El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el objetivo de reforzar la transparencia y garantizar el acceso igualitario a la información durante las campañas electorales. Entre las novedades más relevantes, el texto establece que será obligatorio celebrar, al menos, un debate electoral entre los principales candidatos durante la campaña en los medios públicos, una medida sin precedentes en la democracia española.
Además, los medios de comunicación —tanto públicos como privados— deberán publicar los llamados "microdatos" de las encuestas que difundan, es decir, los datos desglosados que explican cómo se han obtenido los resultados. Esto permitirá a la ciudadanía y a los expertos conocer la metodología utilizada y comprobar la fiabilidad de los sondeos.
Según el Ejecutivo, esta reforma se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia, una iniciativa que responde a las recomendaciones de la Comisión Europea para mejorar la calidad democrática en los Estados miembro.
Debates públicos y participación obligatoria
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modificación del artículo 66 de la LOREG, que establece la obligación de celebrar al menos un debate entre los principales candidatos en medios de comunicación de titularidad pública. La norma afectará a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria obtenida en los últimos comicios equivalentes, aunque se abre la puerta a incluir también a "grupos políticos significativos". Estos son aquellos partidos que, sin tener escaños, hayan alcanzado al menos un 5% de los votos válidos en alguna elección posterior en el ámbito territorial correspondiente.
Eso sí, solo causas justificadas —y aceptadas por la Junta Electoral competente— podrán eximir a un candidato o formación de participar en el debate. El objetivo es evitar que los principales líderes eludan este tipo de confrontaciones públicas, como ha ocurrido en anteriores convocatorias electorales.
Más control sobre las encuestas y los medios
La segunda gran pata de la reforma está centrada en los estudios demoscópicos. A partir de la aprobación definitiva de la ley, todos los medios que publiquen encuestas tendrán que detallar cómo se ha elaborado cada una: muestra, errores, fórmulas de estimación, etc. La ciudadanía, por tanto, podrá revisar y contrastar los datos con mayor rigor.
En paralelo, el Gobierno también quiere aumentar la transparencia en la financiación de los medios de comunicación. Por ello, se modificará la ley de publicidad institucional, obligando a todas las administraciones a hacer público cuánto dinero destinan a medios a través de campañas, anuncios o subvenciones. Incluso el Ejecutivo se compromete a revelar de forma sistematizada lo que gastan también las empresas públicas, una información que actualmente no está fácilmente disponible.
Además, se establecerá un régimen sancionador para los medios que no informen de quiénes son sus propietarios o accionistas ni del volumen de publicidad institucional recibida. Será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de vigilar y sancionar posibles incumplimientos.
UGT: “Los debates deben celebrarse en RTVE y EFE”
Desde la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) se ha valorado positivamente la medida, pero también han lanzado una petición clara: que los debates electorales obligatorios se celebren en los medios públicos estatales, como RTVE y la agencia EFE, en el caso de elecciones generales y europeas.
"Es fundamental que estos debates se celebren en plataformas de titularidad pública y con criterios profesionales, imparciales y de servicio público", han señalado desde el sindicato. UGT defiende que este tipo de espacios garantiza el derecho a la información y evita manipulaciones interesadas por parte de medios privados.
En el caso de comicios autonómicos, la agrupación propone que los debates se realicen en las cadenas públicas de cada comunidad. Y, en las regiones donde no existan estas cadenas, que se usen los centros territoriales de RTVE y EFE.
Más pluralismo y menos opacidad
Desde UGT también han insistido en que los debates no pueden quedar al arbitrio de los candidatos. "No puede permitirse que los partidos decidan si quieren o no participar. La ley debe exigir su presencia como parte de sus deberes democráticos", subrayan.
Además, la agrupación defiende que no se limite la celebración de debates a un único encuentro obligatorio. "Cuantos más debates haya, más oportunidades tiene la ciudadanía de conocer y comparar propuestas políticas de forma plural y directa", concluyen.
Una reforma aún por aprobar
Aunque el Consejo de Ministros ya ha aprobado el anteproyecto, este aún debe pasar por el Congreso y el Senado antes de su entrada en vigor. No se descarta que durante la tramitación parlamentaria se introduzcan enmiendas que refuercen o modifiquen algunos aspectos del texto original. Lo que sí está claro es que el Gobierno quiere que la democracia española funcione con más luz y taquígrafos, y que el acceso a la información política sea más igualitario, fiable y plural.