En un giro inesperado del caso Koldo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo un registro en la vivienda del exministro socialista José Luis Ábalos, en Valencia, bajo la supervisión del Tribunal Supremo. Este registro se produce en el marco de una investigación que ha puesto en jaque a varias figuras políticas por la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19. El caso, que inicialmente se centraba en la compra irregular de material sanitario, ha ido ampliándose hacia otros terrenos, incluyendo la adjudicación de obra pública, lo que ha dejado al exministro en una situación cada vez más comprometida.
El origen del caso Koldo
La operación que lleva el nombre de Delorme o caso Koldo comenzó a raíz de las sospechas sobre la compra de mascarillas y otros suministros médicos en el peor momento de la crisis sanitaria. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades en el ámbito sanitario se ha convertido en un caso que afecta a varios sectores, incluida la adjudicación de contratos de obra pública. Las declaraciones del empresario y comisionista Víctor de Aldama han sido fundamentales para abrir nuevas líneas de investigación, especialmente en lo relacionado con el cobro de comisiones.
La trama detrás de los registros
El juez Leopoldo Puente, encargado de la causa, ha ordenado el registro de la casa de Ábalos en Valencia como parte de una investigación que apunta al presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y obra pública. Según los informes, Ábalos habría recibido pagos tanto en efectivo como en especie, incluyendo un chalet en Cádiz, cuyo alquiler fue pagado por Aldama. Además, se investiga el pago de alquileres de un apartamento en Madrid a una expareja de Ábalos, quien recibió un total de 82.298 euros en pagos durante dos años y medio, dinero que, según Anticorrupción, habría salido de la red de Aldama.
El caso también ha puesto el foco en la adjudicación de contratos de obra pública, lo que ha añadido gravedad al asunto. Los investigadores sostienen que Ábalos, junto a otros implicados, pudo haber intervenido en estos procesos a cambio de las comisiones mencionadas. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que existen “poderosos indicios” de cohecho contra el exministro, aunque él ha negado en todo momento haber cobrado comisiones ilícitas. Sin embargo, la documentación y los testimonios recopilados por la UCO no hacen más que añadir tensión al caso.
El chalet y los pagos en efectivo
Uno de los puntos más delicados de la investigación es el chalet de Cádiz, comprado por Aldama a través de testaferros. Aunque Ábalos ha defendido que hizo uso del chalet, los documentos hallados por los investigadores muestran que el entonces ministro llegó a sugerir varias propiedades en la zona, de las cuales una fue finalmente adquirida. El exministro también ha sido acusado de no pagar el alquiler de la vivienda, aunque, según los informes, intentó ocultar esta falta de pago con una serie de correos electrónicos y burofaxes que, según la Fiscalía, fueron diseñados para "dar apariencia de legalidad".
La investigación también se ha centrado en las entregas de dinero en efectivo realizadas por Aldama a Koldo García, quien, según los informes, distribuía estos fondos a Ábalos. Además de las cantidades entregadas en metálico, se han hallado pagos regulares de 10.000 euros mensuales, lo que añade una nueva capa de complejidad a las acusaciones. Cuando Koldo García fue detenido, los agentes hallaron en su hogar 24.000 euros en efectivo, lo que refuerza las sospechas sobre el flujo de dinero ilícito dentro de la trama.
La defensa de Ábalos
Ábalos ha mantenido que no cometió ningún delito y que todos los pagos recibidos tienen explicaciones legales. No obstante, los investigadores siguen rastreando sus cuentas bancarias, lo que podría arrojar más detalles sobre las transacciones que involucraron a su entorno. A medida que avanza la investigación, las piezas del puzzle van encajando y las pruebas apuntan cada vez más hacia una trama de corrupción en la que se habrían mezclado contratos públicos, dinero en efectivo y propiedades de lujo.