Cinco años después de que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa emitiera una batería de recomendaciones a al gobierno de Pedro Sánchez para fortalecer su marco institucional frente a la corrupción política, España continúa sin implementarlas de forma efectiva. En su último informe de seguimiento, el organismo internacional advierte de que persisten importantes retrasos en reformas clave, como la regulación de asesores políticos, la limitación del aforamiento y la transparencia en las relaciones con grupos de interés o lobbies.
El documento señala, de forma explícita, que España no ha cumplido con varias de las recomendaciones que recibió en 2019, pese a que algunas de las iniciativas están parcialmente encaminadas. En varios puntos, el GRECO muestra frustración por la falta de avances tangibles y habla incluso de “oportunidades perdidas” para mejorar la integridad de la vida pública.
Asesores políticos sin control efectivo
Uno de los puntos más delicados del informe se refiere a la regulación de los asesores políticos, un área que el GRECO instó a reforzar mediante exigencias equiparables a las que rigen para altos cargos ejecutivos. Aunque el Gobierno ha incluido algunas disposiciones en el marco del Plan de Acción para la Democracia (como el cumplimiento de estándares de idoneidad, la obligación de buena reputación y requisitos de formación), la ley correspondiente aún no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
La futura norma incluiría medidas como el régimen de exclusividad, un catálogo estricto de incompatibilidades, y la publicación de actividades, bienes y salarios, además de las agendas oficiales de los asesores. Sin embargo, al no haberse tramitado ni evaluado formalmente, GRECO no puede considerar este objetivo como cumplido.
Aforamientos
Otro punto negro en el informe es el estancamiento de la reforma de los aforamientos, que en España siguen protegiendo a una parte significativa de los cargos públicos. El organismo europeo subraya que, a pesar de reformas puntuales en algunas comunidades autónomas, no ha habido ningún cambio significativo a nivel estatal, que es el ámbito relevante para la evaluación.
El gobierno Sánchez alega que el aforamiento no implica impunidad, ya que los casos se instruyen en el Tribunal Supremo. No obstante, GRECO insiste en que esta prerrogativa dificulta los procesos judiciales por corrupción, al elevar el umbral de acceso a la justicia y reducir la independencia de las investigaciones.
Lobbies: avances insuficientes
En lo relativo a la regulación de los grupos de interés, el informe lamenta que los esfuerzos legislativos del Ejecutivo todavía no se hayan traducido en resultados concretos. Si bien en enero se aprobó un anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, la iniciativa aún está pendiente de tramitación parlamentaria.
GRECO critica que el texto se centra exclusivamente en los lobistas, sin abordar de forma suficiente la rendición de cuentas de los altos cargos que se reúnen con ellos, y sobre todo sin obligar a publicar las agendas de esos encuentros. “Una oportunidad perdida”, sentencia el documento, al referirse a una de las medidas más esperadas por organizaciones civiles y medios de comunicación.
Hay que recordar lo que ha sucedido con el Caso Montoro o con las actuaciones de la empresa del exministro José Blanco en sus intermediaciones con el gobierno Sánchez que, por ejemplo, fructificaron determinados rescates de empresas.
Transparencia y puertas giratorias
En materia de acceso a la información pública, GRECO reconoce algunos avances, como la mayor independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sin embargo, sigue señalando largos plazos de respuesta y trabas al acceso a documentos oficiales, lo que obstaculiza el escrutinio ciudadano.
En cuanto a las 'puertas giratorias', el informe considera que las restricciones actuales son insuficientes, al igual que las exigencias de declaraciones financieras. El organismo reclama mayor supervisión independiente, una publicación más desglosada de la información patrimonial y, en especial, una verdadera autonomía presupuestaria y funcional para la Oficina de Conflictos de Interés.
Un toque de atención en clave europea
El informe del GRECO llega en un momento de creciente atención internacional sobre la calidad democrática y la rendición de cuentas en Europa. España, aunque no está sola en el retraso de reformas, recibe un toque de atención severo, especialmente considerando su peso político e institucional dentro de la Unión Europea.
Los expertos coinciden en que cumplir con las recomendaciones del GRECO no es solo un asunto técnico o legal, sino un gesto político de compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la lucha contra la corrupción. Un compromiso que, a juicio del Consejo de Europa, sigue estando pendiente de cumplimiento efectivo por parte del gobierno de Pedro Sánchez.