Sus amoríos con Corinna Larsen pueden salirle muy caros al rey emérito. La Justicia británica ha ordenado que Juan Carlos I se siente en el banquillo por la demanda de acoso de la empresaria alemana y el monarca ya ha solicitado los servicios de uno de los despachos de abogados más prestigiosos del mundo cuyos honorarios superan los 6.000 euros la hora. El bufete Clifford Chance será el encargado de llevar el caso del patriarca de la Transición española ante la High Court de Londres, que acusa al exjefe del Estado y a los servicios secretos del CNI de “vigilancia ilegal” en el Reino Unido y de hostigar a Larsen desde 2012 mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto.
Al enorme gasto que tendrá que afrontar el monarca a lo largo del pleito que se le presenta se unen las posibles indemnizaciones a las que podría tener que hacer frente. Fuentes próximas a la investigación calculan que una sentencia de la corte londinense podría condenar a Juan Carlos al pago de 5 millones de euros en el caso de que se pruebe que acosó a su expareja. Según OK Diario, solo la defensa en el Tribunal Superior de Londres durante los días 5 y 6 de diciembre del pasado año le pudo costar al rey emérito unos 200.000 euros, el equivalente a su nómina anual mientras fue jefe del Estado. Las cuentas son muy claras: unos 6.000 euros por más de 16 horas de trabajo y por dos abogados, sin calcular los emolumentos de los asistentes.
El bufete elegido por el rey emérito, que tiene oficinas en 31 ciudades repartidas por todo el mundo –incluido en Abu Dabi–, será quien represente al exmonarca en esa demanda presentada en diciembre de 2020 por su examante. Clifford Chance es uno de los cinco despachos más importantes y caros de Reino Unido y se presenta en su portal web como uno de los más destacados del mundo, con variedad de recursos en los cinco continentes, y que basa su funcionamiento en el trabajo colegiado a partir de equipos altamente especializados. “Siempre nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes”, dicen en su presentación, para luego añadir que su objetivo es que sea fácil trabajar con ellos, teniendo los pies en la tierra y siendo accesibles.
Es evidente que Juan Carlos I va a tener que gastar mucho dinero en su defensa. ¿De dónde salen todas esas cantidades para hacer frente al proceso abierto contra él? ¿Lo sufraga con fondos propios, con ayudas de sus testaferros en el extranjero, con regalos de los jeques árabes o es quizá el Estado español el que hace frente a ese ingente capital para cuestiones personales del emérito? Los españoles merecen una explicación, ya que tienen derecho a saber en qué se gasta hasta el último céntimo de sus impuestos, pero es que además continuar con esta falta total de transparencia en el patrimonio de Juan Carlos I puede terminar afectando también a la Casa Real, a la figura de su hijo, Felipe VI, y al futuro de la monarquía. Desde que el emérito decidió exiliarse en Abu Dabi los ciudadanos siguen sin saber si la estancia en un hotel de lujo y los gastos de mantenimiento corren por cuenta del monarca. Ni siquiera se sabe si la seguridad personal, el sueldo de los escoltas que lo acompañan a todas partes, se costea con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o salen de su patrimonio personal. Todo cuanto rodea al affaire son dudas y sospechas, una situación insostenible que debe ser aclarada cuanto antes por el bien de la democracia española.
En su demanda, Corinna Larsen solicita ser indemnizada por la “vigilancia ilegal” que sufrió de los servicios secretos españoles y que el emérito no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias. Alega que el CNI, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos I, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno “bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal, invadir la propiedad en la que residía y espiar sus teléfonos y ordenadores”.
Además, en el escrito denuncia que fue amenazada por el emérito, que lleva más de un año residiendo en Emiratos Árabes Unidos y que supuestamente le dijo que las consecuencias para ella “no serían buenas” si no hacía lo que se le dijese; pero también por Sanz Roldán, quien en una reunión en Londres en 2012 le indicó que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo.
La noticia de los honorarios que percibe el bufete británico por cuenta de Juan Carlos llega después de que Fiscalía haya cerrado todas las causas del emérito por fraude fiscal.