Carles Puigdemont sigue resistiéndose a firmar un pacto de investidura con Pedro Sánchez. Los famosos escollos o flecos que salieron a relucir en su primera reunión con Santos Cerdán, número 3 del PSOE, han vuelto a aparecer para impedir un acuerdo de mínimos en la segunda entrevista de Bruselas. Fuentes próximas a la negociación aseguran que el líder de Junts continúa manteniéndose inflexible en una serie de condiciones que, hasta ahora, le siguen pareciendo irrenunciables. Estos son los principales obstáculos.
Amnistía completa y total
El Gobierno está dispuesto a superar una de las mayores crisis territoriales de la historia de España mediante una generosa amnistía de la que incluso se beneficiarían activistas de Tsunami Democràtic y de los Comités de Defensa de la República (CDR) implicados en los altercados ocurridos durante el 1-O. La medida de gracia abarcaría delitos cometidos desde el año 2013, y hasta el día de hoy, y estaría pactada casi al 95 por ciento (de hecho, un acuerdo casi calcado ya se ha firmado con Esquerra Republicana de Catalunya). Sin embargo, Puigdemont ha llegado con nuevas demandas y exigencias a la reunión de hoy con los emisarios del Gobierno, lo que en algunos medios de comunicación de Barcelona se ha interpretado, algo eufemísticamente, como “una ampliación del perímetro de la amnistía”. Así, el dirigente soberanista pretende que en esa medida de gracia se incluya también a su abogado, Gonzalo Boye, a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, y a Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Puigdemont. Algunas fuentes aseguran que Junts estaría pidiendo también amnistía para los implicados en la Operación Volhov, una trama investigada por la Guardia Civil sobre el desvío de fondos públicos para la organización de altercados en el marco del procés. Hasta 18 personas están implicadas en ese sumario (entre ellas cargos públicos y empresarios) por sus supuestos contactos con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que habría ofrecido el envío de diez mil soldados del Kremlin para apoyar un levantamiento popular y declarar la independencia de Cataluña. Pero no queda ahí la cosa. Para terminar de complicar aún más la situación, Puigdemont habría puesto encima de la mesa de negociación algún tipo de condonación de pena o perdón para el clan Pujol, procesado por graves delitos de corrupción. Además, el expresident estaría reclamando una cláusula de seguridad en la que el Gobierno Sánchez tendría que admitir que el Estado español ha estado persiguiendo a políticos catalanes por su ideología independentista. O dicho de otra manera: que hubo una fuerte represión, mediante una especie de lawfare o guerra sucia judicial, contra los dirigentes soberanistas y cientos de ciudadanos catalanes que participaron en las manifestaciones de aquellos días y en el referéndum de autodeterminación del 1-O.
El relator y el referéndum
Puigdemont insiste en que todo el proceso de negociación debe estar supervisado por un mediador internacional, lo que sería una victoria del independentismo en su intento por extender el conflicto fuera de las fronteras españolas. El Gobierno rechaza de plano la participación de este personaje conciliador, aunque cabría la posibilidad de designar a alguien de reconocido prestigio que desempeñara esa función, siempre dentro del ámbito político español, nunca un diplomático extranjero. Hoy mismo, Sumar ha reconocido que la figura del relator internacional es uno de los “flecos” que está complicando las negociaciones en las últimas horas. No obstante, las fuentes consultadas señalan que el mediador es algo que está prácticamente asumido por ambas partes negociadoras e incluso se ha deslizado el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero como un interlocutor válido. Según Jaume Asens, negociador de Sumar con Junts, esta petición de Puigdemont no tiene por qué ser un obstáculo para el acuerdo, ya que “en toda negociación puede ser útil alguien que dé fe o que facilite el diálogo, sobre todo cuando se parte de una desconfianza profunda”. Lógicamente, la exigencia de Puigdemont de un relator internacional está directamente enfocada a la celebración de un referéndum de autodeterminación, que es el gran escollo en el que las dos partes chocan y mantienen posiciones irreconciliables.
Causas por terrorismo
A esta hora, las negociaciones parecen irreversiblemente encalladas. Pero, además, hoy mismo se ha producido un nuevo hecho de gran trascendencia que podría dar al traste con los contactos bilaterales. La Audiencia Nacional ha enviado a juicio por delitos de terrorismo a doce miembros de los CDR investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que supuestamente planearon sabotajes o acciones violentas contra organismos y sedes oficiales de Cataluña en 2019. Sin duda, ha sido un misil de la Justicia española directamente dirigido a la línea de flotación de la mesa de diálogo. Por descontado, esta noticia no ha gustado a Puigdemont. Y mucho menos porque la resolución judicial viene a sumarse a la decisión de ocho magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial de boicotear cualquier tipo de ley de amnistía. Es evidente que las derechas españolas están moviendo sus peones en la Administración de Justicia para tratar de tumbar el proceso de reconciliación.
Estos flecos, y otros que probablemente aún no han trascendido a los medios de comunicación (ni trascenderán), son los que, hoy por hoy, ponen en peligro la investidura de Pedro Sánchez. La situación actual apunta a que el diálogo está, si no roto definitivamente, sí en un momento crítico. Eso explica que el partido soberanista haya informado de que “el president Puigdemont no comparecerá” ante la prensa mientras no se produzcan nuevas noticias. Todo lo que se vaya filtrando entretanto es pura especulación.