La pérdida de población trae devastadores efectos que se han dejado sentir en las últimas dos décadas en la España vaciada. Entre ellos, el cierre de los centros de salud y las escuelas estatales. Cuando un pueblo cae en el olvido deja de ser rentable mantener un ambulatorio para un puñado de ancianos que se niegan a abandonar su lugar de nacimiento. Consecuencia: los enfermos crónicos se ven obligados a recorrer decenas de kilómetros para ser atendidos por un médico y en el peor de los casos para acudir a un centro sanitario de urgencias. Sin sanidad y educación no hay civilización ni Estado de bienestar y se impone una especie de retorno a tiempos pretéritos. Aquellos pueblos que han perdido a sus médicos y profesores han pasado a engrosar la lista de moribundos. En Zamora, cientos de personas empiezan a tomar conciencia y se están manifestando a las puertas de los ambulatorios de la provincia. “La gente está muy concienciada en la reivindicación porque quieren volver a tener el médico en su consultorio de forma física para las citas médicas que les corresponden”, asegura un manifestante. La Coordinadora de la España Vaciada viene convocando movilizaciones frente a los centros sanitarios para exigir “una sanidad pública de calidad en el medio rural con las mismas coberturas y prestaciones” que en las zonas urbanas. Reclaman que se mantengan abiertos y activos los locales de Atención Primaria, proponen crear la figura del sanitario de pueblo y un programa básico de salud pública en las zonas más apartadas fundamentado en la prevención; además, reivindican reforzar la plantilla necesaria para atender a una población dispersa y envejecida.
La pandemia ha evidenciado las carencias y limitaciones del sistema sanitario, agudizadas aún más en el mundo rural por la escasez de profesionales y la falta de planificación. En algunos lugares, después del covid todavía no se ha restablecido el servicio de atención primaria en los pueblos y se corre serio riesgo de un progresivo desmantelamiento de la cobertura de la Seguridad Social. En las semanas más críticas de la pandemia, en los territorios rurales se suspendieron las consultas presenciales y se instauraron las citas telefónicas. Muchos ciudadanos quedaron prácticamente abandonados a su suerte con el miedo a contraer el virus en cualquier momento y a morir sin asistencia médica. “Estamos hartos de escuchar la frase de que la sanidad en los pueblos es muy cara y ahora la covid-19 no puede ser una excusa para cercenar derechos”, asegura Pepe Polo, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. Esta provincia, junto con Cuenca, Guadalajara, Soria y Ávila configuran “la zona oscura” de la España vaciada que más se resiente de la degradación sanitaria. Según datos oficiales, el 11,9 por ciento de la población española vive en municipios sin centro de salud. Además, alrededor de un millón de personas (el 2,1 por ciento de la población) se ven obligadas a invertir más de 45 minutos para llegar al hospital más cercano. La precaria situación de nuestro personal sanitario, exhausto por la pandemia y por las malas condiciones laborales, contribuye al deterioro de la Sanidad en las zonas despobladas. Baste solo un dato: ocho de cada diez médicos rurales que ejercen en España se jubilarán en los próximos 20 años, una situación más que preocupante para la sostenibilidad del sistema sanitario. El problema es tan grave que el Consejo General de Médicos (CGCOM) ha dado la voz de alarma. ¿Quién va a cuidar en los próximos años de nuestros mayores de la España vaciada? El reto parece de una proporción descomunal. “En Campo de San Pedro, dentro de lo que hay en esta comarca, son unos privilegiados”, asegura la farmacéutica Pilar Villas, que añade que en este municipio los vecinos al menos “disponen de un botiquín abierto de lunes a sábado, cosa que en los pueblos de alrededor no tienen”. “La gente mayor no dispone de vehículo para desplazarse”, así que dependen de la buena fe y el espíritu cívico de otros vecinos que les llevan los medicamentos.
La educación pública y gratuita está garantizada en nuestro país, ya que el 99 por ciento del alumnado de Primaria y el 93 por ciento del de Secundaria cuenta con un centro escolar en su municipio de residencia. A su vez, el 89 por ciento de la población entre los 16 y los 17 años reside en una localidad con instituto de bachillerato. Sin embargo, el cierre de escuelas en pueblos pequeños casi abandonados obliga a los niños a desplazarse a otros puntos alejados para seguir con su curso académico. A esto se une que uno de cada 18 municipios españoles ya no tiene censados menores en edad escolar. Eso supone que al menos 454 pueblos de la geografía española carecen de relevo generacional. En la España vaciada que cierra colegios e institutos muchos niños han de desplazarse en taxi, a diario, a su cita con los libros. Al menos 481 de esos bravos alumnos son de Ciudad Real, 383 de Toledo, 106 de Cuenca, 96 de Albacete y 95 de Guadalajara.
La escuela de Campo de San Pedro, en la que 30 niños y niñas de toda la comarca estudian en aulas multinivel, permanece abierta. “Tengo tres grupos, uno de cuarto, uno de quinto y uno de sexto, en total 14 alumnos”, explica la maestra Alba María Martín. “Tienes que ir organizando las actividades de manera que, mientras a unos les explicas, otros puedan ir trabajando”, detalla en la Sexta.
La baja natalidad destruye el entorno rural y además vacía las aulas. El número de nacimientos sigue disminuyendo. En 2022, se inscribieron en el registro 159.000 bebés, el dato más bajo de las últimas décadas. El pasado año se matricularon 30.000 niños menos en educación primaria que antes de la pandemia. Y las matriculaciones para cada nuevo curso siguen bajando, informa Antena 3. Ya hay colegios que no abren sus puertas. Es el caso de un centro educativo en Rodilana (Valladolid). Durante el pasado mes de junio cerró para siempre por la falta de niños. Tan solo dos alumnos se apuntaron al colegio. Así las cosas, la Junta de Castilla y León únicamente mantiene abiertos los centros rurales con un mínimo de tres escolares. “Es una pena que se cierre, como está cerrado, teniendo los medios que tenemos aquí (...) Porque había casas y familias con niños”, asegura un vecino. Otro centro que acusa la falta de alumnos por culpa de la baja natalidad y la fuga de vecinos es el colegio de Silobre, en A Coruña. Una de las maestras, Cristina López, asegura que está llevando esta triste situación “un poquito mal; de hecho, si lo pienso, se me vienen las lágrimas a los ojos”, añade. El curso pasado tenía siete alumnos en la clase; este no llega a los cinco, la cifra mínima exigida. “Nos movimos muchísimo repartiendo publicidad y haciendo lo imposible para que no cerrara”, se lamenta una vecina. “Pero claro, si no hay alumnado y no hay matrículas, es imposible. Es inviable por mucho que en el concello pongamos empeño”, explica la concejala de Educación del Ayuntamiento de Fene (A Coruña), Carmen Martínez. A veces basta con la llegada de una familia para salvar una escuela. Ha pasado en San Pedro de Gaillos, en Segovia. Un municipio donde faltan niños, pero también ayudas. Llenar las aulas es una asignatura cada vez más complicada en las comarcas despobladas.
El plan “España 2050″ del Gobierno de coalición reconoce que será preciso cerrar colegios en los próximos años y aunque ello supondrá una “fuerte contracción”, paradójicamente abrirá la puerta a duplicar el gasto educativo. Los expertos de Pedro Sánchez calculan que perderemos hasta 800.000 alumnos (33.000 aulas menos que en 2019). Sin embargo, el Ejecutivo no lo ve como un drama, sino como una oportunidad de mejorar las ratios y los resultados académicos.
Bancos y transportes
El porcentaje de población sin oficina bancaria en su municipio de residencia ha aumentado un 50 por ciento desde 2008 y afecta ya a casi 1,4 millones de personas. Los habitantes de la España vaciada se encuentran ante una tremenda odisea cada vez que se ven obligados a realizar alguna gestión con su entidad financiera. La mayoría de ellos son mayores, muchos ancianos impedidos que no saben usar internet, de manera que su única salida es acudir a la ventanilla para cumplimentar sus transacciones. Sin embargo, la tendencia de los bancos es ir cerrando sucursales (también reduciendo plantillas), y la escabechina ha comenzado por las zonas rurales con menor índice de población.
La localidad de Conquista, al norte de Córdoba, es una de las últimas en sufrir esta situación que amenaza con extenderse a otros pueblos de la comarca de Los Pedroches, informa la agencia Efe. Con un censo civil de 400 habitantes, un modo de vida basado eminentemente en la actividad ganadera y en los rendimientos que deja la gran explotación latifundista de La Garganta (propiedad de la aristocracia), la banca hace ya tiempo que se ha planteado abandonar la zona. El riesgo es que los habitantes del pueblo terminen quedándose sin la única sucursal que permanece abierta y sin el valioso y necesario cajero automático. La vida ha empezado a hacerse insostenible, ya que hablamos de un servicio esencial del que depende la economía de las familias, de modo que algunos vecinos, sobre todo los de edad más avanzada, se las están ingeniando como pueden para salir del atolladero. Unos han decidido ceder las claves de sus tarjetas de crédito a otros para que saquen dinero por ellos cuando se desplazan a otras poblaciones colindantes (la más próxima está a 15 kilómetros). Otros piden prestado y aplazan la cuestión. En ocasiones el gasto de acudir a un cajero automático es considerable, ya que han de recurrir a un taxi que, aunque caro, se ha convertido en el único medio de transporte disponible. La desaparición de los cajeros viene a sumarse al cierre de otros servicios públicos imprescindibles para el día a día, como un médico en verano. Los vecinos de Conquista están tan desesperados que reclaman soluciones de urgencia como que se flete una oficina móvil bancaria que se desplace periódicamente al municipio, una iniciativa que ya se ha implantado en otros municipios. Según datos oficiales, Córdoba se encuentra entre las tres provincias de España con menor volumen de población sin oficina bancaria, lo que da una idea de la magnitud del problema.
En el año 2017 la mitad de los pueblos españoles ya no tenía ningún banco abierto. Estamos hablando de al menos 4.109 núcleos rurales en los que residen 1,25 millones de personas. Los expertos han bautizado este fenómeno de abandono económico como “exclusión financiera”, un término acertado que remite a otro tipo de desigualdades sociales como la brecha digital, la pobreza energética o el desamparo educativo. La exclusión financiera es progresiva, imparable y producto de los nuevos tiempos tecnologizados que vivimos. Cada vez son más las entidades bancarias que exigen a sus clientes que se abran cuentas online para que no tengan que acudir personalmente a ventanilla. Lógicamente, esta práctica perjudica especialmente a las personas que no poseen formación informática suficiente para desenvolverse en internet. Este abuso por parte de las corporaciones financieras ha llevado a Carlos San Juan, promotor de la campaña “Soy mayor, no idiota”, a crear una plataforma de afectados para exigir a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que legisle con el fin de mejorar el trato de la banca a los mayores. “Entendemos que hay muchos problemas: la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética… Nosotros también sufrimos los precios, pero que una persona no pueda acceder a su pensión adecuadamente es un daño muy grave”, asegura San Juan, que ya ha recogido más de 600.000 firmas. “Necesitamos que esa ley se apruebe y defienda al usuario más vulnerable, los mayores, a los que no se puede pedir que tengan un teléfono inteligente con aplicaciones y un máster en informática, y que cuando quieran ir a preguntar por su dinero, que son cinco minutos, los atiendan”.
En la última década se han cerrado casi 18.000 oficinas en todo el territorio nacional. En Bañobárez (Salamanca), sus 300 vecinos llevan unos 20 años sin sucursal bancaria, aunque un agente financiero y una furgoneta móvil se encargan de prestarles servicios periódicamente (dos veces al mes). En otro municipio salmantino, Martín de Yeltes (430 habitantes), su alcalde, Eleuterio Fuentes, lamenta que algunos de sus paisanos tengan que desplazarse hasta siete kilómetros para llevar a cabo una simple operación de retirada de efectivo. Muchos usuarios se han unido para exigir que, al menos, vuelva la oficina móvil al pueblo.
La situación es muy parecida en Galicia, una comunidad autónoma marcada por una abrupta orografía que aísla unas localidades de otras. Mari Carmen, vecina de Buño (Malpica de Bergantiños, A Coruña), asegura a TVE que la sucursal de su parroquia cesó su actividad hace cinco años. De hecho, explica que el ayuntamiento mantuvo negociaciones con la caja y les ofreció mantener el local gratis para que la sede pudiera seguir en marcha. “Se lo pusieron muy fácil y ni con esas quisieron”, denuncia.
Según recoge el II Estudio Empleo Postcrisis en la Banca Española elaborado por Federación Fine con datos del INE y del Banco de España, la culpable de esta situación es la banca, que con sus supuestos planes de modernización y de recortes ha contribuido a “la desertización financiera en la España vaciada”. Esta organización denuncia que las entidades cierran oficinas y despiden empleados de manera masiva para aumentar su rentabilidad, lo que provoca una degeneración del Estado de bienestar, sobre todo en los núcleos rurales.
Un pueblo abandonado y sin servicios públicos es un pueblo muerto. Pero esta decadencia tiene mucho que ver con las carencias y déficits de nuestra red de estructuras y transportes. Desde los años ochenta, España ha ido apostando por una progresiva modernización de su red de carreteras y ferrocarriles, que ha llevado riqueza y prosperidad a algunas áreas de la geografía nacional pero que al mismo tiempo ha sumido en una profunda depresión otros parajes menos afortunados. Desde este punto de vista, el avance ha sido desigual, injusto, discriminatorio. Así, mientras unas poblaciones veían cómo las autopistas se convertían en factores de vertebración –erigiéndose en polos de crecimiento económico y atrayendo la industria, el turismo y grandes superficies comerciales–, otras contemplaban con estupor cómo las carreteras comarcales y hasta las nacionales, antaño arterias muy transitadas, caían en el desuso. No hay más que darse una vuelta por uno de esos viejos viales mal asfaltados y de doble sentido para constatar que apenas circulan coches por ellos, que los pueblos han quedado alejados unos de otros, que las gasolineras, ventas y fondas han desaparecido y que un silencio atronador sobrevuela por los páramos y olivares.
Algo parecido ha ocurrido con la red de transporte ferroviario. La apuesta por los trenes de alta velocidad, un macroproyecto que se ha ido desarrollando a lo largo de las décadas y que en muchas ocasiones se ha llevado a cabo en detrimento de los ferrocarriles de vía estrecha (todos ellos desmantelados salvo raras excepciones) y de las líneas de cercanías, a las que no se ha dotado de la debida inversión, de tal forma que han terminado perdiendo viajeros y frecuencia de trenes. Todas estas distorsiones en materia de transporte público han terminado por agravar todavía más la crisis secular de la España vaciada. Hoy, la red ferroviaria española, floreciente en trenes AVE, se ve afectada por profundas deficiencias estructurales. Extremadura, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas más perjudicadas. El pasado mes de julio, el rey Felipe VI y Pedro Sánchez inauguraban un supuesto tren de alta velocidad, que llegaba tras lustros de retraso, pero que numerosas plataformas ciudadanas han llegado a calificar como “el tren de la bruja” por los continuos retrasos de hasta 70 minutos que acumula. A los extremeños les han vendido un supertrén del siglo XXI, pero ellos han llegado al convencimiento de que el regalo de Madrid no deja de ser una tartana lenta y tortuosa. Y no solo eso, las líneas de Cercanías están muy machacadas por años de falta de inversión, lo que dificulta la comunicación entre pueblos y comarcas. Además, entre las localidades de Aljucén y Cáceres existen tramos en evidente mal estado y, por tanto, con velocidad limitada. En la línea que une Zafra y Sevilla, entre las localidades extremeñas de Usagre y Llerena, las vías son decimonónicas, de madera carcomida y con deficiencias a la hora de que las máquinas puedan alcanzar una velocidad acorde con el siglo XXI.
Las líneas férreas también presentan deterioros en el norte de España, un área que ha quedado claramente atrasada en los últimos años. Galicia, Asturias y Cantabria necesitan más y mejores trenes para conectar localidades en una geografía montañosa donde la sensación de aislamiento pesa todavía más sobre los ciudadanos. La línea A Coruña-Ferrol es ciertamente mejorable. A pesar de estar cubierta por trenes de media distancia de Renfe, se tarda una hora y veinte minutos en recorrer un trayecto de 69 kilómetros, el mismo tiempo que en cubrir la distancia entre A Coruña y Vigo, separadas por 180 kilómetros, según se quejan los vecinos de la Plataforma pola Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas. Por su parte, Asturias sigue esperando la promesa de un AVE Madrid-Gijón cuyas obras han avanzado solo hasta su tramo en León. No obstante, las mayores carencias (trenes obsoletos, vías en mal estado y falta de personal) se perciben en la línea de Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE), precisamente la que tiene que conectar pequeñas localidades asturianas entre sí, Gijón-Laviana y Baiña-Collanzo. León sufre una situación parecida en su conexión con Cistierna.
En el sur nos encontramos con serias deficiencias en no pocos puntos de la red ferroviaria. En Almería, los viajeros recorren seis kilómetros y medio en autobús para cubrir la distancia entre la ciudad y la estación de Huércal-Viator, actual punto de origen y destino debido al soterramiento del paso a nivel en El Puche. Las comunicaciones en Huelva también presentan complicaciones. Especialmente delicada es la situación del Alvia que conecta la ciudad con Madrid, que ha sufrido varios problemas técnicos el pasado año.
Hay numerosas provincias olvidadas por el ferrocarril, que es el gran vertebrador de la economía y la sociedad en cualquier país avanzado. Como en Teruel, donde aún operan los viejos trenes diésel 596, conocidos popularmente como “tamagotchis” por los cuidados constantes que requieren. Renfe planea convertirlos en chatarra en cuanto adquiera nuevo material rodante, pero mientras tanto siguen funcionando.
Ricardo Naranjo, exmaquinista de RENFE y miembro activo de la Plataforma por el Tren Rural de Andalucía (PETRA), denuncia que la desaparición de numerosas líneas férreas en nuestro país está contribuyendo decisivamente a la extensión de la España vaciada. “En La Roda, había ciento y pico de ferroviarios trabajando. Incluso hay un barrio al que llamamos de los ferroviarios. La línea se inauguró en 1865 y la importancia económica del pueblo siempre dependió mucho del ferrocarril. Una vez que ha desaparecido se ha llevado mucha vida con él. Cuando ya construyeron el AVE fueron quitando servicios y los que mantuvieron los ponían de tal manera que no eran atractivos para la población. Claro, la gente no viajaba y RENFE dijo que no era rentable y eliminó el servicio de nuestra estación”.