El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha desestimado el recurso de la Fiscalía contrario a procesar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. De esta manera, el instructor trata de relacionar al expresident de la Generalitat con Tsunami Democratic, la plataforma ciudadana independentista que promovió altercados y disturbios en respuesta contra el procesamiento de los líderes del procés. El magistrado también incluye en su auto a la dirigente de Esquerra Marta Rovira y a otras diez personas.
Según el instructor de la Audiencia Nacional, tras las últimas diligencias practicadas hasta la fecha, se ha afianzado la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo. Sin embargo, a nadie se le escapa que el día elegido por García Castellón para reactivar esta causa coincide sospechosamente con el momento de máxima tensión que se vive en la vida política española. De entrada, llama poderosamente la atención que la resolución se dicte precisamente cuando Santos Cerdán y Jordi Turull negocian, en nombre de PSOE y Junts respectivamente, la amnistía, el traspaso de competencias y un posible referéndum en Cataluña. No pretendemos afirmar aquí que García-Castellón haya hecho todo lo posible por influir políticamente en las negociaciones pero, parecerlo, lo parece. Si existe eso que se llama lawfare o guerra sucia judicial, este sería un caso de manual con todos los ingredientes.
El auto, que enmienda la plana a la Fiscalía, ya está dictado. Ahora bien, ¿qué posibilidades reales tiene García-Castellón de sentar en el banquillo de los acusados a Carles Puigdemont? Escasas, habría que decir. En primer lugar, habría que probar que Tsunami era una organización terrorista más que un movimiento cívico. Y ahí la frontera es difusa, no está clara. La plataforma se presentó en las redes sociales el 2 de septiembre de 2019, cuando hizo público un manifiesto inicial. Según este panfleto fundacional, el objetivo de la iniciativa era impulsar una campaña de movilización basada en la “lucha no violenta” y en la “desobediencia civil” para reaccionar contra la sentencia del Tribunal Supremo de España sobre el referéndum de independencia de Cataluña del primero de octubre de 2017.
Desde el primer día, el proyecto contó con la complicidad de todos los partidos independentistas y entidades, y varios dirigentes políticos como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras compartieron y difundieron sus mensajes vía Twitter. Es cierto que algunas de las acciones de Tsunami superaron la legalidad, ya que bloquear el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, tal como ocurrió el 14 de octubre de 2019, fue mucho más allá de una simple protesta ciudadana. Como también se excedieron al cortar la AP7. Pero por esa misma regla de tres habría que meter en la cárcel por terrorismo a los huelguistas que se saltan los servicios mínimos, participan en piquetes informativos y queman neumáticos en las autopistas. No parece el caso y se hace difícil pensar que el Tribunal Supremo o el Constitucional avale la teoría de García-Castellón. En cuanto al fatal desenlace que sufrió un turista francés fallecido por un ataque al corazón en El Prat, durante la jornada de protesta, habría que hilar muy fino para condenar por homicidio a los integrantes de la red. Ni hubo dolo, ni hubo ánimo lesivo, ni la intención de los activistas era matar a nadie. Fue un desafortunado accidente. Y ninguna autopsia al fallecido podrá demostrar que esa persona murió por una impresión o paro cardíaco al ver a unos encapuchados corriendo por la terminal.
En segundo lugar, García-Castellón tendrá que probar la conexión entre Puigdemont y sus cachorros revolucionarios. Lo tendrá complicado para determinar que el expresidente creó, gestionó y lideró una organización compleja que movilizó a cientos de adeptos en las redes sociales. Que un dirigente político arengue a sus CDR en Twitter, el ya célebre apreteu, apreteu de Quim Torra, no significa que se pueda acreditar que era él el cabecilla y último responsable. Las redes sociales son territorios evanescentes. Hay miles de cuentas anónimas, nombres falsos, todo es mentira. Así que lo más probable es que la Justicia tenga que conformarse con llegar hasta los cabezas de turcos, es decir, hasta los líderes de los escalones inferiores que daban las órdenes concretas sin salpicar a Puigdemont. Tenemos un caso paradigmático de líder político que toma parte en un movimiento social antisistema en Donald Trump. El expresidente ha sido investigado por instigar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Tras incitar el golpe, el magnate neoyorquino hizo un llamamiento para que sus seguidores desistieran y se fueran en paz a sus casas. Hasta el día de hoy, nadie ha podido condenarlo y el único castigo lo recibió de Twitter, que suspendió el perfil de su cuenta personal. En el caso de Puigdemont, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abrió una investigación bastante incompleta para tratar de descubrir a las personas que estaban detrás del grupo. Y Puigdemont se ha defendido alegando que no sabe quiénes eran los organizadores de Tsunami.
Por último, el magistrado tiene en contra a la Fiscalía y a los tribunales europeos. La primera no ve delito de terrorismo por ningún lado ni pruebas para inculpar a los líderes soberanistas investigados. Los cuatro años de investigación “no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional”. Así pues, el fiscal pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia que revoque el auto y ordene el envío de la causa a los juzgados de Cataluña. García Castellón, empeñado en el caso quizá por cuestiones ideológicas que solo él conoce, ha hecho caso omiso a esta recomendación. Por su parte, ningún juez europeo admitirá que esto fue un caso flagrante de terrorismo equiparable a los sangrientos atentados cometidos por bandas como ETA, Grapo, IRA o la Baader-Meinhof alemana. Tsunami no fue ninguna broma, pero situar una movilización ciudadana de protesta, más o menos violenta, a la misma altura que el terrorismo etarra es simplemente un sarcasmo y una ofensa a las víctimas de los crímenes cometidos en su día por los separatistas vascos.
A esta hora, según se desprende del auto, todo lo que tiene García-Castellón es un supuesto informe de los Mossos D’Esquadra sobre los altercados en el Prat, unos cuantos policías heridos y el juicio personal de que las actividades de los manifestantes dañaron los intereses del Estado en Cataluña e infraestructuras “críticas o esenciales”. Poco bagaje.
García-Castellón quedará como el juez que se inhibió a la hora de instruir el caso contra el dictador Augusto Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo de Estado. También por su laxitud cuando había que llegar hasta el final en casos que afectaban al PP. “A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo”, asegura Pedro Águeda en el Diario.es. Muchos han querido ver en él al juez de guardia de la derecha. Quizá tenga algo que ver que, a petición del Gobierno Aznar, su primer destino como juez enlace fuera París, donde trabajó por la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo. O que, más tarde, el ministro Gallardón, ya con Rajoy, lo destinará en Roma. Así que se ha ganado a pulso la etiqueta de juez popular.