El Departamento de Educación de Cataluña ha emitido un comunicado de respuesta a las dos sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en las que se obliga a dos centros educativos catalanes a impartir un mínimo del 25% de las materias en castellano. Desde el Departamento consideran que estas sentencias suponen un ataque al modelo de enseñanza catalán y anulan el proyecto lingüístico que se sigue en los centros afectados.
Un asunto de competencias
Desde la Generalitat recuerdan que la competencia sobre el modelo de enseñanza y de inmersión lingüística en la escuela es una competencia del Parlamento catalán. Tal y como queda reflejado en el Título II de la Ley de Educación de Cataluña “que fue validado constitucionalmente”, detallan en el comunicado.
La norma más regresiva
Desde el Gobierno catalán acusan al TSJC de “actuar en base a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)” dictada contra el estatuto catalán y de “unos recursos” presentados bajo el amparo de la Ley Wert, considerada por la Generalitat como “la norma educativa más regresiva que se ha hecho nunca en el Estado en materia educativa”
Un debate pedagógico
Otra de las críticas a la sentencia va dirigida a la judicialización del ámbito de la enseñanza. El Departamento de Enseñanza catalán considera que “el TSJC va mucho más allá de las funciones jurisdiccionales que le son atribuidas” y que se inmiscuye en un debate que es “100% pedagógico y educativo”. En el comunicado también se hace hincapié en la necesidad de la inmersión lingüística para garantizar que ningún estudiante se vea “excluido del correcto aprendizaje” del catalán.