La Guardia Civil ha examinado todos los correos electrónicos de las diferentes administraciones públicas implicadas en el caso Koldo, según consta en el informe de la UCO al que ha tenido acceso Diario16. Para los agentes, “existen indicios racionales de los que se infiere la comisión de distintos ilícitos penales y la responsabilidad de determinadas personas físicas y jurídicas, cuya participación ha quedado descrita de manera detallada a lo largo de esta investigación”.
“A este respecto, determinados elementos, efectos o instrumentos de los supuestos delitos, así como determinadas fuentes de prueba que permitirían obtener nuevas evidencias de los hechos investigados, se encontrarían bajo custodia de los distintos implicados, existiendo, a juicio del instructor, circunstancias que apuntan al riesgo de pérdida, destrucción o alteración, en caso de no adoptar medidas eficaces para su aseguramiento”, añade el atestado.
“No existiendo otro medio menos gravoso o limitativo de derechos para conseguir los fines perseguidos, se solicita al juez mandamientos requiriendo información a organismo y entes públicos”. Así, los agentes piden la orden judicial dirigida a la entidad Puertos del Estado, con domicilio en Avenida del Partenón, 10 de Madrid, para que se facilite, en el acto y en presencia de la fuerza actuante, copia del “contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020” de las personas [funcionarios y empleados públicos] que a continuación se reseñan: Francisco Toledo, Álvaro Sánchez, Aránzazu De Miguel y Belén Caballero”.
Además, solicitan copia de toda la documentación que obre en su poder sobre el contrato con número de expediente E/019/20 adjudicado a “Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio de la covid 19, por un valor de 24.200.000 euros, IVA incluido, que no hubiera sido entregada previamente en el requerimiento de la Fiscalía de fecha 26 de abril de 2022 ejecutado por esta Unidad el 26 de mayo de ese año”.
Por otra parte, se solicita requerimiento judicial dirigido a la entidad ADIF, con domicilio en Calle Sor Ángela de la Cruz, 3 de Madrid (Madrid), para que se facilite, en presencia de la Guardia Civil, copia del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo de las personas que a continuación se reseñan y para el período de tiempo que se señala: Isabel Pardo de Vera entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020; Martín José Navarro, entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020; y Jesús Ángel Díaz Muñoz entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020. También se solicita que aporte copia del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo de Michaux Miranda Paniagua entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020. Y por otro lado, en la franja de tiempo comprendida entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024. “Así como copia toda la documentación que obre en su poder sobre el contrato con número de expediente 2.20/04110.0055 adjudicado a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas FFP2, por un valor de 12.500.000 euros”.
Por otro lado, se solicita que ADIF sea requerido para que aporte copia de la documentación que obre en su poder relativa a las actas de exámenes para el acceso a esa entidad entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024. En esa línea, se pide requerimiento judicial dirigido a la entidad la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con domicilio en calle Pío XII número 17, de Madrid (Madrid) para que se facilite, en el acto y en presencia de la fuerza actuante, copia del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020 de las personas que a continuación se reseñan: Daniel Belmar Prieto. Así como toda la documentación que obre en su poder sobre el contrato con número de expediente 20V019 a Soluciones de Gestión para la adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por un valor de 3.479,355 euros, IVA incluido.
Los agentes piden requerimiento judicial al juez dirigido a INGESA, con domicilio en calle Alcalá número 56, de Madrid para que se facilite, en el acto y en presencia de la fuerza actuante, toda la documentación que obre en su poder sobre la resolución por la que se adjudicaron los lotes 5, 6, 7, 8 y 9 del Acuerdo Marco 2020/070 “relativo al suministro de material médico fungible e indumentaria de protección, del que formó parte de la adjudicación de dos lotes la UTE formada por Ferrovial Servicio S.A.U. y Soluciones de Gestión, que no hubiera sido entregada previamente en el requerimiento de la Fiscalía de fecha 12 de julio de 2022 ejecutado por esta Unidad los días 19 y 21 de julio de 2022.
Además, se pide requerimiento judicial dirigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con domicilio en Paseo de la Castellana, 67 de Madrid (Madrid), para que se facilite, en el acto y en presencia de la fuerza actuante, copia del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo de Koldo García Izaguirre, el asesor del exministro Ábalos, y cualquier otra cuenta oficial que hubiera dispuesto entre el día 1 de enero de 2020 y la actualidad.