El empresario Fernando Martín, quien fuera también presidente del Real Madrid durante solo 2 meses, ha reconocido haber pagado 25 millones de euros en sobornos a la trama Gürtel para conseguir un contrato urbanístico en Arganda del Rey, Madrid, entre 2004 y 2006. Su confesión llega dos décadas después de los hechos y justo antes de que comience su juicio en la Audiencia Nacional. Con este movimiento, Martín intenta pactar con la Fiscalía Anticorrupción y evitar una condena de casi 20 años de prisión.
El constructor, que lideró la promotora Martinsa y tuvo un fugaz paso por la presidencia del Real Madrid en 2006, ha detallado en un escrito que Francisco Correa, cabecilla de la trama, le ofreció su intermediación ante el Ayuntamiento de Arganda, entonces gobernado por el Partido Popular, para que su empresa ganara la adjudicación de suelo público destinado a la construcción de viviendas.
Un acuerdo cerrado en un hotel de lujo
Según su declaración, Martín y Correa se reunieron en el hotel Fénix Gran Meliá de Madrid para concretar los detalles del amaño. En ese encuentro, acordaron que Martinsa pagaría una "dádiva" de 25 millones de euros a cambio de que el Ayuntamiento le concediera el contrato sin obstáculos.
El pago se fraccionó en dos partes: 12 millones cuando el Ayuntamiento aprobó la adjudicación y el resto según avanzaban las obras. Martín admite que sabía que parte del dinero acabaría en los bolsillos de responsables municipales, incluyendo al entonces alcalde Ginés López y al consejero delegado de la Sociedad de Fomento de la localidad, Benjamín Martín Vasco.
Martín implicó a otros empresarios en el pago
Para reunir la mordida, Martín involucró a dos empresarios: Manuel Salinas y Amando Mayo. Salinas, propietario de una empresa de cocinas para promociones inmobiliarias, aportó parte del soborno con la promesa de beneficiarse en el desarrollo del proyecto. Mayo, asesor financiero, también contribuyó al pago.
Según los documentos judiciales, la primera transferencia de 12 millones se realizó a una cuenta de una empresa de Correa en el extranjero, y la segunda, de 13 millones, se ingresó en la cuenta Soleado en Suiza, administrada por Arturo Fasana, gestor financiero de la trama.
Una confesión para evitar la cárcel
Martín ha admitido los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y dos delitos contra Hacienda. Ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción una pena de tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 270.000 euros. Su defensa solicita que la pena de cárcel no se haga efectiva alegando atenuantes como la colaboración con la justicia, la reparación del daño y la dilación del proceso.
La corrupción en Arganda del Rey fue señalada ya en 2004. Según reveló El País, el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, avisó a Esperanza Aguirre y a Mariano Rajoy de que se estaba gestando un negocio turbio en el Ayuntamiento. Aguirre declaró en 2013 que tras recibir la advertencia llamó al alcalde, quien le aseguró que todo era legal. Sin embargo, la investigación ha demostrado que se trataba de un fraude multimillonario.
Un nuevo golpe para la trama Gürtel
Este caso es una de las últimas piezas pendientes de la macrocausa Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP que ha llevado a decenas de políticos y empresarios a los tribunales. En este juicio, que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, hay 21 acusados, la mayoría de los cuales han pactado con la Fiscalía para reducir sus condenas.
Los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, ya han cumplido más de una década en prisión y actualmente disfrutan del tercer grado penitenciario. Otros acusados incluyen al exalcalde Ginés López y varios exdiputados del PP en la Asamblea de Madrid.
La confesión de Martín y otros acusados acelera el juicio, que podría concluir en abril. Sin embargo, para el Partido Popular, este nuevo escándalo supone un recordatorio de los casos de corrupción que han lastrado su imagen durante las últimas décadas.