El Informe Represión al movimiento feminista en el Estado español recoge la violencia a la que las mujeres se enfrentan de forma sistemática y a todos los niveles, a la hora de defender sus derechos.
La investigación engloba mayoritariamente incidentes, así como recursos, que se han sucedido y desarrollado en los últimos años, especialmente del año 2010 en adelante.
El estudio, liderado por el Fondo de Mujeres Calala, ha sido elaborado por Thais Bonilla y Serlinda Vigara, expertas en el ámbito del derecho a la protesta en el Instituto Internacional por la No Violencia (NOVACT).
Esta represión se manifiesta en todas las acciones que se llevan a cabo para silenciar, oprimir y criminalizar al movimiento feminista para dificultar su labor de defensa de los derechos de las mujeres. Por ello, es vital analizar esta represión y a quienes la ejercen basándose en un sistema normativo machista.
Al mismo tiempo, la investigación aborda, desde una perspectiva de género, las normativas represivas que el Estado español desarrolla para acallar la protesta social y cómo esto afecta a las acciones del propio movimiento de mujeres.
El estudio demuestra cómo se ha ido intensificando la represión de la protesta feminista a medida que el movimiento cobraba fuerza y se legitimaba socialmente. “Esta opresión ha ido intensificándose con las aplicaciones de la reforma del Código Penal del año 2015 y el uso indiscriminado y abusivo de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como “Ley Mordaza”), señalan las autoras del informe.
En este sentido, el informe expone cómo esta situación ha acabado sentando un clima de identificaciones aleatorias constantes, multas y apertura de largos procesos judiciales en manifestaciones y acciones del movimiento de mujeres en diferentes territorios.
La investigación señala, además, cómo la aparición de partidos de extrema derecha ha contribuido a aumentar y legitimar la criminalización y persecución de mujeres feministas.
En este sentido, la directora de Calala, María Palomares Arenas, es contundente al afirmar que “los grupos anti derechos y fundamentalistas religiosos han supuesto una represión constante en los últimos años, promoviendo la regresión en derechos ya conseguidos, e incluso denuncias judiciales contra mujeres y colectivos públicos. A esta situación se le añaden los ataques y el acoso en redes sociales, que en algunas ocasiones traspasan la pantalla para convertirse en violencia directa contra activistas feministas”.
El informe se ha realizado a través de entrevistas a colectivos, movimientos y organizaciones feministas en España, así como a abogadas que han representado casos de represión al movimiento feminista y/o a mujeres movilizadas por la defensa de derechos.
Asimismo, el informe supone una recopilación de información extraída de bibliografía especializada y de organizaciones expertas en la temática por su trabajo de acompañamiento y denuncia.
El estudio analiza, además, los incidentes registrados en el observatorio digital de monitoreo Red Malla en relación con la vulneración del derecho a la protesta en el Estado español, compuesto por el derecho a la reunión y manifestación pacífica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libre asociación.