Los trabajadores ferroviarios de Cataluña irán a la huelga, si hace falta, para hacer frente al pacto entre PSOE y ERC con el que se produce el traspaso de Rodalies a la Generalitat catalana. Tanto el Sindicato Ferroviario (SF) como el de maquinistas (Semaf) han mostrado su rechazo a la medida y ya preparan protestas.
SF ha avisado de que tiene lista “una hoja de ruta de movilizaciones de todo tipo”, incluidas posibles huelgas, que trasladará a partir del martes al resto de sindicatos, mientras que el secretario general de Semaf, Diego Martín, ha anunciado manifestaciones y “conflicto inminente”.
En un comunicado, SF señala que el acuerdo entre PSOE y ERC “supone utilizar como moneda de cambio a las trabajadoras y trabajadores de Adif y Renfe en el proceso de negociación de la investidura de gobierno, pero también significa una agresión contra las plantillas de ambas empresas y a las condiciones laborales, sociales y salariales”.
En este sentido, el sindicato pide “actuar de manera contundente” y trasladará al resto de sindicatos a partir del martes, cuando tendrá lugar una reunión extraordinaria del Comité General de Empresa de Renfe, la “hoja de ruta de movilizaciones de todo tipo” que ya ha diseñado.
Martín, por su parte, aseguró que la huelga “es el último recurso”, aunque recordó que ya se han realizado paros en el pasado por otros conflictos laborales y ha subrayado que su postura es compartida por el resto de actores presentes en el comité de empresa.
El secretario general de Semaf señaló que los trabajadores quieren mantenerse en Renfe por las condiciones laborales con las que cuentan en la actualidad y ha dicho que, si se segregan las operaciones de Renfe, se verán afectados estos derechos.
Además, Martín criticó que no se haya explicado el pacto a los empleados y afeó que se hayan incumplido los acuerdos de que “cualquier avance en la materia iba a ser con participación de los trabajadores”. “No sabemos el acuerdo. No tenemos ni idea de la afectación. En el momento en el que se informe, veremos la afectación a los trabajadores”, agregó.
Entre los trabajadores hay inquietud. De hecho, los sindicatos ya han mostrado su preocupación por el futuro de los actuales empleados de Renfe y Adif, además de alertar del riesgo de privatización del servicio, un extremo negado por el Govern, que pone la gestión pública de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) como ejemplo. En esa línea, Esquerra Republicana es la que se mantiene más firme a la hora de que el servicio de Cercanías de Cataluña siga en manos públicas. Sin embargo, Junts, como partido liberal que es y heredero de la antigua Convergencia, no vería con malos ojos una fórmula mixta de financiación y gestión en la que entraría el capital privado.
El traspaso a la Generalitat íntegro e integral supondría no solo la cesión de los trenes sino las demás infraestructuras como las vías, los túneles, las catenarias, las estaciones, las cocheras, los talleres y todo aquello que posibilite el servicio. “Aquí es donde se abre todo un abanico de posibilidades que todavía está por decidir”, asegura el Nacional.cat. En cualquier caso, una cosa es el pacto firmado por PSOE y Esquerra y otra muy diferente cuándo los catalanes terminarán notando ese cambio en su día a día. La transición llevará su tiempo y no será inmediata. No se trata solo de un cambio de nombre. El plan es de una complejidad tal que podría llevar meses o incluso años.
De momento, el primer paso para esa transferencia es la creación de una empresa, Rodalies de Catalunya, que tendrá un consejo paritario entre el Gobierno y la Generalitat. Será esta última la que nombre al presidente que tendrá el voto de calidad en caso de empate en las decisiones. En la práctica, esto supone trasladar a todos los trabajadores de Renfe en Cataluña a la nueva sociedad. Algo a lo que los sindicatos, sobre todo de maquinistas, se oponen de forma frontal.