Nadie discute que las obras de la Línea 7B del Metro de Madrid fueron una gran chapuza. Nadie discute que el problema se originó en uno de los pozos de bombeo que fue proyectado como permeable cuando la solución hubiera sido haberla hecho de otro modo, sobre todo teniendo en cuenta las características especiales del terreno. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, por las prisas para que Esperanza Aguirre pudiera inaugurar la línea antes de la disolución de la Asamblea de Madrid provocaron que no se revisara adecuadamente el proyecto.
Las consecuencias las están sufriendo desde hace más de 15 años más de 600 familias que, en muchos casos, han visto cómo, en primer lugar, eran desalojadas de sus hogares y, en segundo término, cómo las viviendas tenían que ser derribadas.
A medida que se va teniendo acceso a documentación, la magnitud de la «chapuza» de la Línea 7B de Metro se acrecienta. Un informe pericial presentado ante los tribunales de Justicia señala cómo, una vez que se detectaron los primeros problemas en el año 2008, la Comunidad de Madrid eligió la solución menos eficiente y que, por ende, acrecentó la problemática.
«Lo más eficaz habría sido intentar impermeabilizar el pozo (o sustituirle por otro próximo más impermeable) en el plazo más breve posible tras detectarse los primeros problemas (aumentos de caudales a comienzo de 2008), así como intentar sellar las juntas entre dovelas. Con ello se intentaría lograr el objetivo mencionado por el CEDEX (que ‘el agua permanezca estática y saturada’). Sin embargo, la persistencia del bombeo durante un tiempo dilatado y el hecho de que las primeras actuaciones estuviesen enfocadas a inyectar el Karst (lo que es objetivo muy difícil de lograr) parece haber tenido como consecuencia general una gran afección en una amplia zona alrededor del pozo», afirma el informe.
Durante todos estos años los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro han denunciado en miles de ocasiones que la Comunidad de Madrid lo único que hizo fue poner parches que no han solucionado el problema.
La realidad está dando la razón a estas familias. Las inyecciones de mortero no han consolidado el terreno y las casas han continuado agrietándose, declaradas en ruina o derribadas. Se han gastado decenas de millones de euros de dinero público en parches que no han servido para nada, cuando con ese dinero se podría haber dado desde el primer momento una alternativa habitacional a las familias.