que las políticas feministas sufren retrocesos en varios países, España da un paso al frente con una hoja de ruta que refuerza la democracia y los derechos humanos. Un pacto que no es perfecto para todos, pero sí el mejor posible en un contexto donde el consenso y la responsabilidad institucional son más necesarios que nunca.