¿A quién beneficia el no de Junts a la ley de amnistía? En primer lugar, al búnker judicial, que en las últimas semanas ha puesto a trabajar toda su maquinaria para tratar de torpedear el texto legal que debe perdonar a más de mil quinientos catalanes imputados por diferentes actos llevados a cabo durante el procés. Sin duda, ayer fue un gran día para el juez García-Castellón, empeñado en retorcer el Código Penal para procesar por terrorismo a los encausados de Tsunami Democràtic (prestigiosos juristas ya han dicho que no ven ese delito por ninguna parte). Fue un gran día para el juez Llarena, que no ceja en su empeño de detener a Puigdemont y traerlo a España para sentarlo en el banquillo de los acusados. Fue un gran día para esas asociaciones judiciales conservadoras que se manifiestan a las puertas de los juzgados contra la ley de amnistía, incluso antes de conocer el contenido del texto legal. Sin duda, el no de Junts da la victoria a la caverna.
La imagen de los siete diputados de Puigdemont votando no junto a PP y Vox quedará para la historia. Esa instantánea ya ha provocado el rechazo de relevantes personajes del mundo soberanista catalán. Como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien ayer aseguró que espera reunirse con Junts después de que hayan votado en contra de la ley de amnistía en el Congreso: “Para mí, hoy gana Castellón porque hoy deberíamos haber salido con una ley aprobada”.
“Se ha perdido una oportunidad. No perdamos más tiempo”, reclamó en una entrevista en el 3/24 recogida por Europa Press, tras defender que la ley estaba preparada para salir adelante y que el principal reto será su implementación, dijo. Al preguntársele si sería amnistiada con el texto actual de la norma, recalcó que “esta ley no es la de Marta Rovira” y que si quedara fuera no será por su redactado, que califica de “robusto y exigente”.
“Si quedo fuera de ley porque estoy imputada por un delito de terrorismo, que no he cometido, no será por culpa de la ley o su robustez, que la tiene. Será porque hay una serie de jueces, fiscales y represores políticos que han decidido utilizar, desde hace el tiempo, el Código Penal y los tribunales para frenar un movimiento democrático”, sostuvo.
Según Rovira, no se puede hacer “nada” contra esa ofensiva judicial, porque, a su juicio, no puede haber una ley de amnistía integral que blinde al cien por cien, ni una ley de punto y final en el actual estadio de la resolución del conflicto político. Así, ha planteado la ley de amnistía como un punto de partida que considera que debe generar las condiciones necesarias para entrar en la agenda política de la resolución del conflicto: “Lo que me debería permitir es poder negociar con el PSOE cara a cara, sin usar la videoconferencia, sentándome en una mesa y gozando de los mismos derechos políticos que tienen ellos”.
Sin la amnistía, el exilio
Otros como Rovira ya han entendido que la decisión de Junts los pone en una situación judicial muy delicada. Es el caso del diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, investigado por la causa de Tsunami Democràtic, que ha decidido trasladarse a Suiza para preparar su defensa jurídica. Wagensberg, según ha avanzado RAC1 y han confirmado a EFE fuentes cercanas al diputado, se encuentra en territorio suizo para buscar asesoramiento en organizaciones y abogados, para hacer frente a las acusaciones por el caso que le afecta.
Poco después de que se conociera esta información, el propio Wagensberg ha explicado su situación en una entrevista en RAC1. Ha dicho que le da “pánico volver a Cataluña, viendo cómo se está poniendo la situación”. Wagensberg ha señalado que “no debería tener este pánico, porque una instrucción debe tener unas garantías”, pero ha asegurado que en su investigación no existen estas garantías. No obstante, el diputado ha aceptado que quiere regresar a Cataluña: “Yo lo que quiero es volver a mi país, yo quiero volver a Cataluña, yo quiero volver a hacer mi trabajo, yo quiero volver a estar junto a mi gente”. Otros como él empiezan a entender que lo mejor es huir y ponerse a salvo en otro país. Una gran diáspora o exilio de decenas de catalanes emerge en el horizonte. Son las consecuencias del irresponsable voto de ayer de Carles Puigdemont. Un hombre que, desde su refugio seguro en Waterloo, está tomando decisiones que afectan a la vida de otros que no tienen ni su dinero ni su poder para hacer frente a los juicios que vienen.