Prosigue la lenta pero imparable liquidación del Estado de bienestar llevada a cabo por las derechas, que es tanto como hablar de la demolición de todas las conquistas sociales realizadas por la izquierda en el último siglo. Ya han suprimido fondos contra la violencia de género, borrado murales feministas, cerrado carriles bici y censuradas obras de arte. Y en esa batalla cultural, en la que no solo anda enfrascado Vox, sino también el PP (el partido de Feijóo está metido hasta las cachas en el siniestro proyecto de involución), ahora le ha tocado el turno a los sindicatos.
Ayer se supo que los populares han tenido que ceder ante Vox en Baleares para poder sacar adelante los Presupuestos. El acuerdo entre ambos partidos contempla la adjudicación de veinte millones de euros para la libre elección de la lengua en la escuela pública, la eliminación del impuesto del patrimonio para todos aquellos contribuyentes que posean un capital de menos de tres millones de euros, una partida de cinco millones para la lucha contra la eutanasia y la retirada del cien por cien de las ayudas a sindicatos y patronales. En esa panoplia de medidas reaccionarias llama poderosamente la atención que se destinen fondos a evitar que las personas desahuciadas por padecer alguna enfermedad puedan elegir una muerte digna, que ya hay que ser sádico y cruel. Así de esotéricas son las imposiciones de la extrema derecha española, que en algún que otro ayuntamiento donde gobierna en coalición con el PP ha llegado a exigir cosas como que se destinen partidas del erario público a garantizar la unidad de España. Dinero para prestaciones y ayudas sociales no tienen (están en contra de lo que consideran la paguita para vagos y maleantes de los chiringuitos socialcomunistas), pero para pijadas patrioteras lo que haga falta.
Volviendo a las Baleares, que es el tema que nos ocupa, espeluzna la facilidad con la que esta gente pretende acabar con los sindicatos a fuerza de asfixiarlos económicamente. PP y Vox aducen que no hay ninguna motivación ideológica oculta tras una medida que, según ellos, se ha aplicado únicamente por criterios de contabilidad presupuestaria. Y además se escudan en que el recorte va a afectar también a la patronal, que al igual que las organizaciones sindicales se queda sin ayudas oficiales. Esto es un brindis al sol, ya que todo el mundo sabe que los empresarios tienen parné por castigo y no necesitan las migajas del Estado para formar un lobby o club privado que defienda sus intereses. Aquí los que salen realmente malparados son los trabajadores, que a corto plazo verán cómo se merman sus derechos laborales. Comisiones Obreras y UGT ya han calificado el tijeretazo como un intento de “criminalización” de los agentes sociales y lamentan que el PP haya cedido al chantaje de Vox.
Es evidente que Feijóo, al consentir este atropello a la clase obrera, está siendo cómplice del intento de Abascal por acabar con el movimiento sindical, tal como ocurrió durante la dictadura franquista. Y no se trata tanto del valor económico de la subvención suprimida, que también (cuanto menos dinero para el sindicato menos poder de influencia), sino de la fuerte carga simbólica de la medida, un mensaje directo con la intención de amedrentar a lo poco que queda ya de socialismo/comunismo. Lo que le está diciendo el líder voxista a Unai Sordo y Pepe Álvarez es que en este país no hay lugar para ellos, ya que él tiene sus propios planes. Planes como Solidaridad, el sindicato constituido por Vox en 2020. Este engendro con apariencia sindical se presentó como un ente “apartidista y apolítico”, una definición que provoca ataques de risa. Nadie en España es tan ingenuo como para tragarse la trola de que un partido de clara inspiración fascista como Vox no está deseando tener bajo control a la masa obrera. Solidaridad es una reedición de aquel viejo Sindicato Vertical con el que el Régimen mantuvo a raya la revolución y la lucha de los trabajadores por sus derechos laborales. Obreros de la Unión Naval de Levante escribieron, ya en democracia, sobre lo que vivieron: “El Sindicato Vertical no valía para nada, tenías que ser tú mismo (…) era mentira todo (…) ni vertical, ni horizontal, nada”. O sea, una gran patraña. Solo cuando el PCE logró infiltrarse en esa macroestructura franquista, a finales de los 60 y gracias a un hombre inteligente como el gran Marcelino Camacho, empezó a tambalearse todo el tinglado de la dictadura.
Ahogar económicamente a UGT y Comisiones no es ni más ni menos que el primer paso para instaurar el sindicato único, de modo que todos, obreros y empresarios agrupados, vuelvan a ser sumisos “productores” al servicio del Estado. Tras el final de la Guerra Civil (y hasta la muerte de Franco, cuando Adolfo Suárez disolvió el Sindicato Vertical), UGT y CNT fueron declaradas proscritas y enviadas a la clandestinidad. El dictador pudo consumar así uno de los grandes objetivos del Estado totalitario: un país de esclavos subyugados por la ley del miedo que lo daban todo por la patria sin exigir nada a cambio. Sin sindicatos ya no había disidencia y el paternalismo del cacique volvía a imponer su ley como en la época feudal. Abascal, como buen nostálgico que es, también tiene ese sueño húmedo del nacionalsindicalismo.
No se trata por tanto de una cuestión de equilibrar los presupuestos de una comunidad autónoma como Baleares. Aquí se está jugando un modelo de Estado: o social y democrático de derecho o autoritario. Muertos y enterrados los sindicatos de clase, no habrá negociación colectiva, la huelga será una quimera, los salarios serán cada vez más bajos (según se fije en la circular del ministro del ramo de turno, franquista por supuesto) y la mayor aspiración laboral del trabajador será que el patrón le envíe a casa una cesta por Navidad y una participación de la Lotería Nacional que nunca toca. Tal cual como en el cuarentañismo.
A menudo criticamos, y con razón, la mansedumbre y docilidad de nuestros sindicatos, pero lo cierto es que si no existieran habría que inventarlos. Siguen siendo la única y última barrera que separa la vida medianamente digna de un obrero de la ley de la jungla, que es donde quiere llegar finalmente Abascal. Dice la indocumentada Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, que el dinero de los españoles y sus impuestos “debe ir a lo verdaderamente importante”. Los sindicatos no les parece algo primordial precisamente porque el patrón siempre sintió pavor ante una clase obrera concienciada, formada y organizada. Volvemos al Fuero del Trabajo y al modelo fascista italiano. Que alguien pare ya esta maldita distopía.