Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba listo para cerrar su caso de fraude fiscal este lunes. Había acordado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado una sentencia de ocho meses de cárcel, evitando así el ingreso a prisión, y el pago de una suma considerable. Sin embargo, este pacto fue suspendido por la juezaMaría Inmaculada Iglesias tras aceptar la solicitud de investigar cuatro delitos adicionales presentada por el PSOE y Más Madrid.
El pacto judicial que no fue del novio de Ayuso
El acuerdo inicial de Amador con la Fiscalía y la Abogacía del Estado implicaba admitir dos delitos de fraude fiscal y dos de falsedad en documento mercantil. Este acuerdo incluía una condena de ocho meses de cárcel, una multa del 40% de la cuota defraudada, sumando un total de 491.824 euros, y varias inhabilitaciones especiales.
El pacto también incluía sanciones para otros dos cooperadores necesarios en la elaboración de facturas falsas: Maximiliano Eduardo Niederer y David Herrera Lobato. Niederer enfrentaba tres meses y 15 días de prisión y una multa de 122.832 euros, mientras que Herrera Lobato se enfrentaba a dos meses y 15 días de prisión y una multa de 29.392 euros.
Intervención del PSOE y Más Madrid
A última hora, la jueza aceptó una solicitud del PSOE y Más Madrid para investigar cuatro nuevos delitos: administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable. Estos partidos, personados como acusación popular, argumentan que la investigación debería extenderse debido a la complejidad del fraude y la posible existencia de otros responsables no investigados.
Los dos partidos de izquierda consideran que la Fiscalía debería haber denunciado a Amador por un tipo agravado de fraude fiscal, alegando la existencia de una organización y el uso de ingeniería contable para cometer los delitos. Además, sugieren que la cuantía defraudada podría ser mayor que los 350.951 euros inicialmente considerados.
Contexto del caso del novio de Ayuso
El caso contra Alberto González Amador se originó en febrero, cuando su abogado, Carlos Neira, expresó la intención de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, el pacto solo se formalizó en sede judicial. El acuerdo quedó en pausa debido a la nueva solicitud de investigación aceptada por la jueza.
El PSOE también ha solicitado investigar las relaciones de Amador con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, y una transacción de casi 500.000 euros, que podría implicar una retribución encubierta por favores prestados durante la pandemia de COVID-19.
Fuentes cercanas a Amador califican la intervención de los partidos de izquierda como una "jugarreta zafia" con intenciones políticas contra Díaz Ayuso. Carlos Neira, abogado de Amador, ha dicho que no valorarán el nuevo escrito hasta que la jueza lo remita oficialmente.
El caso de las mascarillas
El origen de la investigación se remonta a una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia, donde Amador ganó casi dos millones de euros como intermediario. Según el PSOE, estos fondos podrían haber sido usados para comprar el piso en el que vive con Díaz Ayuso. La compra de la empresa de estética Círculo de Belleza S.L., propiedad de la esposa de Camino, por 499.836,92 euros, también despierta sospechas sobre posibles pagos encubiertos.
El futuro de la investigación
La jueza María Inmaculada Iglesias deberá ahora estudiar el escrito del PSOE y Más Madrid y decidir si amplía la investigación. Esta decisión puede ser recurrida a la Audiencia Provincial. Si la investigación se amplía, el caso podría extenderse por un tiempo indeterminado. Si se rechaza la solicitud, el caso no se resolverá hasta al menos septiembre.
El intento de acuerdo de Alberto González Amador para evitar la cárcel y cerrar su caso de fraude fiscal ha sido frustrado por nuevas investigaciones. La decisión de la jueza de aceptar investigar más delitos pone en pausa el acuerdo inicial y abre la puerta a un escrutinio más amplio de las relaciones y transacciones financieras de Amador.