El presidente del Partido Popular tiene intención de presentar una batería de propuestas de cara al nuevo curso político. Teniendo en cuenta las malas previsiones económicas anunciadas por entidades supranacionales y por algunos analistas de corte neoliberal, Pablo Casado se centrará en la economía con medidas que acercarían a España a la categoría de paraíso fiscal.
Mientras la ciudadanía víctima de la crisis provocada por el coronavirus necesita del amparo del Estado debido a la paralización de la actividad empresarial, Casado basa sus propuestas en la reducción de impuestos (lo que favorecería a las grandes fortunas y a las multinacionales), ampliar los mecanismos de liquidez de las empresas y los autónomos, cosa que no sería posible si el Estado no dispone del dinero que se recauda a través de los impuestos que el líder del PP pretende bajar.
Sin embargo, el proyecto estrella para el líder de la derecha es la creación de un plan de competitividad para atraer inversiones internacionales basado en un dumping fiscal similar al que tienen aplicado paraísos fiscales encubiertos como Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos, estados que han hecho de este sistema la bandera de su desarrollo.
Sin embargo, ¿hacer de España un paraíso fiscal atraerá empresas que generen empleo? Esto es lo que defienden las derechas, los ultras, las grandes fortunas y las multinacionales. Sin embargo, la realidad es que lo único que se ganará será la domiciliación de sociedades para, por defecto, facturar desde aquí, como hacen las multinacionales tecnológicas en Irlanda y Holanda, pero no implantar sus fuerzas productivas en el país, lo cual, evidentemente, no generará empleo ni riqueza para las clases medias y trabajadoras.
Países Bajos, el ejemplo de las graves consecuencias sociales de la aplicación de las medidas fiscales de Casado
¿Cuál sería la consecuencia de la aplicación de un sistema similar al de Países Bajos? Este escenario es muy peligroso puesto que pone a tiro de compra o de concesión la «joya de la corona» de España: su sanidad. Sea el sistema que sea, nuestro país se vería obligado a convertir la salud en un verdadero negocio y, en consecuencia, poner los intereses o las cuentas de explotación por delante del cuidado de la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Casualmente, este es el estado en que se encuentra la sanidad neerlandesa, un país donde el cuidado de la salud es un verdadero negocio para las aseguradoras. Al igual que ocurre con otros países fanáticos del neoliberalismo y de las privatizaciones, la sanidad neerlandesa prima la reducción de costes a salvaguardar la salud de su ciudadanía. Los médicos, por ejemplo, priman ahorrar dinero a los seguros privados negando en la gran mayoría de las ocasiones la derivación a un especialista o la realización de pruebas diagnósticas. Esto está provocando que muchos ciudadanos y ciudadanas neerlandesas eviten ir al médico porque, en muchos casos, se les cobra por pruebas o medicinas que en España, por ejemplo, están cubiertas por el Estado.
El mercado de la salud en los Países Bajos está copado por 4 grandes aseguradoras que, además, realizan pólizas de un año de vigencia. Esto significa que si una persona le ha generado mucho coste durante la vigencia del seguro, la empresa tiene la capacidad de decidir si aceptan o no a un paciente. Además, estos seguros no cubren determinadas especialidades como, por ejemplo, la ginecología porque no está considerada como un servicio de atención médica.
Además, son muchos los ciudadanos neerlandeses que ven que es más barato acudir al turismo sanitario que ser atendido en su propio país. Las cifras en España son impresionantes, puesto cada año visitan hospitales españoles más de 20.000 holandeses para realizarse intervenciones que en su país tendrían que esperar a que la aseguradora las aceptara. Si Pedro Sánchez cortara este grifo, Rutte tendría graves problemas sociales en su país.