El mercado del alquiler de viviendas en España es un mercado muy atomizado, en el que hay varios millones de propietarios particulares que obtienen rentas de alquiler de viviendas y otros activos inmobiliarios, según informes de sindicato Comisiones Obreras. Según datos de la SAREB, la mayoría de los caseros son de clase social media alta o alta, es dueño de dos o más viviendas: el 34% es propietario de 1 vivienda, el 42% tiene 2 viviendas, el 16% tiene 3 viviendas y el 8% tiene 4 o más viviendas.
En la última década, e impulsado por cambios legislativos y fiscales, se han impulsado otras fórmulas de inversión en activos inmobiliarios, donde destacan las SOCIMI, que están ganando peso en el mercado del alquiler, debido a sus ventajas fiscales y su elevado volumen de recursos financieros respaldados por grandes fondos e inversores internacionales.
Estos grandes fondos inmobiliarios y SOCIMI han ido adquiriendo los activos inmobiliarios, entre ellos una amplia cartera de viviendas en manos de entidades financieras que debían sanear sus balances, y vendían estas viviendas rebajadas a inversores institucionales con el objetivo último de mantener el alto precio de las viviendas.
Grandes fondos inmobiliarios encarecen el alquiler de viviendas
Según un reciente estudio de una consultora inmobiliaria, los grandes fondos y SOCIMI concentran 115.000 viviendas de alquiler en España, de las que la mayor parte la concentran solo tres propietarios (Blackstone, Caixabank, Sareb). La mayoría de las viviendas de estos grandes tenedores se concentra en las principales áreas urbanas, por lo que en estas zonas su peso es mayor, y por tanto también su poder de mercado.
En los últimos años diversos estudios y análisis atribuyen un peso limitado del mercado residencial de alquiler a estos muy grandes tenedores, en torno al 3%-4% del parque de viviendas en alquiler. Es imprescindible mejorar la estadística pública sobre la propiedad del parque de vivienda en España, conocer la estructura de la oferta de vivienda en alquiler y saber el peso e influencia que tienen los grandes propietarios de vivienda sobre el parque residencial, para poder impulsar las políticas públicas adecuadas.
Recordemos que frente a estos grandes fondos e inversores inmobiliarios que controlan decenas de miles de viviendas, hasta ahora la principal apuesta del Gobierno central en materia de alquiler social se limita a impulsar el Plan 20.000, con el objetivo para los próximos años de promover 20.000 viviendas de alquiler asequible en colaboración con otras administraciones públicas. Es evidente que si se quiere abaratar el acceso a la vivienda y garantizar el derecho a un hogar digno, hace falta una mayor actuación pública, de una dimensión muy superior a la que se ha venido realizando hasta ahora.