El bebé de Ana Obregón, nacido de un vientre de alquiler, ha abierto un agrio debate en la política y la sociedad española. El asunto no estaba en la agenda del Congreso de los Diputados y a muchos parlamentarios les ha cogido con el pie cambiado. La mayoría ni siquiera sabía qué era eso de la gestación subrogada (subcontrata para la compraventa de niños, podría llamarse más acertadamente) y ahora se les ve leyendo artículos y libros sobre el tema, a toda prisa, aceleradamente, para ponerse al día y responder a las preguntas de los periodistas que los asaltan en la M30 del Congreso para pedirles un titular. Un claro ejemplo de que la realidad siempre va por delante de la política.
En general reina la confusión, la indefinición calculada y la incoherencia sobre el asunto, pero unos partidos lo tienen más claro que otros. La izquierda, una vez más, está dando ejemplo de congruencia. Tanto PSOE como Unidas Podemos, además de los grupos minoritarios periféricos, llevan hablando de este problema desde hace tiempo y reclaman que nuestro país siga manteniendo la prohibición de gestar niños mediante este sistema, no solo porque supone una cosificación de la mujer, que acaba convirtiéndose en mera máquina de parir, sino porque degrada el concepto mismo de maternidad, mercantilizándolo y reduciéndolo a una actividad económica más. Aquí socialistas y morados coinciden en lo esencial, no como en el asunto del sexo trans, donde las feministas de uno y otro partido mantienen una enconada batalla ideológica.
Menos afinada es la posición de las derechas. Ciudadanos, por ejemplo, se ha autoproclamado como el adalid de la sustitución de úteros, aunque con matices. “En el sistema que defiende Cs no se alquila ningún vientre. Es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio”, recuerda Edmundo Bal. Vox, por su parte, rechaza esta práctica y aboga por seguir con la ilegalización total. Por lo visto en esto los trumpistas son más nacionalcatolicistas que los populares, y no admiten ninguna creación humana que no sea la que instauraron Adán y Eva en el paraíso terrenal.
Pero sin duda es el PP el partido que se está mostrando más ambiguo y remiso a la hora de fijar posición ideológica. Quizá porque entre sus propias filas hay detractores y partidarios de los vientres de alquiler. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, es tolerante con que una mujer o un hombre pueda adquirir un bebé, previo pago, sin demasiadas trabas. No podía ser de otra manera tratándose de una ácrata libertaria de manual. “El enfermero que habitualmente me hace las PCR tiene un hijo por gestación subrogada y es precioso. No puedo pensar que estos niños son un fracaso”, llegó a decir en plena pandemia. Habría que preguntarle ahora, porque esta mujer cambia de opinión como de chaqueta. Hoy está con las curanderas y telepredicadoras de Usera, mañana reniega de ellas. Hoy va de la mano de Vox, mañana rompe con los ultras. Y todo así. Mientras tanto Feijóo aboga por abrir un debate sobre el problema, pero cree que ahora “no es el momento”. Pareciera que el jefe de la oposición está pensando en regular los vientres de alquiler, algo que Yolanda Díaz ha tardado cinco minutos en afearle por laxo y tolerante: “Es otro error histórico”. De Cuca Gamarra qué se puede decir. Se ha visto desbordaba por un asunto que ni domina ni quiere poner encima de la mesa. Está claro que el PP ya está en campaña (en realidad lleva así cuatro años) y no quiere perjudicarse nichos o graneros de votos. Bien mirado, solo una persona rica puede pagarse un vientre de alquiler y no es cuestión de enemistarse con las señoronas de la biuti elitista, que se van de shopping mundial a la caza del bebé chollo y a juego con el bolso. Así que Gamarra está mareando la perdiz para no romper ningún plato en un momento delicado de precampaña.
Y a todo esto, ¿qué opinan los obispos siempre tan movilizados cuando se trata de hacer activismo contra el aborto? A fin de cuentas esto de la gestación subrogada no deja de ser un intercambio de bebés por pasta. Pues, aunque parezca mentira, la Conferencia Episcopal Española coincide en esta ocasión con las izquierdas. La curia es claramente abolicionista del vientre de alquiler. ¿Quiere eso decir que la CEE se está podemizando? Para nada, pero no les quedaba otra que mostrarse públicamente en contra de ese mercadillo negro de la maternidad que permite pagar 170.000 euros a una mujer para que tenga un niño por encargo. El obispo de Alicante, José Ignacio Munilla, no se ha andado con remilgos a la hora de darle un tirón de orejas a los populares por plantearse siquiera regular la gestación subrogada. Y monseñor José María Gil Tamayo zanja la cuestión: “Un hijo no es un derecho, ni es un deseo. Es un don. Los niños y las mujeres no tienen precio. La maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer, y del niño, que se convierte en un objeto de consumo, con una clara mercantilización en todos los casos, sea mediante dinero o por donación”. Sea como fuere, en Génova hay preocupación por un asunto con el que no contaba y que se ha colado de lleno en la agenda política española. No está siendo una buena semana para el siempre bien sellado concordato nacionalcatolicista PP/Vaticano. Primero una telepredicadora evangelista haciendo de telonera de Feijóo y ahora esto. Cualquier día le montan al gallego una manifestación provida en Colón.