Cinco trabajadores muertos y cuatro heridos de gravedad. Esa es la tragedia que dejó la explosión ocurrida el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en el occidente asturiano. Sin embargo, lo más grave puede que no sea la explosión en sí, sino lo que ha revelado la investigación posterior: posibles trabajos ilegales de extracción de carbón en una zona donde no había permiso para ello.
La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, Belarmina Díaz, ha comparecido ante la Junta General para dar explicaciones. Lo ha hecho tras conocerse que los inspectores hallaron dos huecos de gran tamaño —uno de 18,2 metros y otro de 24,6— en el mismo nivel donde tuvo lugar la explosión. Según las estimaciones, ambos presentan alturas de entre 25 y 30 metros y una anchura de 80 centímetros. Unas dimensiones compatibles con labores extractivas.
Suena el 'Santa Barbara Bendita' en El Molinón en honor a los mineros fallecidos.
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Sin licencia y con consecuencias fatales
Las licencias de explotación concedidas a la empresa Blue Solving, encargada de gestionar la mina, no autorizaban en ningún caso la extracción de carbón en esa parte de la explotación. A pesar de ello, todo indica que la empresa llevaba tiempo haciéndolo. Y no de manera oculta, al menos en la zona. “Aquí sabíamos desde hace dos años que había trabajadores contratados para sacar carbón”, aseguran vecinos del entorno.
Este dato pone en cuestión el control de las autoridades competentes, así como la transparencia de la propia empresa. Díaz, que hasta hace poco fue directora general de Energía y Minería del Principado, afirmó que si se confirma esta actividad no autorizada, Blue Solving tendrá que responder no solo por una infracción administrativa, sino por una "ilegalidad con consecuencias letales".
Un expediente sancionador ya en marcha
El Gobierno asturiano ha iniciado un expediente sancionador contra Blue Solving desde el 4 de abril, apenas unos días después del accidente. A ello se suma una evaluación interna del propio servicio de minas del Principado. La consejera insiste en que se actuó “con la máxima diligencia” desde el primer momento y que no se ha escatimado en recursos ni colaboración con la Fiscalía, la Guardia Civil y el juzgado que lleva el caso.
Sin embargo, la oposición en la cámara autonómica ha considerado que las explicaciones dadas hasta el momento son insuficientes. En palabras de varios portavoces parlamentarios, la comparecencia fue "evasiva", con "respuestas vagas" y sin la claridad que exige una tragedia de esta magnitud.
Silencios, sospechas y responsabilidades
Uno de los puntos más tensos de la sesión fue la revelación de que la consejera se reunió en dos ocasiones con facultativos de Blue Solving, aunque nunca con sus administradores. Tampoco supo aclarar quién estaba realmente detrás de la empresa. Se llegó a sugerir que familiares de un empresario con causas judiciales abiertas recibieron autorizaciones, algo que, según Díaz, se investiga para descartar posibles casos de prevaricación.
Esta parte del caso pone el foco sobre un entramado empresarial poco transparente y sobre posibles irregularidades en la concesión de permisos. ¿Cómo es posible que se otorgaran autorizaciones a personas con vínculos familiares con empresarios bajo sospecha sin conocer quién estaba al mando real del proyecto? ¿Quién vigiló que se cumpliera lo permitido por la licencia? ¿Quién hizo la vista gorda?
Un accidente que ya es el peor en 30 años
La explosión en Cerredo es el accidente minero más grave en Asturias en las últimas tres décadas. Y ha despertado viejos fantasmas. No solo por las muertes, sino por la sensación de que se repiten los errores del pasado: falta de control, empresas opacas, licencias incumplidas y trabajadores expuestos a riesgos extremos.
La consejera ha prometido llegar hasta el final. Pero esa promesa debe convertirse en hechos. Porque el dolor de las familias no se puede borrar, y porque si se confirma que la empresa estaba extrayendo carbón sin permiso, hablamos de un delito que podría haber causado la muerte de cinco personas.
¿Un sistema que falla desde dentro?
Más allá del caso concreto de Cerredo, esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave: ¿funciona el sistema de control y vigilancia de las explotaciones mineras en Asturias? ¿Se revisan con la suficiente frecuencia? ¿Se hace un seguimiento real de las empresas adjudicatarias y sus propietarios?
El hecho de que los vecinos conocieran los trabajos de extracción irregular y las autoridades no, resulta al menos inquietante. No se trata solo de castigar a una empresa, sino de revisar un modelo que quizá esté dejando demasiado margen para la opacidad y el riesgo.
La investigación aún está en marcha, pero ya hay elementos suficientes como para exigir explicaciones contundentes. No basta con abrir expedientes. La ciudadanía necesita saber si se ha jugado con la vida de trabajadores por intereses económicos. Necesita saber si hay responsabilidades penales. Y necesita confiar en que el Gobierno asturiano está a la altura de esta crisis.
Cinco mineros no volverán a casa. Sus familias merecen algo más que palabras institucionales. Merecen justicia. Y el resto de la sociedad también. Porque este no es un accidente más. Es un caso que puede marcar un antes y un después en la forma en que se vigilan, controlan y sancionan las actividades mineras en España.
La mina de Cerredo no puede volver a abrir como si nada hubiera pasado. Porque algo ha pasado. Y no debe olvidarse.