La Generalitat brindará protección jurídica a los docentes para que puedan desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les obliga a impartir un 25% de clases en castellano. El Gobierno catalán ha aprobado un acuerdo que pretende apoyar a los centros educativos para que puedan seguir el programa educativo basándose en criterios docentes y no judiciales.
Demanda anecdótica
Paralelamente, el TSJC ha dictado este martes una sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en un curso del Instituto Ramon Barbat i Miracle de Vila-seca, en el Tarragonès. Sigue, de este modo, aplicándose una sentencia que parece contentar a unos pocos y que enfada a muchos. De momento, la solicitud de la aplicación de la sentencia del TSJC está resultando anecdótica, pero su impacto si que tiene relevancia, ya que con tan solo una familia que solicite su aplicación se verá afectado el programa del curso para el resto de los alumnos.
Servicio jurídico
El acuerdo aprobado en el parlamento catalán pondrá los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la administración de la Generalitat al servicio de los responsables de los centros escolares. Y también exigirá “responsabilidades por la vía política, penal, administrativa o de otra naturaleza, a todas aquellas personas o entidades por los ataques a personas o colectivos por la defensa y uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones”, ha expresado el Gobierno catalán en un comunicado.
Los que quieren más español
Por su parte, el líder de Ciudadanos en Cataluña defiende que los “ataques reales son los que sufren las familias coaccionadas por pedir que se cumpla con el 25% de español en el aula”, y que el acuerdo adoptado para proteger al catalán en las aulas es “otra campaña ideológica”.