Europa ataca los derechos de los españoles con la aprobación de la operación del Popular

La aprobación por parte de la Comisión Europea de la operación de compra del Popular por un euro por parte del Santander es un nuevo caso en el que Europa interviene en España pasando por encima de los derechos de los españoles, sean o no afectados por esta operación, puesto que deja indefensas al resto de entidades españolas si hay intereses superiores y, por tanto, deja a los ciudadanos totalmente desprotegidos ante los intereses europeos.Según el comunicado de la Comisión Europea la operación no va en contra de la normativa de competencia porque en ningún caso supera la cuota de mercado del 25%. Sin embargo, no es así, ya que hay territorios en los que lo supera, como es el caso de Galicia donde la cuota supera el 30% y en el mercado de Pymes, tal y como ha reconocido el propio Santander, está por encima de esa ratio.Sin embargo, hay un hecho que hay que tener en cuenta, sobre todo de cara a los más de 300.000 afectados y a sus defensas legales. Esta decisión no es firme hasta el mes de enero, por lo que hay tiempo para que aquellos despachos que no tienen conflictos de intereses puedan recurrir una decisión que va en contra del propio espíritu que debería sustentar la Unión Europea.El rescate de Europa al Santander y la decisión adoptada por la Comisión es claramente impugnable, lo mismo que el movimiento del banco cántabro de oficializar la operación de venta del 51% de la cartera del ladrillo del Popular. Es impugnable, en primer lugar, por el precio de la misma porque, tal y como ya indicamos en Diario16, va en perjuicio del resto de entidades bancarias españolas, como le va a ocurrir al BBVA que tendrá que dejar su estrategia de ventas individuales con importantes descuentos para centrarse en la comercialización de grandes paquetes a los fondos buitres.Los afectados del Popular están viendo cómo el Santander está regalando el patrimonio de la sexta entidad del país para, de este modo, adquirir tal cantidad de compromisos que ponga en dificultades a la Justicia la anulación de la operación.