Tal y como se ha publicado y analizado en repetidas ocasiones en Diario16+, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a por todas en su guerra judicial contra el gobierno de Pedro Sánchez.
No se trata sólo de cómo un empresario particular ha abierto una lucha sin cuartel, sino que esa misma guerra lo que pretende ser es una cortina de humo sobre la situación en la que González Amador se encuentra. Es indiscutible que la pareja de Ayuso ha reconocido la comisión de varios delitos fiscales.
Tras la filtración de sus datos y de los correos con su defensa, González Amador ha tenido una estrategia judicial muy sencilla: disparar a todo lo que se meneaba. Daba igual que fuera el presidente del Gobierno, con quien tendrá un acto de conciliación en las próximas semanas, ya sea la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya sea el caso con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Es en esta causa donde más rédito está sacando González Amador, sobre todo porque tiene una herramienta que le marca su propia estrategia: los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Tras conocerse en estos últimos días que no se encontraron mensajes de ningún tipo en el móvil de García Ortiz, el novio de Isabel Díaz Ayuso tenía otra vía para continuar con la causa en el Supremo, una ruta que viene marcada por las conclusiones y los datos de los atestados de la UCO.
Es cierto que no se encontraron pruebas de la filtración en el móvil del fiscal general. También es cierto que fue el propio García Ortiz quien borró esos mensajes. Ni una cosa ni otra indican que no haya pruebas y que la causa contra el fiscal general deba ser archivada de inmediato, ni, por supuesto, no se puede poner la mano en el fuego por García Ortiz, dado que el borrado de los mensajes no es una prueba concluyente de inocencia, tal y como pretendió transmitir Pedro Sánchez.
Según muestra el informe de la UCO, al que Diario16+ ha tenido acceso la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pregunta a Álvaro García Ortiz que “a qué correo le remite los mails del fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, con el abogado de Alberto González Amador, recibiendo indicaciones de que se los envíe a una dirección personal con dominio Gmail.com”:
Este informe de la UCO es el que ha marcado el siguiente paso que ha dado González Amador: pedir al juez nuevas diligencias entre las que se encuentra la solicitud a Google de los correos de la cuenta personal del fiscal general del Estado. Es simple, es una cuestión de utilizar los derechos procesales reconocidos por la ley a la hora de reclamar al juez instructor las diligencias que sean necesarias para esclarecer los presuntos delitos que se están investigando. En el caso de Álvaro García Ortiz, el delito de revelación de secretos.
La trampa de Ayuso
La crispación política actual provoca, en ocasiones, que se den movimientos para dañar al adversario sin pensar en las consecuencias y, sobre todo, genera errores estratégicos muy graves. En este caso, la difusión por parte, supuestamente, de Miguel Ángel Rodríguez, de una información falsa tras la publicación de los delitos fiscales del novio de Ayuso fue el detonante de la situación actual.
El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña actuó, puso un cebo y en el gobierno entraron a machete, que era lo que esperaba Ayuso. Ya no se trataba de que su novio hubiera cometido, tal y como confesó, varios delitos fiscales. La pelota ya se colocó en el propio gobierno y en la teoría de la conspiración de que Sánchez pretendía destruir a un particular para terminar con una adversaria política.
Esa es la situación actual. Y Alberto González Amador, que cometió esos delitos fiscales, lo está aprovechando, como lo está haciendo Ayuso. El presunto delincuente confeso ha pasado a ser la víctima, mientras que el Estado, víctima de los delitos fiscales de González Amador, es el criminal. El fiscal general del Estado cayó en la trampa de Miguel Ángel Rodríguez y, por extensión, el gobierno Sánchez.
No puede haber más torpeza política. Ayuso martirizada, Sánchez como líder de una conspiración contra la presidenta madrileña, y el fiscal general del Estado en medio de todo y será quien pague los platos rotos. Que no se hayan encontrado los mensajes de WhatsApp no implica que el juez del Supremo vaya a archivar la causa. No lo hará.
Tanto el Gobierno como la Fiscalía General del Estado debieron permanecer quietos tras el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Ellos tenían la información real, no hacía falta filtrar nada. Había polvareda, sí, pero ellos disponían de la verdad y podían haber seguido adelante con la cuestión fiscal de González Amador sin generar ruido político en el primer momento. Saber marcar los tiempos es fundamental en política y, desde luego, este caso demuestra que se busca la inmediatez, se busca acabar con el contrario por la vía rápida cuando, en ocasiones, lo mejor es esperar agazapado a que la presa se descubra.
Esta batalla la han ganado ya Ayuso, González Amador y Miguel Ángel Rodríguez. Sobre todo porque, en el caso de la filtración la UCO firma informes que marcan la estrategia, porque las pruebas están ahí y si el fiscal general borró los mensajes de su teléfono, hay otros teléfonos o servidores de correos donde encontrarlos.
Ahora habrá que ver si Sánchez responde de manera inteligente, si sabe esperar y no se vuelve a precipitar buscando el titular fácil para el aparato de propaganda sanchista. Tiene margen de maniobra y, por el bien de muchos, mejor será que no gaste las pocas balas que ya le quedan.