Las cuentas públicas presentadas por el Ministerio de Hacienda han logrado el respaldo de once formaciones políticas (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC).
El Gobierno, con ello, da un paso más para conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma, tal como hiciera también el ejercicio pasado. El objetivo es que las cuentas públicas para 2022 entren en vigor el próximo 1 de enero, al igual que las de 2021 comenzaron a ser operativas el primer día de este año. No se aprobaban dos PGE de dos años seguidos para su entrada en vigor coincidiendo con el comienzo del ejercicio desde mediados de la década pasada.
El apoyo con que han contado las cuentas públicas en el Congreso de los Diputados muestra la voluntad de diálogo del Gobierno, algo que también fue patente el pasado 4 de noviembre, cuando se votaron en la Cámara las enmiendas a la totalidad presentadas, que cosecharon un muy mayoritario rechazo de 188 votos.
La aprobación de las cuentas en el Congreso de los Diputados tiene lugar un día después de que la Comisión Europea haya dado su aval al Plan Presupuestario del Gobierno, destacando su carácter prudente y el impulso que prestarán los fondos europeos a la inversión y al crecimiento.
Recuperación justa
Los Presupuestos de 2022 tienen el objetivo de convertirse en el instrumento que hará posible una recuperación económica justa tras la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19.
Para conseguirlo, las cuentas públicas contemplan la mayor inversión social de la historia, con 240.375 millones de euros, lo que significa que casi el 60% del Presupuesto nacional se destina al gasto en el cuidado de las personas.
Destacan los recursos para pensiones, que se incrementan para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados, además de para la juventud, con una partida propia por 12.550 millones de euros. El presupuesto para dependencia, educación, sanidad y cultura marcan, por su parte, niveles inéditos. También son relevantes las cifras destinadas a políticas para mejorar el acceso a la vivienda o para la protección de los más vulnerables, como el Ingreso Mínimo Vital, el Bono Social Térmico o las prestaciones públicas que se derivan del incremento del IPREM.
Además, son los Presupuestos más inversores de la historia. Así, para acelerar la transformación económica del país, las cuentas contemplan una inversión de cerca de 13.300 millones de euros en I+D+i, casi un 90% más que en 2020; de más de 11.300 millones para industria y energía; y más de 11.800 millones en infraestructuras y ecosistemas resilientes.
Las cuentas públicas son imprescindibles para canalizar la inyección que suponen los fondos europeos, de los que a España corresponden 27.633 millones de euros el próximo año y que en gran medida se destinarán a inversión para la transición energética, la digitalización o la movilidad sostenible.
Los sectores tradicionales, las pymes y los autónomos también cuentan con medidas concretas de inversión y de apoyo en el proyecto de PGE.
Los Presupuestos para 2022 mantienen su compromiso con la cohesión territorial, de manera que a las políticas para afrontar el reto demográfico y apoyar a la España vaciada irá destinada una asignación de más de 4.200 millones de euros. Además, como financiación extraordinaria, al margen del sistema ordinario, las Comunidades Autónomas ingresarán 7.000 millones de euros. Esta cifra, sumada a las entregas a cuenta y a los fondos europeos que les corresponden, supondrá unos recursos totales por valor de más de 126.500 millones de euros para las CC AA.
Las Entidades Locales, por su parte, recibirán 23.350 millones, un 17% más que en 2021, incorporando los 1.228 millones en que se cifra la partida extraordinaria y los 2.050 millones que les pertenecen de los fondos europeos.
Estos esfuerzos presupuestarios para impulsar la inversión productiva y para reforzar el Estado del Bienestar serán compatibles con la reducción del déficit desde el casi 11% que alcanzó en 2020 por las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia hasta situarse en el 5% a finales de 2022.