La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Catarroja un nuevo informe técnico en el que documenta el incumplimiento sistemático del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana durante la Dana de finales de octubre de 2024. Murieron más de 200 personas y aún hay desaparecidos.
Según el documento, al que ha tenido acceso Diario16+, el análisis comparativo entre el Plan y el informe oficial del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), se detectan graves deficiencias. En primer lugar, de los 58 municipios con un mayor riesgo de inundación, sólo 2 activaron sus órganos municipales de coordinación (CECOPAL). «Tienen la obligación de tener un plan territorio municipal de inundaciones los municipios con riego grave o medio. El no constituir los CECOPAL ha implicado que no se pongan todos los medios a disposición de la población», señala el informe presentado en el Juzgado de Catarroja.
Por otro lado, el CCE no se constituyó como CECOP. Este punto es muy importante, dado que impidió una gestión estructurada desde el centro autonómico. «Ello supone un incumplimiento de lo establecido en el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones. Esto puede suponer que no se ha transmitido la alerta a los municipios afectados por la declaración de emergencia y a los organismos y servicios involucrados en la operatividad […] », afirma el documento.
Además, el único Puesto de Mando Avanzado (PMA) se activó con retraso, fuera del área afectada y el día después de la catástrofe. «La mayoría de las víctimas se han producido en unas zonas donde era fácil de estimar que se produjeran pues tenían un riesgo de inundación alto o medio. De los 23 CECOPAL que se tenían que haber constituido en los lugares donde hubo fallecidos, se constituyeron únicamente 2, y el de Valencia con retraso a las 11.12 del día 29 de octubre, cuando se tenía que haber constituido el día de antes […] De un total de 58 municipios con riesgo alto de inundaciones solo se constituyeron 2. Conviene recordar que el propio plan establece que la población que sufre de riesgo de inundaciones en la provincia de Valencia es de 517.485 personas, el 20% de la población y solamente hemos tenido en cuenta personas residentes en su vivienda provincial. A su vez en la página 18 del informe número 07, se indica que el único municipio que activó su plan territorial municipal de emergencia ha sido la localidad de Algemesí», señala el informe.
Estas irregularidades que señala el documento tuvieron un impacto directo en la capacidad de respuesta. Por un lado se obstaculizó la recepción y coordinación de solicitudes de auxilio desde ayuntamientos y ciudadanía. No se activaron rondas de seguimiento ni se compartió información crítica sobre la evolución de la emergencia. Además, se ralentizó la movilización de recursos de emergencia, como bomberos o brigadas forestales.
El documento presentado en el Juzgado de Catarroja hace mucho hincapié en el contenido del informe número 07 «Episodio Meteo ‘Dana Comunitat Valenciana’» donde se comprueba cómo se establecieron las alertas. «En casi todas figuran las horas salvo en la siguiente: “se recibe un aviso SAIH de desbordamiento en la rambla del Poyo con un caudal circulando de 1686 m3/2 con una crecida muy rápida”. Me parece sospechoso que falte la hora, y el lugar del SAIH, siguiendo con el método de trabajo que estamos aplicando y según los datos que disponíamos de la AVAMET del SAIH de Xúquer era de 1891 m3/sg a las 18.35 por lo que es lógico pensar que tenía información con anterioridad de esa hora», afirma el documento.
La representación legal de FETAP-CGT ha solicitado a la jueza que se requiera información al Centro de Coordinación de Emergencias para esclarecer, en primer lugar, si se cumplieron los protocolos de rondas informativas con servicios básicos y municipios y, en segundo término, si se establecieron los procedimientos de coordinación del CECOPI conforme a lo previsto en el Plan.
Los portavoces de FETAP-CGT han señalado que «estamos ante una falta de aplicación real de un plan diseñado para proteger vidas. No es una cuestión solamente técnica o política: es un incumplimiento con consecuencias humanas irreversibles».