En los pasillos del poder judicial español, los calendarios importan tanto como los autos. Juan Carlos Peinado, el magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, cumplirá 71 años el 27 de septiembre. Más que un aniversario personal, la fecha marca el inicio de una cuenta atrás: un máximo de doce meses para culminar una investigación que amenaza con acompañar al Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta el final de la legislatura.
La Ley Orgánica 7/1992 establece la jubilación forzosa de jueces y magistrados a los 70 años, con la opción de prorrogar dos más. Peinado ya ha hecho uso de esa extensión, y en su último tramo profesional se ha situado en el centro de una tormenta política y mediática que expone tanto los límites del sistema judicial como la fragilidad de la confianza en las instituciones.
Investigación elástica
Desde que se abrió hace más de un año, la instrucción ha adquirido un carácter expansivo, que desde la izquierda se califica de prospectiva. Lo que comenzó como un análisis sobre presunto tráfico de influencias ha ido sumando imputaciones, entre ellas malversación, desestimada por el propio Peinado hace meses y después reintroducida tras un revés de instancias superiores. La Audiencia Provincial de Madrid ha llamado la atención al magistrado por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” en algunas decisiones, mientras acumula ocho recursos pendientes de resolver.
La pieza más polémica es la solicitud a Moncloa de la totalidad de los correos electrónicos de Gómez desde que Sánchez llegó al poder, sin límite temporal ni criterios específicos. Para la defensa, se trata de una “investigación prospectiva”, un concepto casi anatema en el derecho procesal, cuyo único efecto práctico es mantener a la esposa del presidente bajo el foco mediático.
Los abogados de Gómez acusan al juez de actuar con un déficit de motivación jurídica y sin las cautelas necesarias ante la repercusión pública del caso. En un recurso reciente, denuncian que la providencia de Peinado “carece de cualquier fundamentación” y que la redacción “obvia los requisitos más importantes” para justificar la medida. La Audiencia, en uno de sus autos, ya había recordado al instructor que debía ceñirse a la pregunta clave: si la esposa del presidente utilizó recursos públicos para favorecer intereses privados.
Trasfondo político
En España, los procesos judiciales con carga política rara vez ocurren en el vacío. El caso Begoña Gómez se ha convertido en un arma arrojadiza en la batalla partidista, amplificada por medios y redes sociales en un clima de polarización creciente. La instrucción de Peinado, con sus idas y venidas, ofrece munición a la oposición para desgastar a Sánchez, mientras los socialistas denuncian una estrategia de “lawfare” que amenaza con judicializar la política hasta la parálisis.
El calendario añade dramatismo. Si Peinado prorroga la investigación otros seis meses, como se da por hecho, el caso podría seguir vivo en pleno ciclo electoral, justo cuando Sánchez intente afianzar su liderazgo o preparar su sucesión. Un año en política española puede ser una eternidad; pero un juez con doce meses por delante y un caso abierto contra la primera dama es un factor que ningún estratega puede ignorar.
Justicia bajo presión
La figura de Peinado encarna una tensión más amplia en la democracia española: cómo equilibrar la independencia judicial con la necesidad de garantizar procedimientos sólidos y libres de sospecha. La justicia no solo debe ser imparcial, también debe parecerlo. La percepción de que un magistrado utiliza sus últimas prórrogas profesionales para estirar una investigación sin pruebas contundentes erosiona la confianza ciudadana tanto como cualquier escándalo político.
La incógnita es qué hará Peinado tras regresar de sus vacaciones de octubre. Todo parece indicar que persistirá en mantenerlo abierto hasta su jubilación definitiva. El desenlace no dirá tanto sobre Begoña Gómez como sobre la capacidad de las instituciones españolas para blindarse frente a la política de la sospecha.