Medios europeos dan por hecho que entre los inversores rusos en el mercado inmobiliario español se encuentra Vladímir Putin, a quien a día de hoy fuentes del sector le atribuyen varias propiedades en nuestro país, según una información de Efe publicada por La Opinión de Málaga en marzo de 2022. “Entre ellas, se publicó que era propietario de una mansión en una colina privada marbellí, aunque hay dudas sobre el verdadero dueño”.El rotativo andaluz aseguraba ya entonces que los expertos aún no se atreven a aventurar qué pasará con el ritmo inversor de los ciudadanos rusos en los próximos meses, dada la incertidumbre que genera la evolución de la guerra iniciada contra Ucrania y las consiguientes sanciones económicas contra Rusia, “aunque coinciden en prever una contracción de sus inversiones inmobiliarias en España”. Y por aquellas mismas fechas, el diario Vozpopuli publicaba que, “desde hace años, Putin pasa varias temporadas en la costa alicantina, en la exclusiva y elitista urbanización de Altea Hills, donde las casas y mansiones son espectaculares, con piscina privada y vistas privilegiadas, y tienen un precio que llega a alcanzar los 7.500.000 euros. La mayoría de los propietarios de estos inmuebles son millonarios rusos”.
Pero hay más. Según La Sexta dos apartamentos en Marbella por valor de 2,2 millones de eurosy una mansión en Biarritz (Francia) que cuesta otros cinco millones son solo algunas de las lujosas propiedades que posee Lyudmila Ocheretnaya (antes Lyudmila Putina), exmujer del líder del Kremlin.
“La invasión rusa en Ucrania ha conllevado sanciones a importantes oligarcas como medida de presión. Ahora, hemos sabido que la exmujer de Putin teme ser incluida en esa lista negra y que sus propiedades acaben siendo embargadas, por lo que ha decidido deshacerse de ellas”, añade La Sexta.
En mayo de 2022, el Gobierno movió ficha al poner cerco a las propiedades de diputados del partido de Putin en España. De hecho, el Ejecutivo bloqueó bienes de dos miembros de Rusia Unida; el último, un yate que ya estuvo bajo sospecha en una investigación sobre la mafia.
Investigación parlamentaria
Hace un año, el líder de Más País, Íñigo Errejón, pedía que el Gobierno español embargara “todas las cuentas, activos y yates de millonarios rusos”. Además, el grupo político pidió información sobre las actividades de rusos, ucranianos y chinos en el mercado inmobiliario español. La respuesta nos deja datos interesantes. España ha concedido en los últimos diez años cerca de 5.000 Golden Visa –un visado que permite a inversores extranjeros residir en el país de seis meses a dos años–, entre ellos un millar de rusos, la mitad ciudadanos chinos y más de cien ucranianos.
Así consta en una respuesta escrita del Gobierno al portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, que defiende la eliminación de este permiso de residencia con el fin de evitar la especulación y la escalada de precios de la vivienda, ya que muchos de estos inversores operan en el sector inmobiliario, informe Efe.
El Gobierno explica que, desde 2013 hasta noviembre de 2022, se han expedido 4.940 visados de inversores y que esa cifra incluye visados para inversores en capital, para inversores en inmuebles y para inversores en proyectos empresariales. Señala además que los inversores son de procedenciasmuy diversas (de noventa nacionalidades diferentes), pero que principalmente son nacionales de China (2.263 personas), de Rusia (969 personas) y de Ucrania (136 personas).
Las Golden Visa se conceden a los inversores extranjeros que cumplan determinados requisitos, entre ellos que acrediten la adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión igual o superior a 500.000 euros. En su repuesta al diputado, el Ejecutivo apunta también que actualmente no se puede hacer una previsión exacta de la fecha de puesta en marcha del Registro Central de Titularidades Reales, dadas las incertidumbres normativas que ha supuesto la sentencia de 22 de noviembre de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien se espera que el Registro se pueda poner en marcha a lo largo de 2023.
No obstante, asegura que el acceso a la información sobre la titularidad real de personas jurídicas españolas por autoridades y sujetos obligados por la legislación a colaborar en la prevención del blanqueo de capitaleso la financiación del terrorismo está garantizado mediante la posibilidad de articular la consulta al Registro de Titularidades Reales(desarrollado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles de España) y la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado.