El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la gestión del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana, tras admitir hoy una batería de pruebas y ordenar la práctica de nuevas diligencias que pueden arrojar luz sobre la actuación de las autoridades en los episodios de octubre de 2024.
En un auto fechado este lunes, al que Diario16+ ha tenido acceso, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra admite la solicitud de la representación de Fetap‑CGT para incorporar al proceso los análisis técnicos elaborados por el perito Sergio Álvarez Hombría, que comparan lo previsto en el plan de inundaciones con los informes reales del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) durante la “Dana” que azotó la región el 28 y 29 de octubre. Esos documentos, según el tribunal, resultan “indispensables” para verificar si se cumplieron los protocolos de aviso y control de cauces previstos en la normativa.
La resolución judicial acuerda oficiar al CCE para que precise si, en situación de preemergencia declarada el 28 de octubre, el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia remitió los avisos a todos los municipios con planes de riesgo, y cuántos de ellos constituyeron efectivamente sus Comités Locales de Protección Civil (CECOPAL). Asimismo, reclama los informes de seguimiento elaborados el día 29 por el CCE, así como las rondas informativas entre organismos y servicios de emergencia para vigilar la evolución de la lluvia y el nivel de los ríos.
El auto también ordena requerir a los bomberos forestales de la Generalitat datos sobre las operaciones de rescate aéreo efectuadas aquel día, y pide al CCE que remita sus protocolos internos de comunicación, incluidas las pautas para coordinar las llamadas de ciudadanos al 112 y las demandas de los ayuntamientos. La jueza considera “procedente” conocer si el sistema de radio digital COMDES registró comunicaciones clave que pudieran haberse omitido en la causa.
Además de la documentación técnica, la jueza ha acordado tomar declaración testifical a Silvia Soria Cases, exjefa de gabinete de la consellera de Emergencias Salomé Pradas del gobierno de Carlos Mazón, y ha ratificado la solicitud de tomar declaración a Jorge Suárez Torres, siempre en calidad de testigo. Estas comparecencias pretenden esclarecer quién dio las órdenes de activación de los distintos grupos de trabajo (Comité Asesor, Grupo de Seguimiento del Riesgo, Grupo de Gestión de Medios y Recursos y Gabinete de Información) y en qué momento se articularon para hacer frente a la crisis.
Esta parte de la investigación se originó a raíz de varios escritos presentados entre marzo y abril por Fetap‑CGT, que impugnaban la respuesta oficial ante el barranco del Poyo y otros puntos críticos donde las inundaciones provocaron daños materiales y peligros para la población. El sindicato apuntaba a posibles lagunas en la transmisión de alertas entre la Agencia Valenciana de Seguridad y los municipios, así como a la falta de coordinación en la cadena de mando del Plan Especial.
Con este auto, el juzgado refuerza la hipótesis de que existieron deficiencias en la aplicación de los protocolos previstos en la Ley de Protección Civil valenciana. La obtención de los informes y grabaciones solicitadas permitirá comprobar si las administraciones actuaron con la diligencia debida o si, por el contrario, se produjo un fallo sistemático que dejó desprotegidos a decenas de miles de personas.