La Xunta de Galicia se enroca en el asunto de las mascarillas. Todas las fuerzas políticas de la oposición exigen una auditoría externa independiente para analizar cómo se hicieron las compras de material sanitario y mascarillas en lo peor de la pandemia. Sin embargo, el Gobierno autonómico de Alfonso Rueda se niega en rotundo alegando que esa investigación ya se hizo en un informe del Consello de Contas (una institución que depende orgánicamente del Parlamento de Galicia y que se encarga de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público gallego). El tribunal de cuentas de la región analizó el impacto que la pandemia de covid 19 tuvo sobre los contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Sin embargo, partidos como el BNG creen que hay datos e indicios que no se han investigado en profundidad y hasta sus últimas consecuencias para depurar hasta dónde llegó la responsabilidad de la Xunta entonces gobernada por Alberto Núñez Feijóo.
“Es en ese estudio [del Consello de Contas] en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se está amparando para rechazar, como ya ocurrió hace dos años, una auditoría externa sobre la contratación por la vía de emergencia en la crisis sanitaria. Considera que ya hubo una revisión y que no encontró problemas y que la petición del BNG de investigar es un intento de desviar la atención”, asegura el diario.es. “No vamos a entrar en ese juego desde la tranquilidad de haber hecho las cosas bien”, aseguró Rueda el pasado jueves, tras el Consello de la Xunta, al ser preguntado al respecto.
Sin embargo, ya hay medios de comunicación locales que cuestionan que ese informe de Contas haya dado carpetazo al asunto, zanjando que todo se hizo conforme a la legalidad vigente. Según Praza.gal, al contrario, en realidad este organismo fiscalizador sí puso varias objeciones y reparos a la actividad de la Xunta para adquirir suministros sanitarios en la pandemia, cuando Feijóo todavía estaba al frente del Ejecutivo y Rueda era su vicepresidente primero. “Se refieren sobre todo a que se sucedieron los contratos verbales que no se formalizaron posteriormente, a la falta de publicidad de las adjudicaciones y a que se mantuvieron estas prácticas cuando el mercado se había reajustado y era posible buscar, dentro de la contratación de emergencia, procedimientos más respetuosos con los principios que inspiran la contratación del sector público (cierta publicidad, concurrencia competitiva, elaboración de pliegos o fichas técnicas, etc.)”, asegura el diario.es.
En los servicios centrales, agrega el informe, se cumplen “casi todos los requisitos de una tramitación normal (excepto la publicidad)”, pero en los procedimientos sobre suministros de fungibles (es decir, material como mascarillas) “no consta documentación relativa a antecedentes previos (peticiones de ofertas, presupuestos, propuestas de suministradores, acreditación de solvencia, etc.), no se dicta ningún acto administrativo que soporte las adjudicaciones ni se formaliza ningún contrato posteriormente”.
Bajo el foco están los servicios centrales del Sergas (que se ocuparon de las compras de material de protección y algunos materiales de detección) y las áreas sanitarias de A Coruña, Santiago y Vigo. Las áreas sanitarias siguieron encargándose, incluso en lo peor de la pandemia, de gestionar las adquisiciones del material sanitario que no se incluyó en las compras de los servicios centrales y de la mayor parte de los productos de laboratorio para detectar el virus. El Consello de Contas expone que entre marzo de 2020 y mayo de 2021 “la práctica totalidad” de los contratos se tramitaron por vía de emergencia, justificada por la situación de crisis sanitaria. Los expedientes de los servicios centrales, dice el tribunal, tienen la preceptiva memoria, que es exhaustiva en el caso de la compra de equipos sanitarios. No obstante, “son menos exhaustivas las que se refieren a suministros de equipos de protección y material de detección, así como de determinados servicios. Estas se limitan a exponer unas necesidades genéricas”, añade eldiario.
En estas memorias, continúa el informe de Contas, no se expone el procedimiento a seguir, pero se entiende, por la mecánica posterior, que son “adquisiciones realizadas de manera directa y por contratación verbal”. “Es entendible la utilización de este procedimiento en los primeros momentos, dada las difíciles circunstancias en que se tenían que gestionar los procedimientos. Sin embargo, con la normalización de los mercados se echa en falta la utilización de procedimientos, incluso dentro de la vía de emergencia, más respetuosos con los principios que inspiran la contratación del sector público”, agrega. Hasta dónde la contratación verbal es conforme a derecho es algo que podría ser cuestionable ante un tribunal.
“En el caso de las tres áreas sanitarias analizadas, también hace críticas [el informe de Contas]. En la de A Coruña considera que las argumentaciones son genéricas y que, en algunos casos, “no queda suficientemente razonada su vinculación directa con la protección de las personas”. “En la de Santiago también afea la fundamentación genérica y en la de Vigo indica que hay supuestos aislados sobre productos que, como no están descritos con precisión, podrían no tener una relación directa con los supuestos enumerados en la normativa”, añade el diario.es.
El Consello de Contas asegura que la regulación de la tramitación de emergencia permite adjudicar los contratos sin necesidad de cumplir los requisitos que sí se exigen en los procedimientos ordinarios, pero “es necesario recordar que los principios de buena gestión inspiran, incluso a nivel constitucional, el funcionamiento de la administración y aconsejan, en la medida de lo posible, promover un mínimo de concurrencia y comprobación de la aptitud y capacidad del adjudicatario”. En este caso, todas las adjudicaciones fueron a empresas españolas y en ningún caso se autorizaron anticipos.