El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que amplía y moderniza el derecho de rectificación, adaptándolo a la era digital. Esta nueva normativa, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia, obligará a medios de comunicación, plataformas digitales y creadores de contenido relevantes a ofrecer canales “exprés” para que los afectados por informaciones falsas puedan ejercer su derecho a rectificar.
Los usuarios relevantes, en el punto de mira
Uno de los aspectos más innovadores de esta reforma es la inclusión de los denominados “usuarios de especial relevancia”, que son aquellos que acumulen más de 100.000 seguidores en una sola red social o 200.000 entre varias plataformas. Estos influencers y creadores de contenido serán considerados equivalentes a los medios de comunicación tradicionales en lo que respecta a la difusión de informaciones y la obligación de rectificar.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la medida argumentando que “la ciudadanía tiene derecho a protegerse frente a los buleros profesionales”. Bolaños destacó que esta ley será un pilar para blindar la democracia frente a la desinformación, que calificó como un “ataque directo al debate público y a la convivencia democrática”.
Ampliación del derecho de rectificación
La normativa, que actualiza la vigente Ley Orgánica del Derecho de Rectificación de 1984, incorpora varias mejoras clave:
- Extensión a familiares de fallecidos: Ahora, las personas cercanas a un ciudadano fallecido podrán ejercer el derecho a rectificar informaciones falsas que afecten su memoria o reputación.
- Supresión de requisitos arcaicos: Se elimina la obligación de enviar una carta al director del medio como requisito previo para solicitar una rectificación.
- Plazos más amplios y accesibilidad: El plazo para ejercer este derecho se extiende de 7 a 10 días, y se obliga a las plataformas y medios digitales a implementar mecanismos accesibles para procesar solicitudes de manera ágil.
- Gratuidad y relevancia: Las rectificaciones deberán ser difundidas de forma gratuita, íntegra y con una relevancia semejante a la de la información original.
Obligaciones de las plataformas digitales
Las plataformas en línea como X, Facebook o Instagram también estarán sujetas a esta normativa. Deberán habilitar herramientas claras y visibles para que cualquier usuario afectado pueda enviar solicitudes de rectificación y hacer seguimiento del proceso. Esto incluye notificaciones para confirmar la recepción de la solicitud y garantizar una resolución en los plazos establecidos.
El anteproyecto también busca evitar que las plataformas sean arrastradas a conflictos legales entre usuarios. Para ello, se ha diseñado un marco que delega la responsabilidad en el usuario que ejerza el control efectivo sobre el contenido en cuestión.
Impacto en la creación de contenidos
Con esta normativa, los influencers y creadores de contenido quedarán equiparados a los medios de comunicación en lo que respecta a la difusión de noticias. Esto supone una gran transformación en la regulación del ecosistema digital, que hasta ahora había dejado a estos actores en un limbo legal.
Desde asociaciones de defensa de los derechos digitales señalan que esta reforma es necesaria para frenar la proliferación de bulos y fake news en las redes sociales, aunque también advierten del reto que supone garantizar la aplicación efectiva de estas medidas en un entorno tan disperso y dinámico.
La propuesta no está exenta de críticas. Algunos sectores temen que la ley pueda ser utilizada para censurar opiniones o restringir la libertad de expresión en las redes sociales. En este sentido, expertos jurídicos advierten de la necesidad de garantizar un equilibrio entre el derecho a la rectificación y el respeto a la libertad de expresión.
Además, se plantea el desafío técnico de implementar mecanismos de rectificación que sean ágiles y efectivos sin sobrecargar a las plataformas digitales ni generar conflictos innecesarios.
El texto deberá superar ahora el trámite parlamentario, donde podría ser objeto de modificaciones. Mientras tanto, el Ejecutivo confía en que esta nueva normativa contribuirá a proteger la democracia y garantizar un debate público más saludable.