Poco a poco, la extrema derecha va endureciendo su discurso antimigratorio. Una estrategia que empieza a contaminar también al PP, quien, por boca de su líder, Alberto Núñez Feijóo, recupera los mensajes xenófobos contra los extranjeros al vincular delitos e inseguridad ciudadana con inmigración. Esa nefasta forma de hacer política que promueve el odio al migrante en la sociedad debe ser combatida con educación en las escuelas, pero también con el Código Penal en la mano. En las últimas horas, la Fiscalía de delitos de Odio y Contra la Discriminación ha abierto diligencias de investigación penal por los tuits de la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Cecilia Herrero, denunciados por el grupo municipal Compromís por “racistas” y “xenófobos”, según han confirmado fuentes del ministerio público a Europa Press.
El pasado abril, la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de la ciudad, Lucía Beamud, puso en conocimiento de la Fiscalía el “ataque” que Herrero realizó contra el activista por los derechos humanos y ex diputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye, al que le dijo en un mensaje en una red social: “Falta que te vuelvas a tu país”.
Compromís trasladó a Fiscalía que estas actitudes “no pueden quedar impunes, especialmente de una representante pública”, por lo que consideraba que el ministerio público “debería tomar las acciones legales pertinentes” al poder incurrir ese mensaje en un delito de odio tipificado en el Código Penal que sanciona a quienes “públicamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo, parte de este o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, como es el caso”.
Posteriormente, el pasado 2 de mayo el grupo anunció que ampliaba la denuncia contra la edil de Vox “tras encontrar más mensajes racistas y xenófobos” emitidos por Herrero en redes sociales. “No podemos permitir que en la ciudad se hagan esas afirmaciones y queden impunes”, declaró entonces la portavoz de Compromís, Papi Robles, sobre los mensajes de Herrero.
Y añadía: “Tenemos claro que esta concejala es una racista y no sólo por su comentario contra un activista de los derechos humanos sino por el historial que tiene en sus redes sociales”, ha expuesto Beamud. “Es un racismo más que evidente”, remarcó.
El delito de odio castiga a quienes promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra una minoría con penas de prisión de uno a cuatro años y una multa de 6 a 12 meses. Así, en noviembre de 2019 el fiscal llegó a pedir tres años y medio de prisión por un delito de odio para un hombre que divulgaba en su página de Facebook mensajes contra el islam y los musulmanes, quienes afirmaba que se debían exterminar y perseguir por motivos religiosos.
Según el Ministerio de Interior, un delito de odio es “cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades”, en las que la víctima, el local o el objetivo de la infracción se fundamente por su “conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo”, ya sea real o percibida. Este grupo “debe estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar”. Vox empieza a tener problemas con la Justicia por su lenguaje xenófobo. Nada puede amparar una expresión de racismo, ni siquiera el sacrosanto derecho a la libertad de expresión.