Este viernes, toda la atención del poder judicial y de la esfera política se centró en Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Su intervención ha sido el centro de un debate inusual: se encuentra procesado por un presunto delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y aun así tomó la palabra en uno de los actos más solemnes del curso judicial, presidido por el Rey.
Con gesto serio y palpable tensión, García Ortiz abrió su discurso reconociendo la excepcionalidad de su situación. “Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención”, afirmó, subrayando que su presencia no es un acto de desafío personal, sino una reafirmación de su fe en las instituciones. “Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”, añadió.
La polémica que rodea al fiscal general
La presencia de García Ortiz en el acto ha generado críticas especialmente entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuestos por el PP y diversas asociaciones de jueces y fiscales de corte conservador. Se llegó a sugerir que delegara su intervención en otro fiscal o incluso que se ausentara de la ceremonia. Sin embargo, el jefe del Ministerio Público defendió que su participación estaba prevista legalmente y se ajustaba a un acto “solemne y reglado presidido por el Jefe del Estado”, en cumplimiento del artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El ambiente fue tenso, no solo por la situación judicial de García Ortiz, sino también por la disputa política que ha enfrentado al Gobierno con el bloque conservador. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, anunció su ausencia como señal de protesta por la situación del fiscal y la polémica alrededor de las críticas del Ejecutivo hacia jueces que investigan a familiares de dirigentes políticos.
Defensa de la Fiscalía y llamado a la institucionalidad
Durante su intervención, García Ortiz dedicó un minuto a aludir a las críticas y al contexto que rodea su procesamiento, antes de centrarse en la presentación de la memoria anual de la Fiscalía. Su mensaje fue claro: pidió respeto para la función de los fiscales y defendió la fortaleza de la institución. “Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución sólida y confiable que vertebra un país y garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica y activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes”, recalcó.
Asimismo, destacó la amplia actividad de su departamento en la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, al que calificó como una “amenaza silenciosa para la sociedad con cada vez más potencial de daño”. También hizo hincapié en la protección de menores inmigrantes, instando a la sociedad a reflexionar sobre cómo su respuesta actual marcará la forma en que se juzgue a las futuras generaciones.
La independencia frente al poder político
García Ortiz negó las acusaciones que algunos sectores han hecho sobre su supuesta sumisión al Gobierno de turno. “Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido, la Fiscalía española es la mejor salvaguarda para la ciudadanía y el Estado de derecho”, afirmó, insistiendo en la necesidad de mantener la independencia de la institución frente a presiones externas.
El fiscal general también aprovechó para defender la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, planteando que los fiscales deberían tener un papel más activo en la dirección de la instrucción de causas penales. Subrayó que el objetivo no es sustituir a profesionales, sino establecer un sistema equilibrado con contrapesos institucionales que refuerce los derechos de los justiciables y evite distorsiones en la administración de justicia.
Reacciones
La ceremonia, celebrada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, contó con la presencia del Rey Felipe VI, la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Tradicionalmente, los discursos de apertura del año judicial no concluyen con aplausos; sin embargo, este año se registraron algunas muestras de apoyo al finalizar la intervención de García Ortiz, aunque muchos magistrados y fiscales optaron por no aplaudir, reflejo de la división interna que atraviesa la judicatura.
El contraste con el año pasado fue evidente: entonces, la presidenta Perelló fue aplaudida al asumir su cargo tras el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, bloqueado durante cinco años. Este año, el fiscal general se convirtió en el centro de atención debido a la polémica sobre su procesamiento.
Un mensaje hacia el futuro
Concluyendo su discurso, García Ortiz hizo un llamamiento a la responsabilidad y al respeto institucional: “Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse”, dijo, recordando que la Fiscalía debe ser percibida como una institución imparcial y fuerte. Su mensaje fue doble: por un lado, defender su permanencia en el cargo y, por otro, garantizar que la ciudadanía entienda la función del Ministerio Público como garante de la legalidad y la protección de los derechos.
El acto de este viernes ha marcado un antes y un después en la apertura del año judicial, dejando a García Ortiz como protagonista indiscutible y reflejando la compleja relación entre poder político, judicatura y ciudadanía. Su intervención ha puesto en evidencia que, aunque procesado, su convicción en la justicia y en la verdad sigue siendo el eje central de su gestión, y que la defensa de la Fiscalía como institución independiente se mantiene como prioridad en el horizonte judicial español.