¿Es Felipe González un narcotraficante? No. ¿Ha tenido relación directa o indirecta con personas vinculadas al narcotráfico o adoptó en la presidencia del Gobierno decisiones que presuntamente beneficiaron a los cárteles colombianos? Eso es lo que analizaremos en este artículo.
Todo comienza con un caso de supuesto soborno y presiones de las más altas instancias del Estado, Presidencia y Ministerio de Justicia, para evitar una extradición, del mismo modo que presuntamente ocurrió recientemente con el empresario Ángel Pérez-Maura, sobrino de Emilio Botín y primo de Ana Patricia Botín. En este caso, la extradición se refiere a dos narcotraficantes colombianos, Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos de los cárteles de Medellín y Cali en los años 80 y 90.
Tras el asesinato del Ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 por sicarios del cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Ochoa Vázquez, Escobar se escondió en Nicaragua y Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela se instalaron en España donde vivían a cuerpo de rey en sus lujosas viviendas con piscina, pista de tenis, discoteca y bodega en Pozuelo de Alarcón.
Ochoa y Orejuela se dedicaron, con la ayuda de su socio el capo hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, que también vivía en España como un pachá en su lujosa vivienda de la urbanización “Las Lomas” de Boadilla del Monte, cercana a la actual Ciudad financiera del Santander, y el apoyo de Sito Miñanco y demás clanes de las rías gallegas, a crear en España el canal de entrada de la cocaína en Europa.
Ochoa y Orejuela, tras la investigación de la Drugs Enforcement Administration (DEA) la agencia antidroga americana que había instalado una delegación en la calle Serrano de Madrid, fueron detenidos y encarcelados por la policía española en noviembre de 1984, por las peticiones de la Embajada de los Estados Unidos por procesos criminales de tribunales de Nueva York y California.
A partir de la detención de Ochoa y Orejuela, los Estados Unidos solicitaron a España su extradición, en diciembre de 1984, por delitos de narcotráfico. Mientras, en Colombia no existía ningún proceso abierto contra Orejuela hasta febrero de 1985, cuando el Fiscal de Cali presentó denuncia por narcotráfico y se solicita la extradición por nota verbal fechada el 30 de mayo de 1985 para Orejuela y el 10 de septiembre para Ochoa.
En el gobierno español, entonces presidido por el socialista Felipe González, se planteó la dicotomía de a qué país conceder la extradición, si a Estados Unidos donde, sin duda alguna, serían encarcelados y enjuiciados por sus crímenes o a Colombia donde sabían que los narcotraficantes saldrían a la calle en cuanto pisaran su patria.
La decisión del gobierno español se decidió a favor de la extradición a Colombia y en perjuicio de los Estados Unidos. La balanza, según se dijo por fuentes de solvencia, la decantó el lobby colombiano cercano a Felipe González y unos supuestos 30 millones de dólares que los cárteles colombianos dedicaron para, presuntamente, pagar sobornos en España para evitar la extradición de los capos colombianos al país norteamericano.
Según escribiría posteriormente Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, en el libro El hijo del ajedrecista y según confirmó John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, el más sanguinario sicario de Escobar, los 30 millones de dólares se repartieron del siguiente modo: 5 millones a Felipe González para financiar presuntamente la campaña electoral de las elecciones generales de 1986 y 10 millones fueron a parar supuestamente a la Audiencia Nacional.
Según fuentes judiciales, el gobierno socialista capitaneado por Felipe González y su ministro de Justicia, Fernando Ledesma, junto con el lobby colombiano, presuntamente presionaron a los miembros de la Sala de conflictos del Tribunal Supremo para fallar a favor de los narcos colombianos que no querían ser extraditados a Estados Unidos, tratando de revestir la decisión como una decisión puramente jurídica de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo cuando, en realidad, era una decisión exclusivamente política ya que las resoluciones judiciales no eran vinculantes para el gobierno que tenía plena potestad, en el ejercicio de la Soberanía nacional, para decidir a qué país extraditar a los narcos.
La Audiencia Nacional, tras meses de múltiples resoluciones,estimó la procedencia de las extradiciones solicitadas y se decantó porconcederlas a Colombia con resoluciones judiciales del 11 de febrero y 20 demarzo de 1986 con 4 votos a favor y 3 en contra. Posteriormente, dichasresoluciones fueron ratificadas por autos de la Sala de lo Penal de laAudiencia Nacional con el voto particular disidente de su presidente JuanManuel Orbe Fernández-Losada que mantenía razonadamente que debían serextraditados a los Estados Unidos.
Por su parte, la Sala de conflictos del Tribunal Supremo, presidida por Antonio Hernández Gil y formada por otros dos magistrados, José Luis Ruiz Sánchez y Pedro Antonio Mateos García y tres consejeros de Estado: Landelino Lavilla, Miguel Vizcaíno y Gregorio Peces-Barba, decidió los conflictos de jurisdicción 11/86 y 12/86 en sentencias de 9 y 20-7-1986 acordando extraditar al capo del Cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa Vázquez, y al líder del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, a Colombia con el único voto en contra de Peces Barba, padre del que fuera presidente del Congreso.
Peces-Barba emitió sendos votos particulares en los que reproducía los razonamientos del Magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Orbe Fernández-Losada, manteniendo que, conforme al artículo 10 del Tratado bilateral Hispano-Colombiano, la extradición debía concederse al país que primero hubiera solicitado la extradición. Siendo que Estados Unidos solicitó la extradición en diciembre de 1984 y Colombia las solicitó en mayo y septiembre de 1985, era evidente que la extradición debía concederse a los Estados Unidos y no a Colombia.
Además, Peces-Barba mantenía que, conforme al artículo 6 dela Ley 4/1985 de extradición pasiva, la resolución de la Audiencia Nacional noera vinculante para el gobierno, que podía denegarla en el ejercicio de laSoberanía Nacional atendiendo a razones de seguridad o de intereses esencialesde España. Por tanto, el gobierno ostentaba plena competencia constitucionalpara decidir a qué Estado debía entregarse a Gilberto Rodríguez Orejuela yJorge Luis Ochoa Vázquez.
De todo ello se deduce que el gobierno de Felipe González pudo consentir que Ochoa y Orejuela fueran extraditados a Colombia, sin ejercitar su potestad para extraditarlos a Estados Unidos, pese a ser conocedores de que en Colombia serían dejados en libertad de forma casi inmediata, como así ocurrió a los pocos meses.
Esta decisión del Gobierno, dicen fuentes bien informadas, que se produjo por las influencias del lobby colombiano muy cercano a Felipe González que, no olvidemos, ostenta la nacionalidad colombiana. Dicho lobby podría estar formado un famoso empresario español amigo de González casado con una colombiana perteneciente a una de las familias más poderosas de Colombia, supuestamente vinculada con espinosos casos de paramilitarismo como el de la finca Bellacruz.
Este empresario fue conocido por la operación de la construcción del metro de Medellín en la que presuntamente se llevó una comisión de más de 20 millones de euros para que la concesión fuera a parar al consorcio hispano-alemán Metromed, gracias a la supuesta intermediación de González con el presidente colombiano Belisario Betancur.
El escándalo en el que se imputaba a González haberse llevado parte del dinero con su amigo llegó al Congreso, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, pero las cloacas del Estado consiguieron que todas las investigaciones quedasen en “agua de borrajas”, al igual que todas las investigaciones que han afectado a González por sus supuestos negocios en Colombia, Panamá y República Dominicana. Recordemos que el escritor José Luis de Vilallonga contó en alguna ocasión que un empresario, en el fragor de las copas en una fiesta en su apartamento de París, dijo que su amigo Felipe tenía una “pequeña fortuna” en Colombia.
Pero la relación más peligrosa sería la de Pablo Escobar que, siendo congresista suplente, acudió junto al ministro de Justicia colombiano, Alberto Santofimio Botero, narco-político condenado por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, al Hotel Palace a la celebración de la victoria electoral de Felipe González en las generales de octubre de 1982 en las que fue elegido presidente.