En medio de la crisis migratoria en Torre Pacheco (Murcia), el Partido Popular ha echado más leña al fuego al debate sobre inmigración y, en cierto modo, ha llenado el tanque, en el sentido de la canción de Leticia Sabater, de Vox. El salón de reuniones permaneció este jueves vacío más tiempo del previsto hasta quese comprobó el insuficiente quórum y se declaró la suspensión de la Conferencia Sectorial de Infancia. La cita, concebida para articular el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, naufragó antes de empezar por el ‘plantón’ de casi todas las regiones gobernadas por el Partido Popular, con la única excepción de Ceuta.
Desde primeras horas de la mañana, el ambiente era tenso. Las delegaciones llegadas de Canarias, Cataluña, Castilla‑La Mancha y País Vasco, junto a la representación ceutí, ocuparon sus asientos con cierto incómodo mutismo. En cambio, faltaron Andalucía, Galicia, Madrid, Valencia y otras autonomías de signo conservador, que optaron por mantenerse al margen. Tras varios intentos de verificar el número exacto de consejeros presentes no había más remedio que aplazar el encuentro.
El espíritu de la convocatoria choca frontalmente con la tónica de ausencia. El Real Decreto recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, que fija criterios para la acogida y distribución de los menores llegados en situación de vulnerabilidad, sigue adelante pese a la falta de consenso territorial. “Se ha tratado de un gesto performático”, lamentaron fuentes oficiales del ministerio citadas por Europa Press: “Un acto de falta de cooperación y de dejación de funciones hacia los niños y niñas que esperan una plaza segura en nuestra red de protección”.
La suspensión de la cita ha reavivado la polémica sobre la gestión de la crisis migratoria y la responsabilidad compartida entre el Estado y las autonomías. Para las regiones que acudieron, la ausencia de las demás no solo impide dialogar sobre cupos y protocolos, sino que retrasa la puesta en marcha de un sistema coordinado para garantizar a cada menor un seguimiento integral: escolarización, atención psicológica y derivación a centros especializados. Los técnicos alertan de que cualquier demora puede agravar su situación de desamparo.
Por su parte, los gobiernos autonómicos del PP justifican su boicot apelando al trámite del decreto: sostienen que el texto se impuso sin el debate suficiente y critican su carácter “impositivo”. En el PP insisten en que no son “ni cortos ni perezosos” para atender a los menores, sino que reclaman mayor flexibilidad para adaptar el reparto a las singularidades de cada territorio. Sin embargo, su decisión ha cosechado reproches en redes sociales y entre ONG, que acusan a la formación de politizar un asunto humanitario.
El impasse ha obligado al Ministerio de Juventud e Infancia a convocar con urgencia una nueva reunión, esta vez en un formato reducido entre técnicos y directores generales. El reto consiste en avanzar en la implantación de plazas en espera de la ratificación formal de todos los consejeros. De fondo, late la urgencia de un colectivo de menores atrapado en centros de primera atención, con contratos temporales de asilo y sin la garantía de una familia de acogida.
Hasta entonces, el pulso entre Moncloa y los gobiernos autonómicos se mantendrá abierto en torno al reparto de competencias y recursos. Mientras tanto, los menores continúan a la espera de una solución de mínimos que les brinde estabilidad y protección. Y en ese limbo, la próxima convocatoria de la sectorial se perfila como un nuevo campo de batalla político que determinará si España cumple con su deber de amparo o deja en el aire un acuerdo que algunos llaman “ineludible” y otros, “surrealista”.